El Ministerio Público ha solicitado al Poder Judicial autorizar el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, como parte de la investigación preparatoria que implica al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, por la presunta comisión de delitos de función en un caso vinculado a las pesquisas de Lava Jato en el país.
Según un documento de la Segunda Fiscalía Suprema Transitoria Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos citado por RPP, el requerimiento también salpica a los excongresistas Jorge del Castillo, Daniel Salaverry, Rosa Bartra, Karina Beteta, Bienvenido Ramírez, así como los exasesores del partido naranja, Pierre Figari, Ana Herz y Vicente Silva Checa, y otras cinco personas.
El despacho fiscal demandó que las empresas de telecomunicaciones remitan el registro de las comunicaciones de estas personas “vinculadas con los investigados” respecto al periodo comprendido entre el 1 de julio de 2018 al 31 de enero de 2019.
La medida también comprende a Chávarry y sus exasesores Juan Duarte, Rosa Venegas, Aldo León, además de otros cuatro imputados en este caso. El juez supremo Juan Carlos Checkley programó para el jueves 29 de febrero una audiencia virtual “reservada” en la que evaluará la solicitud para emitir una decisión.
El caso
Chávarry, acusado de delitos de atentado contra la conservación e identidad de objeto, encubrimiento real y encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, fue investigado después de que las cámaras de seguridad del edificio del Ministerio Público mostraron que estuvo presente cuando su exasesora Rosa Venegas ingresó a las oficinas que habían sido lacradas un día antes por el fiscal anticorrupción José Domingo Pérez.
El suspendido integrante del equipo Lava Jato había allanado las oficinas del exasesor de Chávarry, Juan Manuel Duarte, en el marco de la investigación que sigue contra Fujimori, quien por entonces cumplía prisión preventiva por presuntamente haber recibido dinero ilegal de la constructora Odebrecht.
La diligencia, en la que Pérez buscaba incautar documentos sobre presuntos vínculos con el fujimorismo, tuvo que paralizarse por un error formal en la numeración de las oficinas a allanarse, por lo que el fiscal ordenó que el lugar fuera precintado.
Sin embargo, las cámaras registraron que al día siguiente llegaron al edificio Chávarry, sus asesores y miembros de su seguridad, tras lo cual Venegas declaró que el entonces fiscal general les ordenó ingresar ilegalmente a la oficina y retirar documentos.
En mayo de 2019, la exfiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentó una denuncia constitucional a raíz de este caso. El expediente enviado al Congreso consta de 1.490 folios y una carpeta auxiliar de otros 113 folios, referidos a la irrupción de funcionarios en las oficinas lacradas del Ministerio Público.
Chávarry, también vinculado con una red de corrupción en la Judicatura conocida como ‘Los cuellos blancos del puerto’, fue condenado en septiembre de 2021 a cuatro años de prisión suspendida (sin ingresar a la cárcel) por haber intentado boicotear las investigaciones del equipo especial que sigue el caso Odebrecht para favorecer los intereses de Fuerza Popular.
En su acusación, la fiscal Bersabeth Revilla aseguró que el magistrado exigió información al equipo Lava Jato sobre el acuerdo de colaboración con la empresa constructora brasileña, pese a que era reservado, y luego removió de sus cargos a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez en medio de un enfrentamiento público.
Chávarry renunció al cargo de fiscal general el 7 de enero de 2019, en medio de grandes manifestaciones ciudadanas en su contra, aunque se mantuvo como fiscal supremo hasta el 28 de agosto de 2020, cuando fue suspendido durante 18 meses por el Poder Judicial para que dejara de contar con protección legal.
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