La abogada y economista Carmen Giordano Velásquez (48), amiga íntima de la presidenta, percibe 15 mil soles mensuales desde que Dina Boluarte llegó a Palacio de Gobierno, según un reportaje difundido este domingo por Cuarto Poder.
La allegada de la mandataria, que además intentó ser Parlamentaria Andina sin éxito en 2006, solo trabajó en dos notarías hasta esa fecha y apenas ha realizado tres asesorías externas para municipios y gobiernos regionales, de acuerdo con un informe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y una declaración jurada actualizada, respectivamente.
Sin embargo, pese a su breve hoja de vida, fue contratada por la entonces vicepresidenta en noviembre del 2021 como consultora de su despacho en Palacio. Desde entonces, ha ganado un total de 405 mil soles, frente a los 176 mil que recibió su exesposo, Francisco Valerio, por servicios en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social que dirigió Boluarte.
Ingeniero industrial, magíster en administración de empresas, youtuber y actual docente de la Universidad Continental, Valerio ha obtenido esa cantidad del erario nacional desde noviembre del 2021 hasta enero de este año, aunque su exesposa lo desconoce. “No sé, no tengo información. [...] Coincidencias siempre van a ver, pero no es algo que dependa de mí”, dijo Giordano al dominical.
De acuerdo con el reportaje, Boluarte conoció a la letrada en el Colegio de Abogados de Lima, donde ambas postularon en una lista que buscaba ocupar el decanato y que fue presidida por William Contreras, un hombre fundamental en la vida profesional y política de ambas. El nombre de Giordano también figura en una agenda donde la docente Maritza Sánchez, cercana al expresidente Pedro Castillo, registró las reuniones que tuvo Boluarte durante la contienda electoral.
La misma profesora denunció que los empresarios Henry Shimabukuro y Eduvigis Beltrán aportaron fuertes sumas de dinero a la campaña de la ahora mandataria para acceder a programas de ayuda con el Estado y obtener a personas cercanas en altos cargos públicos.
Hace dos semanas, Giardano se dejó ver junto con Boluarte en el funeral de William Contreras, el expostulante al decanato del Colegio de Abogados de la capital. En las exequias también se hizo presente la cúpula del Ejecutivo y el hermano de la presidenta, Nicanor Boluarte, investigado en el fuero fiscal por tráfico de influencias.
Imágenes difundidas por el dominical evidenciaron que la abogada hablaba con Boluarte sin intermediarios, al igual que con el jefe de Gabinete, Alberto Otárola, y con el actual ministro de Desarrollo, Julio Demartini, en cuya gestión su exesposo logró sus últimos cinco contratos.
Giordano no mencionó a su excónyuge en su declaración jurada de intereses, una decisión deliberada que, para Mónica Yaya, especialista en contrataciones del Estado, podría calificar como tráfico de influencias.
“Si ambos tienen hijos en común, el patrimonio del exesposo es algo de interés de la funcionaria pública, por lo tanto, sí tenía que revelar esa información”, apuntó la experta. El despacho de Boluarte no contestó si conoce a Valerio ni si tenía conocimiento de su súbita contratación como proveedor del Estado.
Lo que sí remarcó que Giordano cumple con los requisitos para mantenerse en el cargo y que su contratación pasó por los filtros conforme a ley. El informe también recogió que el director general de la Oficina de Administración de Palacio, Rafael Velásquez, es otro amigo de la abogada y que incluso fue a visitarla en enero de 2022, una cita que ella niega.
La semana pasada, durante el primer Consejo de Estado Municipal, Boluarte negó que su gobierno realice contratos “bajo la mesa” y lobbies. El último fin de semana, además, pidió a la prensa informar lo positivo “que está haciendo” durante su mandato, que ha alcanzado el 85% de desaprobación ciudadana.
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