Han pasado nueve meses desde que se publicó la Ley 31749, que reconoce y protege la pesca tradicional ancestral y la pesca artesanal en las primeras cinco millas del mar peruano, y, a la fecha, el Ministerio de Producción (Produce), a cargo de Ana María Choquehuanca, no cumple con su obligación de reglamentarla para hacerla efectiva.
La esperada reforma, que llega tras 30 años de la última actualización, introduce categorías de pesca no contempladas anteriormente, entre otros aspectos que han sido objeto de debate durante años, en un esfuerzo por modernizar la ley y abordar todas las necesidades actuales del sector.
Sin embargo, aunque esta fue promulgada como una respuesta urgente para atender la desigualdad en el acceso a los recursos pesqueros y proteger el ambiente marino, la demora en la implementación de su reglamento ha colocado en jaque su recuperación y conservación, causando impactos a nivel económico como ecológico.
En ese marco, los pescadores artesanales se configuran como uno de los grupos del sector más golpeados por este problema, quienes, representados por algunos de sus dirigentes, han señalado a Infobae Perú que, hasta el momento, no han tenido acceso a un borrador del reglamento.
Esto a pesar de que el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), en sus esfuerzos por dotar de un marco normativo a las actividades pesqueras, ha venido realizando talleres para brindar información acerca de la nueva ley.
De acuerdo a sus declaraciones, únicamente, han recibido explicaciones en torno a la norma y recolectado sus aportes, sin que se esclarezca el panorama sobre la implementación de la Ley 31749, lo que ha generado un ambiente de incertidumbre en torno a su futuro productivo y económico.
Especialmente más luego que, hace unos días, denunciaran que Álex Guardia, funcionario de Imarpe —institución responsable de socializar la norma junto con Produce— asegurara en un taller con participación de pescadores de la región Macro Sur, en Ilo, Moquegua, que la norma perjudicará a las embarcaciones artesanales a motor, a pesar que dicha afirmación no es correcta.
Ante ello, los pescadores artesanales manifiestan que estas inconsistencias, entre otros hechos vinculados al impacto actual del vacío regulatorio, no solo compromete sus derechos laborales, sino también el manejo sostenible y responsable de los recursos marinos en el litoral peruano.
El año pasado, a mediados de noviembre, Henry Palma García, pescador artesanal de la provincia de Huara, interpuso una demanda de acción de cumplimiento contra Produce en respuesta a los retrasos por parte del Gobierno en publicar la Ley 31749.
Para ese entonces, la normativa —aprobada el 20 de mayo de 2023— destinada a regular la pesca artesanal dentro de las cinco millas marítimas, ya debía contar con su reglamentación correspondiente.
Esto con el propósito de que los pescadores artesanales ejerzan plenamente su derecho al acceso y aprovechamiento de las zonas de pesca cercanas a la costa, que juegan un papel crucial como lugares de reproducción y crecimiento de diversas especies marinas, y refugios para algunos animales, particularmente durante el Fenómeno El Niño.
En aquel momento, el proceso iniciado por el pescador de Huara fue respaldado por la Federación de Pesca Artesanal de Arequipa (FEPAR), que igualmente expresó su descontento a través de comunicados, acusando directamente a Ricardo Contreras Calla, titular de la Dirección General de Pesca Artesanal, de postergar deliberadamente la puesta en marcha de la ley para beneficio propio y de la comunidad pesquera.
Pero, aunque este camino legal buscó subsanar el retraso de Produce en la elaboración del reglamento, fuentes de Infobae Perú indican que, a la fecha, el proceso no ha avanzado más allá de la notificación inicial a las partes implicadas.
Mientras tanto, en paralelo, los pescadores artesanales y las embarcaciones de menor escala (semiindustriales), grupos que todavía compiten directamente por los mismos recursos, continúan operando dentro del mismo rango de hasta cinco millas náuticas desde la costa.
Carmen Heck Franco, directora de Políticas de Oceana en Perú —organización internacional que impulsa la conservación de los océanos— explica que esta situación en particular coloca en desventaja al pescador artesanal.
