
En el corazón de la frontera entre Perú y Brasil, específicamente entre los departamentos de Loreto y Ucayali, y los estados brasileños de Amazonas y Acre, se está gestando una situación crítica que amenaza de manera constante la supervivencia de los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (Piaci), considerados entre los más vulnerables del planeta por depender exclusivamente de los recursos naturales que hay en sus territorios.
La problemática se sitúa en Yavarí-Tapiche. Un territorio destinado a ser la reserva más grande del país para estas comunidades nativas, donde se ha observa un rápido avance en cuanto a la presencia de cultivos de hoja de coca y actividades de deforestación, mientras que la presencia del Estado brilla por su ausencia.
De acuerdo a un reportaje de Epicentro, el área, que debería haber estado bajo protección debido a que se trata de una reserva indígena en Loreto, habría sido concedida a empresas privadas dedicadas a la explotación forestal a través de acuerdos, en su mayoría de manera ilegal.
Hoy en día, como resultado, en esta zona —antes repleta de una rica biodiversidad— se ven cientos de árboles derribados y más bien plantaciones de hoja de coca, lo que podría suponer la presencia de las otras economías ilegales en el lugar.

Cambios a Ley Forestal impactarían en el panorama
Según Pablo Chota, secretario general de la Organización Regional de los Pueblos Indígenas del Oriente (ORPIO), el creciente problema que enfrentan los territorios indígenas que viven y desplazan entre la Amazonía peruana y brasileña refleja un desinterés por parte de las autoridades respecto a las consecuencias devastadoras que la deforestación y el avance de las actividades ilícitas pueden tener sobre las comunidades indígenas y los bosques.
Bajo ese contexto, la situación se complica aún más por la modificación a la Ley Forestal y de Fauna Silvestre recientemente aprobada. Pues, según especialistas en materia ambiental, el cambio legislativo legaliza la tala de miles de hectáreas de bosque, lo que eleva el riesgo de transformar estas tierras ancestrales en corredores para las economías ilegales, tales como el narcotráfico y la tala ilegal.
Ivan Brehaut, periodista con más de 30 años de experiencia investigando delitos ambientales en la Amazonía, señala que en la frontera que atraviesa a Loreto —es decir, entre Brasil, Colombia y Perú— la expansión de cultivos ilícitos ha alcanzado niveles sin precedentes, con un incremento significativo en las plantaciones de hoja de coca, pese a los continuos esfuerzos del Estado por erradicarlas.

Critican a Mincul por no asumir responsabilidad
Según el Ministerio de Cultura (Mincul), cerca de 7,000 indígenas viven en condiciones de aislamiento o contacto inicial, los cuales pertenecen a 20 comunidades indígenas a lo largo de siete territorios ya reconocidos y otros siete aún en proceso de serlo.
La reserva indígena más extensa del país, Yavarí Tapiche, se localiza en la región de Loreto (Amazonía norte), teniendo su reconocimiento oficial en el año 2021, después de largos 17 años de trámites. Luego, en la misma línea, le sigue la reserva indígena de Napo Tigre, área que obtuvo su reconocimiento oficial este año.
Ambas forman parte de un extenso corredor territorial que alcanza hasta Brasil, conocido como Yavarí Trapiche, donde también se encuentra la reserva Isconahua, extendiéndose hasta el norte de Ucayali.
Mientras que otras dos reservas, Yavarí Mirín y Sierra del Divisor Occidental, aún esperan su reconocimiento a pesar de ya haber sido solicitadas.
De acuerdo a Orpio, el retraso en la creación y oficialización de estas áreas protegidas por parte del Mincul es un factor que permite el avance de las actividades ilegales, poniendo en peligro a los Piaci y sus territorios. Por tal razón, es crucial que se acelere este proceso para garantizar la preservación de estos pueblos y su entorno social ante amenazas externas.

Avance del crimen organizado trasnacional
Actualmente, el Yavari, situado en el Bajo Amazonas, se perfila como un nuevo epicentro de actividades delictivas controladas por el crimen organizado trasnacional. Desde febrero de 2020, distintas bandas criminales han extendido sus operaciones desde el alto Putumayo hacia este lugar.
Sobre ello, el investigador en narcotráfico, Jaime Antezana, explica que dicha situación demuestra que el corredor indígena ha servido no solo como punto de entrada sino que ahora se ve como un área de crecimiento y fortalecimiento para estos grupos ilegales.
Además, la situación se complica con la presencia y confrontaciones entre facciones criminales de gran poder, como el Primer Comando Capital y el Comando Vermelho, organizaciones brasileñas de renombre por sus extensas redes de narcotráfico y actos violentos.
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