Oficina de DD.HH. de la ONU expresa su “seria preocupación” por votación del Congreso peruano contra la JNJ

Falta cada vez menos para la votación del informe final que plantea la inhabilitación de los siete miembros de la JNJ por un periodo de diez años en el pleno del Congreso de la República, la que se llevará a cabo el próximo jueves 7 de marzo y que ha sido ratificada por la Junta de Portavoces. Mientras tanto, cada vez más entidades nacionales e internacionales han mostrado su preocupación por el hecho, entre ellos, la misma Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El pronunciamiento se dio este martes 5 de marzo, cuando la oficina de Derechos Humanos de la ONU, que está representada por el alto comisionado Volker Tuk, publicó por las redes oficiales un comunicado en el que no solo mostraba su preocupación ante la situación que se vive en el Perú en el marco de este proceso contra la JNJ; sino que también advirtió, nuevamente, sobre un posible quebrantamiento del equilibrio de poderes.

En ese sentido, la oficina de Derechos Humanos señaló: “En vista de la próxima votación en el Congreso de la República sobre la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia del Perú, reiteramos nuestra seria preocupación por acciones que puedan afectar su independencia”.

Asimismo, el organismo velador de la correcta aplicación de los derechos humanos en los diferentes países adscritos a la Organización de las Naciones Unidas, recordó que la JNJ “es un actor central para garantizar la independencia judicial, la separación de poderes y el Estado de derecho”.

Como se sabe, el proceso de denuncia constitucional contra los miembros de la JNJ cuyo informe final fue presentado por el congresista Esdras Medina, ha sido objeto de críticas de todo tipo, sobre todo debido a los constantes cuestionamientos a los que ha sido sometido. Durante la última sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la República, el abogado Samuel Abad advirtió diez puntos específicos por los que dicho informe no contaba con la credibilidad requerida.

Entre las críticas se precisan la falta de consulta a los miembros que conformaron la Comisión Especial para la Elección de los Miembros de la JNJ, pues solo recibieron a tres de los implicados y dos de ellos se mostraron a favor de la interpretación del Congreso, de que la magistrada Inés Tello debía permanecer en el cargo solo hasta los 75 años.

Como si este hecho no fuera poco, Abad también cuestionó que el informe del legislador Medina tampoco haya tomado en cuenta el informe institucional de SERVIR, en el que se establecen los pormenores de contrataciones de todos aquellos funcionarios que contraten con el Estado.

Por otro lado, los cuestionamientos contra el Congreso de la República también se dan por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que el mismo comisionado Stuardo Ralón, relator de dicho organismo internacional para los asuntos de América Latina, consideró haber estado en constante monitoreo de los intentos constantes del Congreso por descartar la presencia de los siete jueces que integran la JNJ.

Asimismo, durante dicha audiencia, la representante de la CIDH reiteró la preocupación de esta institución respecto a los procesos de acusación constitucional emprendidos por el Congreso como una manera de descartar a personajes incómodos para dicho poder del Estado.