Pues, al no distinguirse adecuadamente entre estas dos categorías, se permite que ambos grupos operen en las mismas áreas. Esto teniendo en cuenta que el pescador artesanal es reconocido como aquel que recolecta las redes de pesca con predominio de un trabajo manual, mientras que los pescadores o embarcaciones de menor escala, si bien no llegan a ser industriales, utilizan los mismos aparejos de pesca mecanizados.
Por ello, se genera una competencia desigual y, a la vez, la explotación de los recursos marinos con posibles impactos para la biodiversidad y la sostenibilidad de estas áreas.
“Esa diferencia es clave, porque, hoy, se les trata igual a ambos, al artesanal y al semiindustrial, entonces, ambos pescan en las mismas zonas mezclados. Todos dentro de las cinco millas. Tienes en un solo espacio embarcaciones pequeñas, selectivas, de muy bajo impacto, y, al mismo tiempo, semiindustriales con un impacto mucho mayor y un poder pesca mucho mayor también”, detalla Heck.
Por tal razón, agrega la especialista, con la ausencia del reglamento aprobado, se obstruye la fiscalización efectiva de la actividad pesquera.
Pues, como se recuerda, la nueva ley establece que solo los pescadores artesanales pueden operar dentro de las primeras tres millas marinas, mientras que las embarcaciones de cerco mecanizado solo pueden hacerlo a partir de la tercera milla marina en adelante.
“Nuestra sensación es que lo único que falta ahora es la voluntad política para poder empujarlo [el reglamento]. El ordenamiento de las cinco millas va beneficiar a todos los sectores de la pesca, porque lo que va a tener como impacto es la recuperación de los recursos pesqueros y eso nos beneficia a todos”, acota Heck.
Un aspecto que llama la atención en el marco del proceso de reglamentación de la Ley 31749 es que refuerza una política que ya lleva más de 30 años en práctica, la cual tiene que ver con la prohibición de la pesca industrial a menos de las cinco millas náuticas de la orilla.
Sin embargo, si bien este mandato ha sido elevado a rango de ley para evitar cualquier tipo de excepción, Carmen Heck, especialista de Oceana, detalla que sin el reglamento efectivo no se podrá asegurar la implementación de esta disposición, y, por otro lado, establecer la diferenciación clara entre la flota artesanal y la flota de menor escala.
En ese sentido, los retos en materia ambiental se agravan para proteger las zonas de pesca tradicional y disminuye la posibilidad de garantizar una explotación más sostenible de los recursos marinos.
“Lo que hace la ley es decirte que esta flota semiindustrial, que, por ejemplo, utiliza redes de cerco y tiene un capacidad de bodega de hasta 32 metros cúbicos (30 toneladas de carga aproximadamente), tiene que pescar desde la milla tres. Las primeras tres millas se reservan a las embarcaciones realmente artesanales que utilizan artes de pesca mucho más selectivos y su poder de pesca es bastante menor para proteger esta zona”, indica Heck.
El Instituto del Mar del Perú (Imarpe) —organismo del Ministerio de Producción, orientado a la investigación científica, así como al estudio y conocimiento del mar peruano y sus recursos— ha emitido opiniones técnicas sobre las redes de cerco utilizadas en la extracción de los recursos pesqueros y su utilización en zonas reservadas.
En 2010, a través de un documento —dirigido a la Dirección General de Extracción y Producción Pesquera para Consumo Humano de Produce— Imarpe afirmó que las artes de pesca de cerco y arrastre utilizadas por embarcaciones tanto artesanales como industriales en las cinco primeras millas, zona de alta producción y diversidad biológica, pueden causar impactos negativos a las poblaciones de peces.
Esto debido a que dichas herramientas son capaces de generar capturas de especies y especímenes no comerciales, así como peces debajo de la talla mínima legal, entre ellos los ejemplares de juveniles.
