Congreso aprueba retorno a la bicameralidad, evade referéndum y asegura su reelección

En medio de los movimientos del Gobierno de Dina Boluarte tras la juramentación del reemplazo del exprimer ministro Alberto Otárola, Gustavo Adrianzén; los miembros del Congreso de la República retoman sus intenciones de perpetuarse en el poder evadiendo la reelección congresal y a espaldas de la ciudadanía. En la sesión del pleno de este miércoles, los congresistas aprobaron en segunda votación el retorno a la bicameralidad con 91 votos a favor, 30 votos en contra y 1 abstención, evadiendo de manera directa la consulta popular del referéndum.

El proyecto de ley, que ha sido principalmente impulsado por la bancada de Fuerza Popular, plantea la modificación de un total de 50 artículos de la Constitución, sin necesidad de pasar ni por el referéndum, ni por un proceso de Asamblea Constituyente. De esta manera, los legisladores buscan el establecimiento de dos cámaras, una de senadores, encargada de la producción legislativa; y la de diputados, encargada del control político.

Si bien la propuesta plantea una reforma que, según especialistas, podría ser beneficiosa para la calidad legislativa, el dictamen aprobado por la Comisión de Constitución concibe la posibilidad de que los congresistas puedan acceder a una reelección de contrabando. Ello, teniendo en cuenta que en el último referéndum del 2018, la ciudadanía expresó su negativa tajante ante esta propuesta.

Durante la votación de este miércoles, existieron una serie de bancadas que se mostraron completamente a favor de esta propuesta, que además de confirmar el establecimiento de dos cámaras en el Parlamento con una mayor cantidad de congresistas, también buscan la posibilidad de perpetuarse en dicho poder del Estado. Entre los grupos parlamentarios con los que mayor apoyo contó la propuesta están Fuerza Popular y Alianza para el Progreso.

Desde la bancada fujimorista, todos los legisladores apoyaron la propuesta en bloque, dando un total de 22 votos, a excepción del legislador Juan Carlos Lizarzaburu, quien se encuentra suspendido del cargo. El otro grupo parlamentario que también apoyó ampliamente la votación fue el bloque apepista, que actúa bajo el liderazgo de César Acuña. Este grupo parlamentario brindó 9 votos a favor de la reforma constitucional, quedando sin votar los congresistas Edith Julón y Alejandro Soto. Por otro lado, 5 legisladores del Bloque Magisterial registraron también sus votos a favor.

Estos votos también presentaron apoyo totalitario de las bancadas de extrema derecha como las de Avanza País, Renovación Popular, Podemos Perú, y Somos Perú; además de los congresistas de las bancadas de Acción Popular. También se han registrado votos a favor de la iniciativa que provienen del bloque de extrema izquierda disidente de Perú Libre, con bancadas como Perú Bicentenario, y la extinta bancada de Unidad y Diálogo.

Con la decisión adoptada por el Congreso este miércoles, los actuales miembros del Congreso de la República ahora tendrán la posibilidad de seguir recibiendo un sueldo del Estado al pasar de una cámara a otra, previo proceso de elecciones. Ello, sumado a la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que permite que se sigan estableciendo a candidatos en los partidos a dedo, generarían un ambiente propicio para seguir laborando en dicho poder con un presupuesto mucho más alto del que ya goza.

Asimismo, los miembros del legislativo gozarán de más beneficios por tener meno obligaciones; bajo la excusa de que estas “se podrán hacer de manera idónea”, mejorando la calidad de producción legislativa.

En el caso de la cámara de diputados, se ha dispuesto no menos de 130 congresistas que puedan postular con como mínimo 25 años. Sus labores serán las de control político, que tiene que ver con investigación y fiscalización parlamentaria, evalúan las cuestiones de Confianza del Ejecutivo, y aprueban iniciativas legislativas que pasan a la cámara del senado.

En tanto, en la cámara de senadores, se ha dispuesto que esté conformada por no menos de 60 congresistas, los cuales deben tener, como mínimo, 45 años de edad, o el antecedente de haber sido congresista o diputado. Sus labores comprenden la revisión de las iniciativas legislativas, además de la revisión de las acusaciones constitucionales de la Cámara de Diputados.

También se ha encargado a la cámara de senadores la revisión de los decretos legislativos, de urgencia y supremos del Ejecutivo. Son estos congresistas los que participan en la elección de altas autoridades como las del Contralor, los directores del BCR, la Superintendencia de Banca y Seguros, el Defensor del Pueblo y los magistrados del TC. Asimismo, se encargan de remover a los integrantes de la JNJ, el Contralor y el Defensor del Pueblo.