“Les vacié la cacerina”: La fría confesión de un sicario de 18 años que reveló ser autor de dos asesinatos en Trujillo

Confesó sus crímenes. Un joven de tan solo 18 años de edad reconoció haberle quitado recientemente la vida al menos dos personas en Trujillo, una zona que se encuentra en estado de emergencia debido al alto índice de criminalidad por extorsiones a negocios y empresarios; secuestros y ajustes de cuentas entre bandas.

En un video difundido por la Policía Nacional del Perú, se ve al general Víctor Revoredo, quien a fines de febrero fue designado como nuevo jefe contra la criminalidad de en Trujillo, interrogando a Juan José Ortiz Guevara, un joven delincuente que había sido capturado junto a otros dos cómplices en el sector La Esperanza, en ese región.

Durante el interrogatorio, el joven confesó ser el autor de dos asesinatos por encargo en la zona de Pataz.

En un principio, Juan José Ortiz no quiso revelar quién le había encargado realizar los asesinatos. Sin embargo, sí reconoció que “tenía dos muertos”. Además, al ser consultado por el coronel Revoredo sobre el número de balas que empleó para atacar a sus víctimas, el joven señaló, sin remordimiento, que “vació” o usó toda la cacerina del arma de fuego con la que cometía sus crímenes.

En los últimos seis meses, Trujillo y el norte del Perú han experimentado cambios notables en los patrones de criminalidad y las estrategias implementadas para su combate. Se ha observado un incremento en delitos como el robo a mano armada, extorsiones y asesinatos por sicariato, atribuidos principalmente a la lucha territorial entre bandas organizadas.

Para enfrentar esta situación, las autoridades locales y nacionales han intensificado las operaciones policiales, incluyendo redadas y controles más estrictos en zonas identificadas como puntos críticos de actividad delictiva. Además, se ha fomentado la colaboración entre la Policía Nacional y las comunidades locales para mejorar la inteligencia en la identificación y captura de sospechosos.

A nivel legislativo, han surgido propuestas para endurecer las penas contra crímenes relacionados con el crimen organizado, aunque estos cambios aún están en discusión en el congreso. En paralelo, se han propuesto e iniciado programas de prevención del delito.

El pasado 13 de febrero el gobierno decretó estado de emergencia por 60 días en la provincia de Pataz, departamento de La Libertad, buscando contrarrestar la criminalidad. Durante este periodo, las Fuerzas Armadas, apelando al Decreto Legislativo Nº 1095, liderarán el mantenimiento del orden, respaldadas por la Policía Nacional del Perú, como detalla el Decreto Supremo Nº 018-2024-PCM. Esta medida busca garantizar la seguridad, permitiendo a las Fuerzas Armadas emplear la fuerza según las normativas nacionales.

De manera similar, un estado de emergencia ha sido decretado en la provincia de Trujillo, La Libertad, por un lapso igual de 60 días a través del Decreto Supremo Nº 019-2024-PCM. En este caso, la Policía Nacional mantiene el control, con el soporte de las Fuerzas Armadas. Este escenario posibilita la restricción o suspensión de ciertos derechos constitucionales, como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito, en aras de preservar el orden y la seguridad.

La administración de estas medidas se alinea estrictamente con el respeto a los derechos humanos y las directrices internacionales pertinentes. Los protocolos establecen la actuación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, enfatizando la atención a mujeres y grupos vulnerables. Durante el estado de emergencia, se suspenden eventos sociales y espectáculos en horarios específicos, como parte de las estrategias para mantener el control y la seguridad en las áreas implicadas.