En el año 2023 el Ministerio de Vivienda al mando de Hania Pérez de Cuéllar, celebró que se “destrabara” el proyecto ‘96 AAHH Piura’, que estaba destinado a ofrecer agua potable y alcantarillado a 96 asentamientos humanos en los distritos de Piura y Castilla. El monto destinado a la ejecución era de S/ 561.7 millones y se procedió a realizar un concurso público para su adjudicación.
Sin embargo, la obra, que debía realizarse ese año, fue paralizada y su licitación fue suspendida. ¿El motivo? La compañía ganadora, China Tiesiju Civil Engineering Group Sucursal del Perú (CTCGE), no presentó documentos que acreditaban su experiencia en este tipo de obras, sino que envió información de otra compañía.
Aunque la licitación fue otorgada el 16 de febrero de ese año, no fue hasta que la Contraloría General de la República encontró deficiencias en el proceso el 13 de marzo que el Ministerio de Vivienda decidió anularla, aunque esto se hizo efectivo el 30 de mayo, más de tres meses después. Los tres funcionarios implicados que otorgaron la buena pro a ‘Tiesiju’ también fueron destituidos de sus cargos.
El Ministerio de Vivienda cumplió con informar del hecho a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción, que encontró serias deficiencias en el proceso y que levantarían sospechas sobre la implicancia de los funcionarios en un supuesto favorecimiento para la empresa china:
- La propuesta que la constructora China Tiesiju Civil Engineering Group envió, que consistía de 14 documentos clave, no fue verificada en su totalidad antes de que se le otorgara la buena pro.
- Solo se revisó el 25.5 % de la propuesta enviada por la empresa. Sin embargo, el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) elaboró un informe favorable para la constructora en la que se indica la veracidad de la información ofrecida sin que se haya realizado una evaluación de los documentos en idioma chino.
- En principio, la participación de ‘China Tiesiju’ no debió de permitirse pues en el mismo proceso de licitación también se encontró en la lista de participantes a empresas pertenecientes a la compañía matriz: China Railway Group Limited, que se encuentran registradas como proveedores del Estado.
Sin embargo, la verificación clave para suponer que habría existido un favorecimiento a ‘China Tiesiju’ es que los funcionarios del PNSU no realizaron una traducción al español de los documentos relacionados con la experiencia previa de la empresa en este tipo de obras de saneamiento.
“(...) en todos ellos se consigna como ejecutor de la obra en idiograma chino, cuya traducción literal es China Railway Fourth Bureau Group Co. Ltd., denominación diferente a la de la matriz del miembro del consorcio ganador China Tiesiju Civil Engineering Group Co. Ltd.”, se indica en el documento de la Procuraduría. Aunque los nombres sean parecidos, se trata de una empresa completamente diferente.
El especialista de la Procuraduría concluyó que: “La documentación presentada por el postor ganador de la buena pro para acreditar el requisito de calificación de experiencia no es fehaciente, pues no existiría coincidencia entre la traducción literal del nombre del contratista que obtuvo la experiencia y su propia denominación inscrita en los Registros Públicos”.
Es por eso que la empresa habría ‘engañado’ al Comité de Selección del PNSU, aunque no se ha descartado un presunto favorecimiento para la compañía china por parte de sus (ahora) exintegrantes. De hecho, la Fiscalía especializada en Corrupción de Funcionarios ya inició un proceso de investigación en contra de los implicados por presunta colusión y negociación agravada.
La investigación, según reportó La República, también incluye a los representantes de Tiesiju en el Perú, Lin Qingfeng; y al de la compañía JPC Ingenieros, Martín Camus Dávila, con quien se conformó el ‘Consorcio Piura-Castilla’. Ambas fueron las ganadoras de la licitación que fue reiniciada por el PNSU meses después.
Licitación de la obra sigue su curso y ‘China Tiesiju’ se mantendría como participante
Luego de que el proceso de licitación se haya cancelado y el contrato no fuese firmado por el Ministerio de Vivienda, tal como lo indicó a La República el representante chino de Tiesiju en el Perú, Lin Qingfeng; el PNSU reinició el concurso de contratación dos veces: la primera en agosto del 2023 y la segunda el 22 de noviembre de ese año.
Sin embargo, un pronunciamiento emitido por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) el 24 de enero del 2024 se refiere a China Tiesiju Civil Engineering Group Sucursal del Perú (CTCGE) como un ‘participante’ que realizó consultas sobre el proceso.
Esto se debe a que, según la ley en el Perú, para que un proveedor sea impedido de participar de un acto de licitación, es necesaria una sentencia firme en su contra, algo que por el momento no se cumple en el caso de ‘China Tiesiju’.
En conversación con La República, Lin Qingfeng, representante de la compañía constructora en el Perú, indicó que “nosotros no hemos sido notificados. Desconocemos que exista una investigación en contra nuestra”.
Empresa involucrada en la investigación del ‘Club del Dragón’
Los inconvenientes legales de la empresa China Tiesiju Civil Engineering Group Sucursal del Perú (CTCGE) no solo se producen por la irregularidades que rodean la buena pro que le fue otorgada en el proyecto ‘96 AAHH Piura’, sino que además fue mencionada junto a su compañía madre ‘China Railway Tunnel Group’ en una investigación realizada por el Congreso de la República.
El informe final, que consta de 164 páginas, reporta una serie de diversos hechos irregulares en la obtención de las licitaciones en los que diversos funcionarios habrían incurrido en graves fallos que habrían permitido que compañías chinas pudieran firmar contratos millonarios con ministerios, alcaldías, gobiernos regionales, etc. por obras que, en algunos casos, siguen inconclusas. A estas se les denominó con el nombre ‘Club del Dragón’.
La investigación concluyó que las irregularidades no son recientes, sino que se habrían producido hasta en tres periodos presidenciales, por lo que se incluyó los nombres de los mandatarios Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo entre los implicados.
El documento presentado por la Comisión Multipartidaria indica que se habría gestado una “presunta organización criminal, integrada por funcionarios públicos de diversos niveles del poder ejecutivo, y otros integrantes pertenecientes a empresas constructoras (...)”
Además, se afirma que estos funcionarios habrían actuado bajo las órdenes de los expresidentes para favorecer “a las empresas constructoras de la República Popular China para inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores (RNP), obtener buenas pro para ejecutar obras y servicios en los diversos niveles de gobierno (...) a cambio de obtener dinero ilícitamente”.