El primer vicepresidente del Parlamento, Luis Alegría, suspendió el Pleno del Congreso hasta el lunes 11 de marzo. Quedó pendiente debate sobre la votación del legislador José Luna de Podemos Perú.
Pleno del Congreso no alcanzó el número requerido para inhabilitar por 10 años en la función pública de María Zavala, integrante de la Junta Nacional de Justicia.
Ante su solicitud de declarar inexistente el acuerdo de su inhabilitación, el Parlamento mencionó que el legislador José Luna “no ejerció su voto en la Comisión Permanente”, por lo que estaría habilitado para ejercer su voto. “En consecuencia, no existe ninguna causal de nulidad en la votación”, indicó.
Cabe mencionar que el artículo 100 de la Constitución Política menciona que “corresponde al Congreso, sin participación de la Comisión Permanente, suspender o no al funcionario acusado o inhabilitarlo para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, o destituirlo de su función sin perjuicio de cualquiera otra responsabilidad”. Es decir, en ningún momento precisa que no se alcanza a aquellos miembros que no ejercieron su voto.
Con 46 votos a favor, el Pleno del Congreso rechaza la inhabilitación por 10 años en la función pública del magistrado Guillermo Thornberry.
Con menos de 50 votos a favor, el Pleno del Congreso rechazó la inhabilitación por 10 años en la función pública a Henry José Ávila. El exintegrante de la Junta Nacional de Justicia renunció al organismo al ser implicado en las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides.
A través de un oficio remitido al titular del Congreso, Alejandro Soto, la magistrada solicitó que se declare inexistente el acuerdo, adoptado en la tarde del día de hoy, que dispuso su inhabilitación por 10 años.
Ello, ya que “solo se alcanzaron 66 votos para aprobar la acusación constitucional en mi contra”, pues la votación de José Luna Gálvez, integrante de la Comisión Permanente fue indebida.
El primer vicepresidente Arturo Alegría da cuenta de la reconsideración presentada por la votación que inhabilitó a Aldo Vásquez. Solicitud fue rechazada por amplia mayoría.
Con 50 votos a favor, el Pleno del Congreso rechazó la inhabilitación por 10 años en la función pública de Imelda Tumialán, integrante de la Junta Nacional de Justicia.
Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso alcanzó el respaldo requerido para inhabilitar por 10 años en la función pública a Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia.
El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, solicitó reconsiderar la votación que liberó al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Humberto de la Haza, de la inhabilitación. Solicitud fue aprobada.
El primer vicepresidente Arturo Alegría da cuenta de las reconsideraciones presentadas sobre la votación que inhabilitó por 10 años a Inés Tello. Solicitud fue rechazada.
El primer vicepresidente Arturo Alegría da cuenta de las reconsideraciones presentadas sobre la votación que salvó de la inhabilitación por 10 años a Imelda Tumialán. Solicitud fue aprobada.
El primer vicepresidente Arturo Alegría da cuenta de las reconsideraciones presentadas sobre la votación que rechazó la inhabilitación a Aldo Vásquez. Solicitud fue aprobada con más de 75 votos.
Con 47 votos a favor, el Pleno del Congreso no alcanzó el respaldo requerido para inhabilitar por 10 años en la función pública a Humberto de la Haza, presidente de la Junta Nacional de Justicia.
Pese a que es integrante de la Comisión Permanente, el congresista José Luna ejerció su voto en la inhabilitación de los miembros de la Junta Nacional de Justicia.
Al respecto, el abogado Luciano López indicó que, incluso en el caso de no haber votado en la sesión de la Comisión Permanente, el parlamentario no puede ser parte de la votación para suspender o inhabilitar al funcionario acusado.
blockquote class="twitter-tweet">El art. 100 de la Constitución es enfático en señalar que el Congreso "sin participación de la Comisión Permanente" suspende o inhabilita al funcionario acusado. Interpretar que quien no votó en la Com. Permanente está habilitado para votar en el Pleno es distinguir allí donde la…
— Luciano López Flores (@lucianolopez27) March 7, 2024
La bancada de Perú Libre y Fuerza Popular solicitaron reconsiderar la votación que salvó a Aldo Vásquez de ser inhabilitado.
Con 51 votos a favor, el Pleno del Congreso no alcanzó el respaldo requerido para inhabilitar por 10 años en la función pública a Imelda Tumialán, miembro de la Junta Nacional de Justicia.
La parlamentaria fujimorista elevó su queja al titular del Congreso de la República, Alejandro Soto, y denunció que asesores de la Presidencia del Consejo de Ministros se encuentran llamando a parlamentarios para intervenir en su voto a fin de que respalden a la Junta Nacional de Justicia.
