La contadora Yaziré Pinedo (26), allegada del expremier Alberto Otárola, registró sus dos primeros contratos con el Estado en junio y agosto del 2018, poco tiempo después de haber empezado sus clases universitarias, según un informe difundido este miércoles por El Comercio.
Sin expertise en el sector público, la joven fue contratada por S/ 8.000 para laborar como asistente administrativa en el Organismo de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri), una entidad dirigida entonces por César Figueredo, actual secretario general de Perú Primero, el partido del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020).
Nacida en Tarapoto (San Martín), Pinedo ha dicho en Canal N que su vínculo con Figueredo data del 2015, es decir, desde que cumplió la mayoría de edad. Seis años después, en junio del 2021, se graduó como bachiller en esa casa de estudios y al año siguiente obtuvo su título de contadora pública en la misma institución, según el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).
Aunque ha declarado un máster en Gestión Pública, el grado académico no figura en el portal de la Sunedu. Al poco tiempo de titularse, Pinedo consiguió, en agosto del 2022, una orden de servicios por S/ 24.000 en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Fue durante la administración del expresidente Pedro Castillo (2021-2022), recluido por cargos de corrupción y rebelión.
La ARCC, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), estaba dirigida entonces por Robert López, detenido en agosto pasado por el caso ‘Los Operadores de la Reconstrucción’, una investigación por los presuntos delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios (colusión agravada).
Según El Comercio, después de lograr el contrato en esa entidad, la contadora presentó una declaración jurada para comprometerse a enviar su constancia de trabajo de Cofopri, un documento que acreditaría sus “años” de “experiencia” en dicho organismo. No se precisa si finalmente lo remitió.
En diciembre del 2022, cuando Otárola fue designado por la presidenta Dina Boluarte como ministro de Defensa, Pinedo lo visitó en su despacho, pero aquella cita no quedó registrada oficialmente. Días después, obtuvo dos órdenes de servicio por 18.000 y 35.000 soles en dicho portafolio para archivar, ordenar y clasificar expedientes, así como para elaborar oficios y cartas para la fiscalización posterior de las contrataciones.
La Contraloría, sin embargo, advirtió que ese empleo estatal acarreó irregularidades, pues las “dos adjudicaciones sin procedimiento” fueron contempladas, de acuerdo con un informe, para “actividades que no corresponden o son incompatibles” a la modalidad de contratación de locación por servicios.
A inicios de 2023, cuando Otárola ya presidía el Gabinete, Pinedo recibió un correo de la PCM para que envíe una cotización por el servicio de atención administrativa en la Oficina de Abastecimiento, un requerimiento que, bajo la mirada de especialistas, solo se envía a profesionales de alto perfil. Ella no respondió el mail.
De 2018 al 2023, la contadora se embolsó un total de S/ 85.000 del erario nacional. Para Eduardo Herrera, director de la asociación civil anticorrupción Kuskachay, no se trata de un caso aislado, pero pone en vitrina la debilidad de los filtros en los procesos de contratación pública.
“El asunto es que la influencia política irregular hace que el funcionario público haga un bypass los filtros porque es parte de designaciones de confianza. Necesitamos criterio. No puedo dar el pase verde a una universidad no licenciada, por ejemplo. La impunidad no puede existir. Este caso se inicia hoy y probablemente se resuelva en cinco años”, dijo a Panamericana.
“En este caso confluyen tres características: una deficiente educación universitaria, la percepción equivocada de que el Estado es una agencia de empleos, el mal uso del poder y, en general, la degradación de la política en el país”, siguió. Una conversación filtrada esta semana a la prensa ―en la que Pinedo participa con el expremier, con quien tuvo una relación efímera en 2021, según su testimonio― produjo un remezón político y la dimisión del que fue el número dos de Boluarte.
La joven ha señalado que el destape fue parte de un “complot” contra Otárola, en el que participaron Figueredo, Vizcarra y el hermano de la mandataria —Nicanor Boluarte—, quien, de acuerdo con su versión, la buscó para ofrecerle dinero como parte de la conspiración y conseguir el cese del expremier para poner en su puesto a una persona más próxima.
La Fiscalía, que investiga el caso, sindica al exportavoz del Ejecutivo “como presunto instigador del delito contra la administración pública (negociación incompatible)”, pese a que él insiste en que no cometió algún acto ilegal.
Piden rectificarse
El audio difundido de Pinedo la ha enfrentado, además, a una advertencia del exministro de Defensa, Jorge Chávez, a quien acusó que haberla recomendado para ingresar a laborar en esa cartera. El extitular ha adelantado que iniciará un proceso legal por difamación si la contadora no se rectifica por completo.
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