Fuerza Popular, el partido que lidera Keiko Fujimori, solicitó este martes al fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, apartar de inmediato a los fiscales del equipo especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez, del caso Cócteles y otros procesos en los que la agrupación política está implicada.
El petitorio fue interpuesto por la exparlamentaria Liliana Takayama, abogada del partido naranja, “al amparo de los derechos constitucionales al debido proceso, a la presunción de inocencia, al principio de objetividad fiscal recogido en la Ley Orgánica del Ministerio Público y a los principios de la ley de la carrera fiscal”.
La letrada también ha enviado un oficio a la Junta Nacional de Justicia (JNJ), máximo órgano de la Judicatura, para pedir la suspensión preventiva de ambos magistrados “por la presunta comisión de faltas disciplinarias graves”, al igual que exfiscal general, Pablo Sánchez.
El juicio oral contra Keiko Fujimori y otros 45 imputados por el presunto delito de lavado de activos empezará el próximo 1 de julio y responde a los millonarios aportes recibidos de empresas como Odebrecht para financiar presuntamente las campañas presidenciales del 2011 y 2016. El entorno más cercano de la política ―incluido su exesposo, Mark Vito— participó aparentemente como intermediario.
Por este caso, la lideresa ha estado en prisión preventiva en dos ocasiones entre 2018 y 2020. A raíz de los cargos, el fiscal José Domingo Pérez pidió 30 años y 10 meses de cárcel en su contra y la disolución de Fuerza Popular, bajo el argumento de que ha sido creado por una presunta organización criminal.
El fujimorismo es actualmente una de las bancadas más numerosas en el Congreso y ejerce oposición contra el gobierno de Dina Boluarte, que sucedió en el cargo a Pedro Castillo (2021-2022), el postulante que venció a la heredera del exdictador en las elecciones del 2021. Sin embargo, recientemente, el exdictador Alberto Fujimori reveló un pacto para que la mandataria siga hasta el 2026.
Aunque Keiko ha dicho públicamente que está preparada para sentarse en el banquillo, también comentó que pedirá la nulidad de la acusación ante las declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva, quien dio cuenta, entre otras cosas, de supuestas coordinaciones entre la suspendida fiscal Patricia Benavides y la congresista fujimorista Martha Moyano.
Según Villanueva, Moyano le pidió a Benavides el retiro de Vela y Domingo Pérez del equipo Lava Jato; y hubo una supuesta injerencia del director de IDL-Reporteros, Gustavo Gorriti, en las investigaciones que llevaban ambos magistrados, un extracto que fue tomado como revelación.
“Nosotros no tenemos problema con el proceso, pero creo que después de conocidos todos estos hechos lo que corresponde es la nulidad, porque esto ha sido una persecución armada, tramada, preparada por gente que lo único que buscaba era el odio y la venganza”, dijo Keiko en RPP.
El acta de enjuiciamiento, que recoge las pruebas fiscales presentadas y admitidas por el juez Víctor Zuñiga, del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria, indica que la presunta red criminal —Fuerza Popular—, a través de su alta dirección, lavaron activos de origen ilícito que, luego, introdujeron en las cuentas del partido.
El Ministerio Público sostiene que se empleó la modalidad del “pitufeo”—dividir un gran aporte monetario en pequeñas transacciones— con falsos aportantes, y otras actividades simuladas como “cócteles” o “rifas” para el blanqueo del dinero, según una reseña de Ojo Público.
De este modo, el partido naranja lavó más de USD 17′307.359 entre 2010 y 2016, de acuerdo con la tesis fiscal. Todo ese dinero, según la acusación, fue blanqueado por la organización para evitar declarar a los verdaderos aportantes en sus reportes de campaña de Fuerza 2011, en 2011, y de Fuerza Popular, en 2016.
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