Minsa se contradice: niega haber reconocido la existencia de “víctimas de esterilizaciones forzadas”, pese a haberlo aceptado en audiencia de la CIDH

El Ministerio de Salud (Minsa) publicó un comunicado a través de Twitter/X donde niega que haya víctimas de esterilizaciones forzadas, a pesar de que cinco días antes, un representante de la entidad aceptó que había personas con esta condición durante una audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión IDH).

En su pronunciamiento, el Minsa “aclara que la ATENCIÓN integral, a través del Seguro Integral de Salud (SIS), se realiza de manera regular a todos sus afiliados y no otorga a los asegurados la condición de víctimas”.

“Precisamos que la condición de víctima la determina el Poder Judicial y que a la fecha esta situación no se ha dado, siendo archivada en múltiples oportunidades”.

Sin embargo, durante una sesión de la Comisión IDH, realizada el pasado viernes 1 de marzo, Pedro Cruzado Puente, jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Salud, reconoció en más de una oportunidad que existían víctimas de esterilizaciones forzadas.

“Y en salud mental, se cuenta con centros comunitarios de salud mental, que se atiende con personal especializado, psiquiatras, enfermeras, psicólogos, médicos de familia, etc., para brindar atención mental a estas víctimas”, mencionó.

Luego, casi al final de la audiencia, dijo que, la atención psicológica de estas mujeres no solo ha sido considerado en Perú como una prioridad, sino que incluso se ha promulgado la ley de salud mental, en el año 2019.

“Considera una serie de normas y de acciones para poder mejorar la salud mental del país y las principales acciones es implementar los centros de salud mental comunitarios. Es decir, que en la misma comunidad tener establecimientos de salud mental, que atiendan a las personas, con médicos especialistas en psiquiatría, salud familias, psicólogos, enfermeras, médicos generales y personal que pueda brindar la atención en salud mental, incluyendo a las personas afectadas y víctimas de las esterilizaciones forzadas”, explico´.

En ese sentido, María Ysabel Cedano, abogada de Demus, indicó que con ese pronunciamiento el Minsa está “avalando una postura vergonzosa, discriminadora y revictimizadora, porque dicen ante la CIDH que han atendido a miles de las víctimas del REVIESFO (Registro de Víctimas de Esterilizaciones Forzadas) brindando servicios a un número importante de víctimas (...). Y ahora niegan y se contradicen sin ningún asidero”

En octubre del 2003, el Estado peruano firmó un acuerdo de solución amistosa con la familia de María Mamérita Mestanza Chávez, una mujer que perdió la vida luego de ser sometida a una esterilización forzada.

Según la Comisión IDH, ella y su esposo recibieron “distintas formas de hostigamiento, que incluyeron varias visitas donde el personal de salud amenazaba con denunciarla a ella y al señor Salazar Suárez ante la policía”. Además, “les mencionaba que el Gobierno había dado una ley conforme a la cual la persona que tuviera más de cinco hijos sería llevada a la cárcel”.

María Ysabel Cedano sostiene que el Estado se comprometió en ese entonces a seguir las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo, por lo que no podría ofrecer una reparación que no sea integral.

La abogada de Demus comenta que en la sesión organizada por la Comisión IDH, un representante del Estado dijo que no todas las personas involucradas en estos casos eran víctimas, porque también había “presuntas víctimas”.

“Esto se debe a una discriminación que se cometió al momento de reglamentar el Reviesfo. Tan es así, que no querían registrar como víctima el caso de Mamérita Mestanza, porque este reglamento decía que solo son víctimas las personas que tienen una sentencia”, argumenta.

Sin embargo, afirma que al tener un acuerdo de solución amistosa, esto también funciona como una sentencia, ya que es un documento legal vinculante.

“La exministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, en su gestión se modifica el reglamento para incorporar como víctimas a todas aquellas que no solamente tengan una sentencia, sino también un acuerdo de solución amistosa. Entonces pudimos registrar a Mamérita Mestanza”, confirma. El Reviesfo, detalla la especialista, ha seguido entregando constancias de registro en calidad de víctimas con al decreto supremo de creación y su posterior reglamento.

“El Estado está perjudicando aquellas que todavía no logran justicia a pesar de que es su responsabilidad hacer justicia, porque el Reviesfo no solo es un registro, sino también es un proveedor para que accedan a justicia, defensa pública, acompañamiento psicosocial, psicológico, etc. El Estado tiene que comprender que estamos frente a un mandato judicial que habla de todas las víctimas del Reviesfo, no dice solo para las víctimas y no para las presuntas víctimas. La sentencia no distingue”, añade.