La Red de Ollas Comunes de Lima ha convocado a una movilización frente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) para solicitar cambios en la legislación que afecta su funcionamiento. La principal demanda es la modificación de la normativa que obliga a las ollas comunes a estar separadas por una distancia de al menos 500 metros, una medida que, argumentan, dificulta su operación en zonas con alta densidad poblacional y geografía variada, como lo es gran parte de Lima Metropolitana.
El llamado a protesta surge ante la preocupación de que la actual reglamentación establecida por el Midis limite su reconocimiento y formalización como Organizaciones Sociales de Base (OSB). De esta manera, al no cumplir con el requisito, no serán registradas como Programa de Complementación Alimentaria, lo que impide que reciban alimentos por parte de las municipalidades.
Alrededor de 3.980 ollas comunes hoy en día proveen alimentación a miles de personas a nivel nacional. Según un análisis realizado por Eduardo Zegarra, economista agrario e investigador de Grade, bajo las actuales normas del Midis aproximadamente un 77% de las ollas comunes se vería imposibilitado de operar debido a la estipulación de la distancia mínima de 500 metros entre una y otra.
Esta situación afecta en mayor medida a Lima y Callao, donde el porcentaje de ollas que no cumplen con la regla alcanzaría el 90% y 98%, respectivamente. Estos datos sugieren que la medida no solo es impracticable, sino que podría dejar a un vasto número de ciudadanos sin acceso a este esencial servicio comunitario.
La Red de Ollas Comunes de Lima ha expresado su firmeza en la lucha por ajustes regulatorios que permitan el continuo apoyo a comunidades necesitadas, enfatizando su resistencia a aceptar soluciones que consideran insuficientes o temporales.
Líderes de las ollas comunes como Fortunata Palomino y Cristel Mejía han expresado, en diálogo con El Comercio, su preocupación por la dificultad de cumplir con la regulación de distanciamiento, especialmente en zonas con geografía complicada y donde las ollas están muy próximas entre sí. Esta cercanía se debe al objetivo de que los beneficiarios, principalmente ancianos y niños, no tengan que desplazarse largas distancias para obtener alimentos.
Además, algunas municipalidades ya han advertido a las ollas comunes que no recibirán productos y alimentos de primera necesidad si no cumplen con el criterio de 500 metros de separación.
Jessica Huamán, decana del Colegio de Nutricionistas de Lima, ha expresado, a través de sus redes sociales, la importancia de diseñar políticas públicas en conjunto con la ciudadanía y no desde perspectivas alejadas de la realidad social.
Midis responde
Karim Jiménez, del Midis, aseguró a El Comercio que todas las ollas comunes registradas en el sistema serán atendidas por las municipalidades en 2024, sin importar si forman parte del PCA. Además, se está trabajando en un decreto supremo para flexibilizar los criterios de reconocimiento de las ollas comunes y garantizar su abastecimiento. Este ajuste busca evaluar el caso de cada olla común, tomando en cuenta su cercanía y asegurar que ninguna se quede sin apoyo.
“Frente a esta denuncia, es importante indicar que hace meses se está solicitando la modificación de la reglamentación de la Ley de Ollas Ollas Comunes, haciéndose caso omiso a dicha solicitud”, compartió Zegarra, quien también enfatiza en que así “sean el 30% de ollas comunes afectadas a nivel nacional (como menciona el MIDIS en una entrevista), si estas se cierran, significaría que se da el cierre a más de 1100 ollas comunes, las cuales alimentan a miles de peruanos, entre ellos niños y adultos mayores”.
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