Con 65 votos a favor, el Pleno del Congreso no alcanzó el respaldo requerido para inhabilitar por 10 años en la función pública a Aldo Vásquez, vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia.
Con 67 votos a favor, el Pleno del Congreso votó a favor de inhabilitar por 10 años en la función pública a Inés Tello, miembro de la Junta Nacional de Justicia, cuestionada por superar los 75 años límite del cargo.
El parlamentario Esdras Medina cuestionó la celeridad del Poder Judicial en ver la acción de amparo interpuesta por la JNJ en contra del Congreso.
“Qué bueno sería que [vean] así de rápido los pedidos de cualquier ciudadano. Está en sus manos la decisión de hoy día y recuerden que la justicia debe venir para el más necesitado”, indicó.
“No voy a defender a la JNJ pero no voy a ser cómplice de una venganza política de congresistas con investigaciones por delitos, por lavado de activos, etc”, dijo el parlamentario Carlos Anderson durante su intervención.
El parlamentario Roberto Chiabra cuestionó que algunas voces mencionen que existe especial interés de elegir a los próximos representantes del Reniec, ONPE y JNE. Mencionó que, más bien, serán los próximos encargados de la JNJ quienes, dentro de sus facultades, lo harán.
Durante su alocución, la legisladora Sigrid Bazán sostuvo que quienes pretenden remover a los miembros de la JNJ son los mismos que quieren que Patricia Benavides regrese al cargo de Fiscal de la Nación.
La parlamentaria de Cambio Democrático-Juntos por el Perú advirtió que la remoción de la Junta Nacional de Justicia “puede quebrar el orden constitucional”. “Ya nos han descrito como un régimen híbrido pero podemos llegar a los infiernos”, indicó.
Organizaciones de derechos humanos advirtieron de la insistencia del Congreso de la República del Perú en remover a todos o algunos de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
“La remoción de los miembros de la JNJ afectaría la independencia de los jueces y fiscales que tramitan casos de corrupción que involucran a integrantes de la clase política peruana, incluyendo a miembros del actual Congreso. Nuestras organizaciones vienen siguiendo los continuos ataques de gran parte del Congreso peruano dirigidos a la Junta Nacional de Justicia, que incluyen acusaciones constitucionales y mociones para remover a sus miembros mediante procesos sumarios no regulados en la ley”, mencionaron.
“Alertamos nuevamente sobre los riesgos de estos ataques, que revelan la profundidad del deterioro democrático en el país. Exhortamos al Congreso de la República del Perú a detener esos ataques y a los demás poderes públicos a manifestar su rechazo frente a estas actuaciones severamente dañinas para la democracia peruana, el Estado de derecho y la protección de los derechos humanos en el país”, agregaron.
Pese a que la acción de amparo interpuesta por la JNJ se admitió a trámite y se programó la audiencia para el próximo 4 de junio a las 09:00 horas, el Congreso continúa debatiendo el informe que propone su destitución e inhabilitación.
“Se debe precisar que conforme a los términos de la demanda, corresponde admitirla pues se alude a un acto del Congreso de inminente realización, y si bien es cierto su fundabilidad o no se determinará oportunamente al momento de sentenciar, resulta razonable no dilatar el conocimiento de la presente causa por el riesgo de eventual irreparabilidad que pudiera existir, de tener fundamento lo alegado por la parte actora”, precisa la resolución.
La fujimorista Patricia Juárez cuestiona que el periodo de cinco años sea uno de los argumentos esgrimidos por la oposición. “Es como decir si a los alcaldes o congresistas no pueden ser vacados, no pueden incurrir en ninguna causal que sobreviene al cargo... es absurdo y se cae por su propio peso”, expuso.
La congresista Patricia Chirinos (Avanza País), incluida en la investigación La Fiscal y su Cúpula de Poder, insitió en que la magistrada Inés Tello vulneró la Constitución al permanecer en la JNJ tras superar los 75 años y cuestionó la exposición del presidente del organismo, Aldo Vásquez.
La legisladora Flor Pablo invocó a sus correligionarios a votar en contra de la remoción de la Junta Nacional de Justicia. “Lo que está haciendo la mayoría del congreso es destruir la democracia, esto es muy delicado, llamo a la reflexión porque la historia nos va a pasar factura”, mencionó.
El fujimorista Alejandro Aguinaga arremetió contra la Junta Nacional de Justicia a la cual calificó de “nacisa de las entrañas de vizcarra que necesitaba una organización judicial a su disposición para cubrir los actos de corrupción que ya cometía y que en este momento la población conoce”.
“Desde este Congreso, último bastión de la democracia, estamos para cumplir y hacer cumplir la ley. No estamos para interpretaciones antojadisas. Es desagradable sancionar, pero tenemos que hacerlo”, expresó.
