El Poder Judicial emitió un fallo favorable al pedido de la Fiscalía de la Nación para retirar la confidencialidad bancaria de la congresista Rosío Torres y de Juan Daniel Pérez Guerra, su sobrino. La medida se adoptó en el marco de una investigación por el presunto delito de concusión, en la que se presume que Torres exigió a sus empleados contribuciones de sus salarios, utilizando a su familiar como presunto intermediario.
La parlamentaria de APP habría sido la beneficiaria final de las transacciones financieras realizadas entre julio de 2021 hasta abril de 2023. El juez Juan Carlos Checkley, del Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, dictaminó el levantamiento del secreto bancario, en el que solicita el escrutinio de cuentas activas, cerradas o en proceso de liquidación. Así como también registro completo de movimientos, préstamos, hipotecas, entre otros aspectos financieros tanto de Torres como de Pérez Guerra.
Según la información proporcionada por la fiscalía, estos hechos se contextualizan dentro del período en que Rosío Torres se desempeñaba como presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso. Se le imputa haber abusado de su autoridad para favorecerse económicamente a través de presiones ejercidas por Pérez Guerra sobre el personal de su oficina congresal.
Los fondos obtenidos de este modo supuestamente terminaban en cuentas controladas por Pérez Guerra, resaltando una posible estructura de malversación y abuso de poder dentro de las operaciones del Congreso.
“Se acusa a Rosio Torres Salinas de haber abusado de su posición como congresista de la República y presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República durante el periodo 2021-2022. Se le imputa haber inducido, a través de su sobrino Juan Daniel Pérez Guerra, a los trabajadores de su despacho congresal y de la mencionada subcomisión, a entregar sumas de dinero de sus remuneraciones en beneficio de la congresista. Estos fondos aparentemente fueron depositados en las cuentas bancarias de Juan Daniel Pérez Guerra”, se lee en el documento del Poder Judicial.
Hechos imputados sobre el recorte de sueldos a siete trabajadores
La acusación fiscal plantea que las transferencias económicas se habrían realizado a las cuentas de Juan Daniel Pérez Guerra, supuestamente relacionadas con colaboradores del despacho de la congresista de APP.
Los movimientos bancarios, llevados a cabo entre diciembre de 2021 y enero de 2023, involucran a diversos asesores y auxiliares del equipo de la legisladora, con montos que varían desde los 1.000 hasta los 10.000 soles.
Las investigaciones indican que tanto Nathali Flor Rubio Yllatopa, exauxiliar de Torres Salinas, como Cecilia Del Pilar Salazar Mattos, Abigail García Diaz y otros, han efectuado depósitos y transferencias hacia cuentas asociadas a Pérez Guerra durante el período señalado.
Estas acciones, que incluyen tanto entrega de efectivo como movimientos bancarios, sugieren una red de contribuciones financieras que vincula directamente a empleados del despacho con el mencionado individuo.
En algunos casos, como el de Jesús Humberto Sierra Tapia, asesor principal, y Romer Antonio Vela Flores, excoordinador técnico, los aportes alcanzaron y superaron los 4.000 soles. La relación entre estas transacciones y las funciones desempeñadas por los colaboradores dentro del equipo de la congresista abre interrogantes sobre la naturaleza y propósito de las mismas.
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