Mujer que denunció a Dina Boluarte ahora es acusada por Fiscalía de conformar una organización criminal que apoyó marchas en 2023

Tres mujeres forman parte de una investigación por presuntamente integrar una organización criminal. Una de ellas, curiosamente, es Maritza Sánchez, exasistente de Dina Boluarte durante la campaña presidencial en el año 2021 y que además denunció a la mandataria por fondos no declarados en el partido Perú Libre.

El motivo de la investigación contra Sánchez y las otras mujeres es porque, durante las protestas contra Dina Boluarte a inicios del año 2023, decidieron apoyar a los protestantes por medio de la recaudación de donaciones y la entrega de abarrotes. Vilma Castillo, otra de las investigadas y que conoció a Sánchez en ese momento, pidió prestada la minivan que tenía Sánchez. La idea era usarla para trasladar comida a los manifestantes.

Un informe de Cuarto Poder reveló que el día 31 de enero, durante el periodo de protestas, dos jóvenes pidieron a Sánchez —que se encontraba estacionada cerca a la Plaza San Martín— que cuidara unas tablas de madera en el vehículo mientras ellos iban a buscar más comida.

Tanto Sánchez como Castillo fueron intervenidas por oficiales de la Policía Nacional del Perú, quienes indicaron que las tablas podrían ser utilizadas como escudos por los manifestantes. Incluso en el documento redactado por la PNP, se indicó que ellas podrían ser ‘parte de un equipo logístico que provean de este tipo de elementos incautados a los manifestantes’.

Si bien la investigación por el delito de disturbios que se realizó en contra de ambas mujeres fue archivada en agosto del año 2023, ahora a ellas se suma Rosario Sánchez, hermana de Maritza y dueña del vehículo que fue utilizado para repartir la comida durante las protestas.

Esto fue suficiente para que se les implique en una nueva investigación por integrar una presunta organización criminal. La acusación por disturbios también se incluye en esta nueva versión de la investigación, pese a que ya se había archivado previamente.

Pese a ser una de las investigadas, Sánchez se enteró de esta nueva investigación dos semanas luego de acercarse a la Fiscalía, pues ella es una testigo clave en otro caso que involucra a la presidenta Boluarte: beneficios a proveedores del programa Qali Warma cuando ella era la titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (MIDIS).

En conversación con Cuarto Poder, Sánchez indicó que cree que Dina Boluarte “no me perdona decir la verdad”, luego de que durante las protestas en contra de la actual presidenta, se haya hecho viral un video en el que se puede ver a una oficial de la Policía Nacional del Perú (PNP) agrediendo verbalmente a una manifestante que se encontraba detenida en el suelo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde recibió alojamiento temporal.

Según la investigada, envió el video a la presidenta por medio de WhatsApp con el mensaje “Dina, solo le pido a Dios que todo lo que le hagas a mi pueblo te regrese multiplicado. Amén”. Una semana después de este hecho, fue intervenida por la Policía.

Durante la gestión de Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, el programa Qali Warma habría contratado los servicios de proveedores que presentaron certificados falsos para obtener contratos millonarios a su favor.

Entre estas se encontraba una llamada ‘Corporación Belcen’, propiedad de Cluteldo Beltrán, el hermano menor de Eduvigis Beltrán, quien se habría reunido con Boluarte y entregado 150 mil soles, aparentemente, a pedido de la ahora presidenta para financiar algunos gastos de la campaña presidencial.

Según el testimonio de Maritza Sánchez, fue la propia Boluarte quien habría sugerido el pago. Tiempo después y pese a que Belcen presentó documentación falsa —lo que debería ser motivo suficiente para no poder contratar más con el Estado— se firmaron contratos con esta compañía por un monto superior a 4 millones 700 mil soles. Con esto, los productos de la marca ‘Belini’, de propiedad de Belcen, fueron repartidos por este programa.

Esta versión estaría corroborada por Carlos Bustíos, propietario del local, quien indicó al portal El Foco que “hubo una reunión con un empresario que vende atún. La reunión fue antes que fuera presidenta, en mi local. Toda su mafia venía del club Apurímac. Usted vaya de incógnito a ese club y va a ver a Víctor Torres, él es su mano derecha. Él se encargaba de negociar con su hermano Nicanor [Boluarte]”

Marizta Sánchez, quien es testigo en este caso, indicó que “Beltrán viene muy temprano por la mañana a la oficina de Wilson y ahí estaba Dina, estaba Marcela [Saldarriaga] y yo tomando notas (…) Él comienza a hablarnos de Qali Warma. Que lo que quería hacer era un programa muy potente de seguridad alimentaria para los chicos en los colegios. Incluso había visto unos nuevos productos que podían ofrecerse”.