Marco Falconí, nuevo miembro de la JNJ, se opuso a la penalización del feminicidio en 2011

El último martes 27 de febrero, en horas de la tarde, el defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez Condor, tomó juramento al excongresista Marco Tulio Falconí Picardo como nuevo miembro titular de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) luego de que se diera a conocer la sentencia del Tribunal Constitucional, la cual fue publicada el lunes 26.

En dicha resolución, el TC declaró fundada la demanda de amparo contra la Comisión Especial, encargada de elegir a los juristas que integran la JNJ. Así, Falconí Picardo culminará lo que resta del periodo 2020 - 2025; sin embargo, su presencia ha generado una ola de críticas en la ciudadanía, entre las que destaca su postura en contra de la penalización del feminicidio durante una de las iniciativas presentadas en el 2011.

En el 2011, la entonces titular del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, Aida García Naranjo, durante el Gobierno de Ollanta Humala Tasso mostró su apoyo a la iniciativa a favor de la penalización del delito de feminicidio, que fue impulsada por la congresista fujimorista Luisa María Cuculiza, quien era presidenta de la Comisión Mujer y Familia.

No obstante, durante el debate del 20 de septiembre, en la Comisión de Justicia, la propuesta se encontró con una gran oposición, incluso fueron invitados al debate la doctora Karla Maraví, miembro de la Coordinadora Nacional de Unidos por la Vida, y el doctor Carlos Polo, de otra organización con la misma postura.

Marco Falconí Picardo, congresista de Perú Posible por Arequipa, fue uno de los opositores de estas iniciativas. De acuerdo al archivo del Parlamento, el legislador indicó que la “Comisión de Justicia no es un tribunal de la Santa Inquisición”.

Finalmente, el debate culminó con la votación. Los congresistas Mavila, Jara, Gastañadui y Benítez se mostraron a favor, mientras que los legisladores Rosas, Chehade, Salazar, Díaz y Falconí se pronunciaron en contra.

En otro momento de la sesión de la Comisión de Justicia, Falconí precisó —de forma equivocada— que en el 2011 se iban contabilizando 56 feminicidios. “Respecto de 15 millones de mujeres, ¿tendríamos qué? 0,000000373. Por este hecho, ¿nosotros podemos hacer una regulación especial?”, apuntó.

Las cifras compartidas por el entonces parlamentario fueron, posteriormente, desmentidas por diferentes autoridades y entidades del Perú. De esta forma, según reveló el Ministerio Público, entre enero y diciembre del 2011, se contabilizaron 116 víctimas de feminicidio a nivel nacional, de los que el 87% fue perpetrado por una pareja o expareja.

Sin embargo, esta problemática ya venía en aumento, por lo que se realizaron diferentes propuestas legislativas para incluir este delito en el Código Penal. Como parte de su participación en dicho debate, desde la organización feminista Manuela Ramos, indicaron que en el año 2009 se reportaron 135 feminicidios y el 86% se trató del tipo íntimo.

En tanto, en el año 2010, se contaron 109 feminicidios, 81% fueron ejecutados por parejas o exparejas y el 16% había puesto una denuncia previa. Jennie Dador, de Manuela Ramos, compartió también los resultados de una encuesta que evidenciaba el sesgo machista que imperaba en la sociedad: el 38% de los varones alguna vez casado o conviviente señaló que la violencia física hacia la mujer estaba justificada si era infiel.

Marco Falconí, nuevo miembro titular de la Comisión Especial para la elección de la JNJ, fue el blanco de críticas luego de que investigaciones revelaran que intentó validar de forma no legítima sus estudios ante esta entidad. La anomalía se descubrió al verificar la inexistencia de su afiliación a una “institución militar”, por la cual se descontaron puntos de su evaluación.

Además, en enero de 2020, un reporte del diario El Comercio destapó interacciones telefónicas con César Hinostroza y Tomás Aladino Gálvez. Dichas comunicaciones sugieren una posible vinculación con los implicados en actividades ilícitas dentro del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Hinostroza, quien actualmente se encuentra evadido de la justicia, fue identificado como líder de una agrupación criminal alojada en dicho consejo; mientras que Gálvez, con funciones anteriores como fiscal supremo, también figura como miembro de esta presunta red delictiva.