Gobierno de Dina Boluarte aún espera “actos violentos” en el sur y prorrogan emergencia en corredor Apurímac-Cusco-Arequipa

La Presidencia del Consejo de Ministros prorrogó el estado de emergencia en el Corredor Vial Sur Apurímac-Cusco-Arequipa. Así lo establece el Decreto Supremo 024-2024-PCM, que detalla que la medida tendrá vigencia a partir del 6 de marzo, durante 30 días calendario, y abarcará, además del referido corredor , a los 500 metros adyacentes a cada lado de esta vía.

Entre las consideraciones que justifican la ampliación se encuentra varios informes de la Policía Nacional del Perú de esa regiones que, según se señala, tienen “el objeto de continuar preservando y/o restableciendo el orden interno”: el Nº 017-2024-COMOPPOL/DIRNOS-PNP/SEC-UNIPLEDU (Reservado) de la Unidad de Planeamiento y Educación de la Dirección Nacional de Orden y Seguridad, el Informe Nº 013-2024-COMOPPOL/DIRNOS/REGPOL AREQUIPA/SEC-UNIPLEDU-AREPLAO (Reservado) de la Región Policial Arequipa, el Informe Nº 13-2024-COMOPPOL-DIRNOS-FP-PNP/FP-APU-SEC-UNIPLEDU (Reservado) de la jurisdicción policial de Apurímac y el Informe Nº 011-2024-REGPOL CUSCO-SEC/UNIPLEDU-OFIPLO (Reservado) de la Oficina de Planeamiento Operativo de la Región Policial Cusco.

Ahí se precisa que en esas zonas del país se proyectan “acciones de fuerza y actos violentos”, por lo que se busca “garantizar los derechos constitucionales”.

Cabe recordar que durante las protestas contra Dina Boluarte en Perú, entre 2022 y 2023, el número de civiles fallecidos fue de aproximadamente 49. Estas muertes ocurrieron en el contexto de manifestaciones que se extendieron por varias regiones del país. Boluarte asumió el cargo tras la destitución de Pedro Castillo luego de un intento fallido de golpe de Estado. Las causas principales de estos fallecimientos incluyen enfrentamientos con las fuerzas de seguridad, quienes utilizaron gas lacrimógeno y proyectiles en algunos casos para detener a las multitudes.

En el periodo de prórroga queda suspendido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a las libertades de tránsito por el territorio nacional, de reunión y de libertad y seguridad personales, que son parte de los numerales 11, 12 y 24 del artículo 2 de la Constitución.

Así mismo se menciona que la intervención de la Policía y de las Fuerzas Armadas se efectúa según lo dispuesto en el Decreto Legislativo Nº 1186, Decreto Legislativo que regula el uso de la fuerza por parte de la Policía Nacional del Perú, y en el Decreto Legislativo Nº 1095, Decreto Legislativo que establece reglas de empleo y uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional, y su Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 003-2020-DE, respectivamente; así como, en el “Protocolo de actuación conjunta del Estado para la articulación de servicios en contextos de detención, retención e intervención policial a mujeres y personas en condición de vulnerabilidad”, aprobado por Decreto Supremo Nº 002-2023-MIMP.

En la provincia de Zarumilla, del departamento de Tumbes, también se prorrogó el estado de emergencia. El Poder Ejecutivo dispuso, mediante el Decreto Supremo 025-2024-PCM, prorrogarlo hasta por 60 días calendario, a partir del 11 de marzo.

En esta jurisdicción, la Policía Nacional, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, buscará mantener el control del orden interno, frente a la inseguridad ciudadana y la comisión de delitos de lavado de activos, tráfico Ilícito de drogas, contrabando, tráfico de migrantes, tráfico de armas, entre otros.

“Las acciones de control y vigilancia se realizarán en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y considerando estipulaciones de las cartillas de seguridad en las áreas próximas a las fronteras, acordadas bilateralmente por las Fuerzas Armadas de los países vecinos, según corresponda”, se menciona en el artículo 3 del decreto supremo publicado este martes.