La parlamentaria Ruth Luque destacó que debe votarse en contra de la Junta Nacional de Justicia, ya que se estaría infringiendo el plazo de permanencia en el cargo, el cual es de cinco años.
Además, calificó el tema de “intromisión” en un organismo autónomo que nombra jueces, fiscales y también a los jefes del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).
“Afectará la independencia del sistema de justicia y aperturaría una posible interferencia de grupos políticos. Inhabilitar a Inés Tello, por su edad, sería discriminatorio y detendría los procesos disciplinarios en curso”, mencionó.
El vocero de la bancada de Renovación Popular, Jorge Montoya, rechazó una presunta persecución política contra la Junta Nacional de Justicia e indicó que la denuncia fue interpuesta hace casi un año. Insistió en que los miembros de este órgano incurrieron en la infracción constitucional y aseguró que el Congreso solo cumple con realizar sus funciones.
“Los aún miembros de la JNJ se creen intocables y pretenden trastocar la realidad como si fueran víctimas de una inquina política. No es cierto que el Congreso pretenda removerlos de sus funciones por un capricho político, los integrantes de la Junta Nacional de Justicia vienen siendo procesados constitucionalmente por sus propios actos deliberadamente cometidos”, expresó.
El presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el doctor Humberto de la Haza, aseguró que la inhabilitación de todos los miembros del organismo constitucionalmente autónomo solo “conviene” a quienes vienen siendo investigados o procesados por la presunta comisión de los delitos.
Luego de que los miembros de la JNJ ejercieron su derecho a la defensa, el presidente del Congreso, Alejandro Soto, anunció que la sesión se suspende hasta las 3:00 de la tarde. A partir de esa hora se debatirá el informe final y, luego, se procederá a votar.
El abogado de Inés Tello, Omar Cairo, advirtió que los miembros suplentes de la JNJ no podrían asumir ya que la sanción que se impondría a los miembros titulares es la inhabilitación. Es decir, los suplentes, según el abogado, únicamente pueden reemplazar a los titulares cuando estos han sido removidos o destituidos.
La integrante de Inés Tello aseguró que se estaría violando su derecho al trabajo en caso sea inhabilitada por permanecer en la JNJ tras superar los 75 años. Dijo que “no es cierto” que deba renunciar y que su permanencia viole la Constitución. “(Las personas de tercera edad) Somos útiles, somos honestos, y tenemos derecho de ejercer la función pública. No pido un trato especial, pido reflexión y respeto a mis derechos”, indicó.
El consejero Guillermo Thornberry defendió su respaldo a la resolución de la JNJ con la que se permitió la permanencia de Inés Tello. Citó jurisprudencia. Por ejemplo: una casación de la Corte Suprema que establece que, en caso de interpretaciones contradictorias, pesa aquella que priorice los derechos de la persona.
Hasta cuatro organizaciones internacionales dedicadas a la protección de los derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que alzan su voz de alerta sobre la intención del Congreso de remover de sus cargos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ).
Mientras se debate en el Pleno la inhabilitación de la JNJ, la Fiscalía de la Nación presentó una denuncia constitucional contra la congresista Katy Ugarte por el presunto delito de concusión. Ello por supuestamente haber recortado el sueldo a los trabajadores de su despacho. También se presume que habría cometido el delito de lavado de activos.
El presidente de la JNJ, Humberto de la Haza, acusó a los congresistas que intentar obstruir los procesos en los que están inmersos. Dijo que se buscaría que casos se archiven o prescriban por el paso del tiempo.
El exmiembro de la JNJ, José Ávila, critica que el informe final no desarrolló en ningún extremo las razones que determinaron la propuesta de sanción de inhabilitación de 10 años. Reclamó por los principios de necesidad, idoneidad y proporcionalidad.
Hoy el Congreso vota el informe final que propone destituir e inhabilitar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por el caso de la edad de la doctora Inés Tello (78 años). De acuerdo con el razonamiento del Parlamento, Tello no podía continuar en el cargo debido al rango etario establecido en la Constitución (45 a 75 años).
Lee aquí los argumentos presentados por el doctor Samuel Abad, abogado de la JNJ, contra el informe final que propone inhabilitar a los miembros de la Junta.
La integrante de la JNJ, Imelda Tumialán, hace uso de su derecho a la defensa. Recuerda que recientemente el Tribunal Constitucional confirmó que el mandato es de 5 años y que la Ley Orgánica de la JNJ no establece como una causal de vacancia el hecho de superar los 75 años de edad.
El congresista Esdras Medina sustenta ante el Pleno las conclusiones del informe final contra la JNJ.
La presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sustenta ante el Pleno el informe final que recomienda destituir e inhabilitar a los miembros de la JNJ.
