Dejar a la JNJ sin quórum beneficia a Patricia Benavides y a su hermana Enma

Hoy el Congreso vota el informe final que propone destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso de la edad de la doctora Inés Tello (78 años). De acuerdo con el razonamiento del Parlamento, Tello no podía continuar en el cargo debido al rango etario establecido en la Constitución (45 a 75 años).

En respuesta, los consejeros invocaron el artículo 155 de la carta magna, que fija un mandato de 5 años, y el informe de Servir que concluye que el rango etario solo aplica al momento de postular.

Sin embargo, estos argumentos, así como otros más, no fueron tomados en cuenta ni mucho menos rebatidos en el informe final que elaboró el congresista Esdras Medina.

Lo cierto es que este criterio sobre la aplicación de la edad dejaría sin quórum a la JNJ en caso se concrete la destitución arbitraria de todos los miembros. Esto ha sido advertido en reiteradas ocasiones por el presidente y el vicepresidente de la entidad, Humberto de la Haza y Aldo Vásquez, respectivamente.

Ocurre que 3 miembros suplentes superan los 75 años, por lo que estarían impedidos de asumir. Solo podrían ingresar 4 suplentes al Pleno de la Junta, quedando la institución sin quorum e impidiendo que desarrolle sus funciones constitucionales. Esto beneficia directamente a Patricia Benavides y Enma Benavides.

Patricia Benavides fue suspendida preventivamente del cargo el 6 de diciembre de 2023, por presuntamente liderar una organización criminal enquistada en el Ministerio Público. El plazo de la suspensión es de 6 meses. Es decir, vence el 6 de junio de 2024.

El Reglamento de Procedimientos de la JNJ permite que la suspensión pueda prorrogarse excepcionalmente por otros 6 meses. No obstante, para ello se requiere un quórum de 6 miembros (5 miembros votan y uno es ponente). Ocurre lo mismo para imponer una sanción disciplinaria.

Con una suspensión vencida, Patricia Benavides podría regresar a la Fiscalía en junio de este año. Además, en setiembre el proceso disciplinario inmediato caducaría sin un pronunciamiento de fondo. Ello debido a que el plazo para resolver un proceso disciplinario es de 9 meses.

Respecto a la jueza Enma Benavides, investigada por presuntamente liberar narcotraficantes a cambio de sobornos, debe precisarse que ha sido convocada a ratificación.

La ratificación es un proceso, a cargo de la JNJ, al que es sometido el magistrado (juez o fiscal) cada 7 años. Este proceso determina si un magistrado permanece por otros 7 años en el cargo o, caso contrario, es cesado.

La JNJ tiene previsto culminar el proceso de ratificación de Enma Benavides, así como de 80 jueces más y 300 fiscales, en junio de este año. Sin embargo, en estos casos, se necesita un quórum mínimo de 5 integrantes. Este proceso quedaría paralizado hasta 2025, cuando juren los nuevos integrantes del organismo constitucionalmente autónomo.

Patricia Benavides actualmente está suspendida del cargo de fiscal suprema. Formuló una reconsideración contra dicha medida; sin embargo, esta aún no es resuelta. Pasa que José Ávila era el ponente del recurso, pero renunció tras ser mencionado por Jaime Villanueva. La ponencia pasó a otro miembro de la Junta.

En relación a Enma Benavides, la jueza superior viene siendo procesada por presuntamente recibir sobornos a cambio de conceder la libertad a investigados por narcotráfico. En diciembre pasado, el Poder Judicial rechazó un pedido de sobreseimiento planteado por el cuestionado fiscal Uriel Terán y ordenó una investigación complementaria.