Retorno de la bicameralidad, 32 años después: El Congreso desafió el veredicto del referéndum del 2018

Tras 32 años de ausencia, el Congreso peruano tomó la decisión de aprobar la reinstauración del sistema bicameral en el país. Esta medida, que desafía directamente el veredicto del referéndum de 2018, marca un cambio significativo en la estructura política nacional al reintroducir la reelección parlamentaria.

El último miércoles 6 de marzo, durante la sesión plenaria del Congreso, se llevó a cabo la aprobación en segunda votación de esta reforma constitucional. Es importante destacar que al tratarse de una modificación de la Constitución, el Ejecutivo no tiene la facultad de observar la propuesta, lo que confirma que el regreso del Senado será una realidad a partir de las próximas elecciones generales programadas para el año 2026.

A pesar de que para muchos pueda parecer una novedad, la bicameralidad no es un concepto nuevo en la historia política peruana. De hecho, fue promulgada por José de la Mar en 1828 y se mantuvo vigente durante un largo periodo, abarcando un total de 164 años. La última vez que Perú experimentó un sistema bicameral fue en 1992. Sin embargo, tras el resultado negativo en el referéndum de 2018, donde la población se manifestó en contra de esta medida, parecía improbable su regreso. No obstante, en el año 2020 se reabrió el debate y, tras cuatro años de idas y venidas, finalmente fue aprobado por el Congreso.

La historia de la República en el Perú se remonta a 1821, tras la proclamación de la independencia por José de San Martín. Tras este acontecimiento, se convocaron elecciones para establecer un Congreso Constituyente encargado de redactar una Carta Política para el país. Este congreso, presidido por Francisco Xavier de Luna Pizarro, elaboró la Constitución de 1823, que estableció un sistema legislativo unicameral.

Sin embargo, tres años más tarde, Simón Bolívar propuso una nueva constitución presidencialista que incluía la creación de un Congreso con tres cámaras: una de diputados como cámara baja, otra de senadores como cámara alta, y una tercera de tribunos como una especie de cámara suprema. Esta constitución, denominada “vitalicia”, nunca llegó a aplicarse en la práctica política y social.

Es en este contexto que surge la bicameralidad en 1828, promulgada por José de la Mar. Este sistema perduró durante 164 años de manera continua, a excepción del período de la Confederación Perú-Bolivia, y se mantuvo presente en todas las constituciones peruanas hasta 1992.

En el año 2018, los peruanos participaron en un referéndum histórico donde se sometieron a votación cuatro reformas constitucionales clave. Tres de estas fueron aprobadas por la mayoría de los votantes, mientras que una fue rechazada, manteniendo así el status quo legislativo del país hasta el 6 de marzo de este año.

Los resultados del referéndum, según datos proporcionados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) de Perú, revelan un respaldo contundente a las reformas aprobadas:

• El 86% de los votantes respaldó la reforma constitucional relacionada con la conformación y funciones de la Junta Nacional de Justicia, anteriormente conocida como el Consejo Nacional de la Magistratura. Esta reforma tiene como objetivo mejorar la transparencia y la eficacia del sistema de justicia en el país.
• El 85% de los votantes dio su aprobación a la reforma constitucional que regula el financiamiento de las organizaciones políticas. Esta medida busca aumentar la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos y prevenir la corrupción en el sistema político peruano.
• Otro 85% de los votantes se pronunció a favor de la reforma constitucional que prohíbe la reelección inmediata de los parlamentarios de la República. Esta medida tiene como objetivo promover la renovación y la alternancia en el poder legislativo, evitando la concentración de poder en manos de un mismo grupo de personas.

Sin embargo, una de las reformas propuestas fue rechazada por la mayoría de los votantes:

• El 90% de los votantes expresó su oposición a la reforma constitucional que buscaba establecer la bicameralidad en el Congreso. Esta propuesta habría significado el retorno a un sistema parlamentario bicameral, con la creación de un Senado adicional al Congreso unicameral existente. A pesar de su rechazo en el referéndum de 2018, esta idea ha sido retomada y finalmente aprobada.

Sin embargo, esta propuesta no está exenta de controversia. Aunque se argumenta que la bicameralidad puede conducir a una mejor representación de los intereses de la sociedad y a una mayor revisión y discusión de las leyes, no existe evidencia concluyente que demuestre que un Congreso bicameral es inherentemente superior a uno unicameral. La efectividad de cada modelo depende de las necesidades y características específicas de cada país.

En América Latina, así como en numerosos países alrededor del mundo, el bicameralismo es el sistema parlamentario más comúnmente adoptado. Sin embargo, la elección entre un sistema bicameral y uno unicameral puede variar según las circunstancias particulares de cada nación.

Por otro lado, algunos países como Ecuador, Nicaragua y Venezuela eligieron un sistema unicameral, en el cual la función legislativa se concentra en una sola cámara. Las razones detrás de esta elección pueden estar influenciadas por diversos factores, como la historia, la cultura y la política de cada país.

Con la decisión adoptada por el Congreso este miércoles, se establece un marco que fortalece la continuidad de los miembros del legislativo al permitirles mantener su sueldo estatal al cambiar de cámara, lo que potencialmente amplía su permanencia en el poder legislativo. La eliminación de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) añade un componente adicional al sistema, al permitir la designación de candidatos a dedo en los partidos políticos, generando un entorno que podría favorecer el statu quo y una gestión legislativa con un presupuesto aún más elevado.

Por otro lado, se definen las funciones específicas de cada cámara del Congreso. La cámara de diputados estará compuesta por no menos de 130 miembros con un mínimo de 25 años de edad, encargados principalmente del control político.

Mientras que la cámara de senadores, integrada por no menos de 60 congresistas con un mínimo de 45 años de edad o experiencia previa en el Congreso, asumirá responsabilidades como la revisión de iniciativas legislativas, acusaciones constitucionales, y la elección de altas autoridades, destacando su papel en la supervisión de decretos legislativos y la elección de importantes funcionarios estatales.