Los primeros magistrados en llegar al Palacio legislativo fueron Inés Tello, Imelda Tumialán, y José Ávila. Minutos después lo hicieron María Zavala, Guillermo Thornberry y el presidente Antonio de la Haza. Aldo Vásquez fue el último en arribar.
La votación será individual por cada uno de los magistrados acusados, luego que un sector importante de congresistas estimara que cada caso debe verse de forma separada
Desde las 10 horas de hoy, jueves 7 de marzo, el Pleno del Congreso debatirá y votará la remoción de Inés Tello, Aldo Vásquez, Imelda Tumialán, Humberto de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry, miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ)
El informe final de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales acogió la denuncia del congresista Jorge Montoya (Renovación Popular) y recomienda acusar a los integrantes del organismo por presuntamente infringir el inciso 3 del artículo 156 de la Constitución.
Ello, al interpretar que el rango máximo de edad también incluye el periodo de permanencia en el cargo y no solo la postulación.
Para que la inhabilitación de los miembros de la JNJ se concrete, es necesario el voto de dos tercios del total de parlamentarios (130), es decir, un mínimo de 67 votos.
El Tribunal Constitucional ratificó que los consejeros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) juran por un periodo de 5 años y no hasta alcanzar la edad de 75 años. Así lo consignó el máximo intérprete de la carta magna en la sentencia que ordena incorporar al excongresista Marco Tulio Falconí como miembro titular del organismo.
A través de un comunicado, los Obispos del Consejo Permanente de la Conferencia Episcopal Peruana instó al Parlamento a que “dejen de lado intereses particulares” y “encuentren a través del diálogo una salida constitucional y democrática que impida que, en la práctica, la JNJ deje de funcionar y de cumplir con las tareas que le corresponden”.
“Invocamos a nuestras autoridades a preocuparse y a buscar soluciones eficaces a los urgentes problemas que agobian a nuestro país, especialmente en la salud, la educación, la violencia, las economías ilegales, la destrucción de nuestra Amazonia, la delincuencia y el sicariato, que nos tienen en permanente zozobra y afectan a nuestra sociedad, a las familias y a cada ciudadano, manteniéndonos en la injusta condición de sentirnos amenazados en nuestra propia tierra y frustrados ante autoridades que en vez de ofrecerles un porvenir esperanzador, están envueltos en sus propios intereses. Nuestra población espera que sus justos reclamos sean escuchados y atendidas sus necesidades fundamentales”, mencionan.
“Nuestro compromiso con el Perú nos exige a todos: defender la institucionalidad y el equilibrio de poderes, desterrar la corrupción, origen de tantos males, que sigue desgarrando al país; reconstruir la confianza entre nuestros pueblos, y evitar la ruptura de la verdad y la justicia”, sentenciaron.
La Junta Nacional de Justicia (JNJ) presentó una acción de amparo ante el Poder Judicial para frenar la pretensión de un sector del Congreso de destituir e inhabilitar por 10 años de la función pública a todos los miembros del organismo constitucionalmente autónomo.
Una de las primeras funcionarias en pronunciarse fue la relatora especial de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite. A través de X (antes Twitter), expresó su preocupación “ante los persistentes esfuerzos por destituir a la JNJ”.
“El derecho a un juicio justo requiere de un juez imparcial, estrechamente vinculado a la actuación libre e independiente de la JNJ, y es por ello que lo que está ocurriendo hoy en Perú nos preocupa a todos. Cualquier mecanismo de rendición de cuentas de los operadores de justicia, en un sistema democrático, debe ser respetuoso de las garantías de independencia judicial”, agregó.
A su pedido se sumaron los senadores estadounidenses Ben Cardin y Tim Kaine, quienes se declararon “profundamente decepcionados y preocupados” por el accionar del Congreso de la República.
“Esta decisión amenaza gravemente la independencia de los procesos judiciales y electorales del país y representa otra serie de acciones alarmantes que el Congreso de Perú ha tomado en los últimos años, desde el reemplazo del Tribunal Constitucional en un proceso no transparente hasta el ataque contra el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)”, mencionaron.
El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, afirma que el Congreso ha vulnerado “de modo más absoluto” los derechos del organismo constitucionalmente autónomo con el informe final que recomienda destituir e inhabilitar por 10 años a todos los miembros.
Desde mediados de diciembre, el portavoz de Renovación Popular, Jorge Montoya, evidenció su interés particular por remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), el máximo organismo de la Judicatura. Su intención ha sido tan marcada que, al negarse el debate parlamentario, impulsó una moción de censura contra el titular de la institución, Alejandro Soto. Pese a las distintas advertencias sobre los peligros detrás de materializarse la salida de los magistrados, el almirante retirado no ha claudicado en su misión.