La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán (2011-2014), acusada de recibir millonarios aportes ilegales de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS, disfruta del verano en una lujosa casa frente al mar en Lurín, cinco años después de admitir que recibió dinero de esas firmas para financiar la campaña contra su revocatoria.
Imágenes captadas la semana pasada por Panorama muestran a la exburgomaestre durante una jornada de ejercicios en una piscina, el mismo día en que el Ministerio Público allanaba el inmueble de Carlos Juscamaita, exfuncionario municipal y uno de sus excolaboradores durante la campaña.
Según la tesis fiscal, a cambio de los sobornos —más de 10 millones de dólares―, Villarán cedió la concesión de los peajes Rutas de Lima y Línea Amarilla, un caso que se encuentra en etapa de control de acusación y por el que se enfrenta a un pedido de 29 años de cárcel por los delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genética y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La política, quien acumula más de cuatro años de restricciones a su libertad tras cumplir medidas de comparecencia con restricciones, prisión preventiva y detención domiciliaria, fue la primera mujer en ser elegida alcaldesa de Lima de manera democrática y representó al movimiento izquierdista Fuerza Social; sin embargo, en 2013 afrontó un referéndum —promovido por sus opositores— para ser destituida.
En ese contexto, se enroló en una gran campaña electoral por el “No” a la revocatoria que, según la tesis fiscal, habría recibido apoyo económico de las constructoras brasileñas. En 2021, el Poder Judicial rechazó un pedido fiscal para prolongar su prisión preventiva, aunque ordenó contra ella una serie de restricciones, que incluyen el impedimento de viajar al extranjero y comparecencias ante instancias judiciales cuando se le solicite.
Para no aceptar la prórroga solicitada por la Fiscalía, el juez hizo hincapié en la avanzada edad de la Villarán y las secuelas que dejó el coronavirus en su salud, un cuadro que se condice con las imágenes expuestas recientemente. Según el dominical, la casa donde fue vista la exautoridad está a nombre de su hermano, de modo que no puede ser intervenida o allanada.
Se trata de una construcción de cinco pisos erigida en una zona exclusiva y no en un asentamiento, como consignó durante una audiencia. En junio de 2017, el edificio fue multado por la municipalidad de Lurín por exceder los niveles permitidos (el máximo de plantas eran tres).
Cada casa de la zona tiene un muro que delimita la distancia que debe respetar de la playa si es que desea seguir construyendo; sin embargo, los Villarán excedieron diez metros de piscina, un patio y un muro que invade la playa. Otro de los investigados —el exgerente municipal José Miguel Castro— fue captado mientras practicaba footing por las calles de Miraflores, pese a que, según la tesis fiscal, coordinó con el exdirectivo Jorge Barata la entrega del dinero para financiar las campañas de su exjefa.
Barata fue director ejecutivo de Odebrecht en Perú desde 2011 hasta 2016 y se acogió a la figura de colaboración eficaz en casos que involucran tanto a los expresidentes Ollanta Humala (2011-2016), Alejandro Toledo (2001-2006) y Alan García (2006-2011), quien se suicidó cuando iba a ser detenido en su casa.
Perú fue uno de los doce países de Latinoamérica donde la firma brasileña ha reconocido que pagó millonarios sobornos a cambios de obtener grandes contratos en obra pública, lo que además acompañó con donaciones irregulares a las campañas electorales de los principales candidatos a la Presidencia.