Tras más de un mes alejada de las cámaras, la suspendida exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, reapareció este viernes 1 de marzo en la audiencia de tutela de derechos que formuló en la investigación que se le sigue por presuntamente liderar una organización criminal.
En su intervención, Benavides deslizó que hay un “revanchismo, un sesgo político o ideológico” en su contra por las investigaciones contra el expresidente Pedro Castillo.
“Como narra Kafka, la ley debe ser accesible a todos y en todo momento porque, como nos recuerda el mismo autor, en un estado constitucional reina la paz y el orden cuando las leyes son cumplidas. Sin embargo, me enfrento a un proceso kafkiano donde no se ha respetado la Constitución ni la Ley 27399”, alegó.
Dicha norma establece que es el fiscal de la Nación quien conduce las investigaciones preliminares contra altos funcionarios. Benavides también rechaza que se haya derivado el caso al despacho de la fiscal suprema Delia Espinoza ya que considera que habría sido irregular.
“No me corro del sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial, solo exijo el respeto al debido proceso, una investigación seria y respetuosa del derecho de defensa sin sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos”, agregó.
Aseguró que fue fiscal de la Nación para “corregir las deficiencias y mejorar la función fiscal”. “Y ese sigue siendo mi ideal como peruana, funcionaria al servicio de nuestro quiero Perú”, añadió.
La audiencia
El abogado de Patricia Benavides, Christian Salas, argumentó el pedido de tutela de derechos con el que pide que se declare nulo la investigación realizada por el Equipo Especial contra la Corrupción en el Poder, se excluyan los chats que entregó el agente Roberto y se suspenda la investigación a cargo de Delia Espinoza.
De acuerdo con la defensa de Benavides, el Eficcop no tenía la competencia para investigar a Benavides Vargas por ser una alta funcionaria con prerrogativa de antejuicio político. Es decir, que solo puede ser indagada por el fiscal de la Nación o, en el caso de excusa, el fiscal supremo de mayor antigüedad.
Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial, en reiteradas entrevistas ha precisado que se investigó solo al entorno de Patricia Benavides: sus exasesores Jaime Villanueva, Miguel Angel Girao y Abel Hurtado. Debido a que había señalamientos hacia la exfiscal de la Nación, elevó un informe al titular del Ministerio Público, Juan Carlos Villena, para que evalúe las acciones.
En relación a los chats que entregó el agente Roberto, la defensa de la suspendida exfiscal de la Nación alega que no hubo una correcta cadena de custodia del mismo.
Finalmente, respecto al pedido para suspender las diligencias desplegadas por el despacho de Delia Espinoza, la defensa de Benavides sostiene que Juan Carlos Villena habría derivado irregularmente el caso.
Fiscalía refuta argumentos de Benavides
La fiscal suprema Delia Espinoza se presentó en la audiencia para defender la investigación a su cargo.
Eso sí, evitó pronunciarse respecto a los argumentos que dio la defensa contra el EFICCOP ya que, dijo, no puede defender ni validar una investigación que no está a su cargo. Invitó a los abogados de la exfiscal de la Nación a dirigir una nueva tutela de derechos no en su contra, sino contra el equipo especial que lidera Marita Barreto.
Espinoza Valenzuela sí defendió la delegación de competencia. Indicó que Juan Carlos Villena se excusó debidamente de conocer la investigación ya que, junto a Pablo Sánchez, le solicitó a Patricia Benavides renunciar al cargo.
Incluso, la fiscal suprema mostró un acta de una sesión de Junta de Fiscales Supremos donde Villena y Sánchez reiteran su pedido a Benavides para que dimita, a lo que la exfiscal de la Nación les respondió: “Creo que están adelantando opinión”.
“¿Cuál es el agravio? ¿Cuál es la verdadera pretensión? Simplemente que toda la investigación correctamente avanzada se venga a fojas cero. Eso sí sería ir contra el derecho y contra el debido proceso. Por supuesto que tienen una estrategia de defensa, tienen su pretensión, que es válido, pero no está ajustada a derecho ni a la ley”, aseveró Delia Espinoza.