Extorsiones en Trujillo no cesan: dueños de colegios, tiendas y empresas reciben amenazas si no pagan cupos de S/50 mil

La creciente inseguridad y el aumento de la delincuencia han desencadenado un incremento alarmante de extorsiones en todo el país. Según reportes del Sistema de Denuncias de la Policía (Sidpol), los casos de este delito aumentaron un 44% el año pasado, superando los 22 mil incidentes a nivel nacional.

En particular, en regiones como Trujillo, la situación es especialmente preocupante. La capital de La Libertad se ve sacudida por una ola de violencia y criminalidad que sumerge a sus habitantes en un constante estado de inquietud. A pesar de los esfuerzos de las autoridades, la situación parece estar lejos de mejorar.

Los empresarios y propietarios de negocios se encuentran entre los blancos preferidos de los delincuentes. Recientemente, en un lamentable incidente, se halló un explosivo frente a la institución educativa San José School, acompañado de una carta extorsiva que exigía un pago de S/ 90 mil para evitar represalias contra la vida de los propietarios.

Este caso no está aislado. El colegio Augusto Salazar Bondy también fue blanco de la amenaza cuando se descubrió un cartucho de dinamita frente a sus instalaciones. Afortunadamente, la rápida acción policial evitó una tragedia, pero el mensaje escrito dejado por los extorsionadores era claro: “La tranquilidad de tus alumnos vale 50 mil, que me llamen”.

La lista de víctimas no termina ahí. El empresario William Guzmán, además de ser excandidato a la alcaldía del distrito de El Porvenir, sufrió un atentado en su vivienda donde se detonó un explosivo, provocando un incendio en su hogar. Guzmán señaló que estos actos ocurrían desde días anteriores, cuando una nota amenazante fue dejada junto a un cartucho en su propiedad.

El 24 de febrero, otro incidente tuvo lugar en una panadería del distrito de El Porvenir, donde los delincuentes arrojaron un explosivo y exigieron a la propietaria el pago de S/ 50 mil para evitar represalias contra su vida y la de su familia.

El incremento notable de secuestros, robos, extorsiones y otros delitos en la ciudad norteña de Trujillo ha desviado la atención de sus encantos, que la destacaron como una de las provincias más hermosas para el Perú y el mundo. En respuesta a esta situación, el Ejecutivo tomó la decisión el pasado 14 de febrero de declarar estado de emergencia en Trujillo y Pataz por un período de 60 días. La medida busca hacer frente a la creciente ola de criminalidad, especialmente impulsada por la minería ilegal.

Según Rubén Vargas, exministro del Interior, la repetida aplicación del estado de emergencia desde el gobierno de Ollanta Humala hasta la actualidad refleja la falta de una estrategia clara por parte de los gobiernos para abordar el problema de la inseguridad. El experto señala que el estado de emergencia, lejos de resolver la situación, es una medida mediática que carece de un enfoque efectivo para afrontar la complejidad de la inseguridad en el país.

El análisis de Vargas destaca la ausencia de liderazgo y estrategia en la actual coyuntura, describiendo la situación como la peor crisis en materia de seguridad en la historia republicana del Perú. La violencia extrema, como los ataques con granadas y los asesinatos ejecutados por sicarios, ilustran la gravedad del problema que enfrenta el país.

En este contexto, el estado de emergencia se presenta como una medida urgente ante una situación de gran complejidad, pero también señala la necesidad de abordar el problema de manera integral, con estrategias a largo plazo y un compromiso político decidido para garantizar la seguridad y el bienestar de todos los ciudadanos.