No obstante, si bien la entidad ha confirmado científicamente las repercusiones negativas de no regular adecuadamente la actividad pesquera en el país, los pescadores artesanales, tales como Miguel Martínez, presidente de la Federación Regional de Organizaciones Pesqueras Artesanales Selectivas de la Región Tumbes, se preguntan:
¿Por qué las investigaciones y reportes de Imarpe no exhortan aún a Produce a reglamentar la Ley 31749 y actuar sobre la disminución de especies y el perjuicio a la pesca artesanal?
Incluso, teniendo en cuenta que Imarpe ha recomendado la segmentación de la franja costera de las cinco millas marinas en dos áreas diferenciadas con el propósito de garantizar el uso sostenible de los recursos marinos accesibles a la pesca artesanal.
Al respecto, Martínez expresa a Infobae Perú su preocupación ante la inacción estatal y el impacto de los grupos de interés que dañan el ecosistema marino, perjudicando a la actividad.
El dirigente alega que, desde hace años, enfrentan obstáculos debido a políticas y normativas que siguen favoreciendo a otros sectores, sacrificando los recursos de la pesca artesanal ancestral dentro de las cinco millas náuticas.
“Acá han desaparecido el congrio rojo, que antes se tenía un congrio de seis o siete kilos, pero por la destrucción de estas embarcaciones prácticamente ya no han zonas rocosas y esas especies han migrado a otros lugares, la doncella, también, un pescado de carne blanca, ha desaparecido, igual el mero pescado de 20 kilos. Ahora podemos extraer un mero de 2 o 3 kilos, traemos 3 o 4 pescados, ahora ya no tenemos eso y así sucesivamente, el suco va desapareciendo, la cachema también”, relata el representante pescador tumbesino.
Por ello, Martínez, al igual que muchos otros pescadores artesanales, reiteran su demanda de acción efectiva por parte de las autoridades competentes para rectificar la situación y proteger los recursos pesqueros, fundamentales para su comunidad y para la conservación marina.
“Vamos viendo que verdaderamente hay intereses de otros grupos del sector que nosotros siempre hemos palpado cuando salen normas o leyes en favor de proteger los recursos de la pesca artesanal ancestral en las cinco millas. Este es un retraso en complicidad con los entes competentes que tienen que ver en el tema, hemos visto que también se convierten en cómplices. Los pescadores artesanales, tanto del sur como del norte en la región Tumbes, nos preocupa eso”, declaró el dirigente pescador de Tumbes.
Además, la situación de los pescadores artesanales se complica aún más por las vulnerabilidades económicas, agravada por eventos climáticos adversos, que les han impedido cumplir sus responsabilidades con el Fondo Nacional de Desarrollo Pesquero (Fondepes).
Hoy, la necesidad de reprogramar créditos y la lucha por asegurar el sustento destacan entre sus principales inquietudes. “No nos faltará para comer, pero nos falta para cumplir con los compromisos económicos que nos han dado para reparar nuestras embarcaciones, implementarnos y mejorar”, comenta Martínez.
“En las cinco millas se genera nuestra fuente propia de trabajo. Estamos en defensa de los recursos para que todos tengamos algo que pescar y mantener nuestra fuente de trabajo, pero si no se norma cómo debe ser, verdaderamente nos estamos yendo al fracaso del sector pesquero artesanal y eso lo ha dicho científicamente Imarpe”, agregó el dirigente pescador.
Ante de promulgarse la Ley 31749, la pesca artesanal y la pesca mecanizada eran consideradas como una única categoría, lo que dificultaba al Ministerio de la Producción la capacidad de regularlas de manera adecuada, especialmente en las primeras cinco millas marinas.
De acuerdo a los pescadores artesanales que conversaron con este medio, dicha situación permitía que algunas operaciones semiindustriales se identificaran erróneamente como artesanales, complicando aún más la gestión y el control de estas actividades.
Por ello, la aprobación unánime de la ley por el Congreso fue considerada un paso importante hacia una regulación más justa de la pesca en el país.
En ese marco, una serie de movimientos de ciertos parlamentarios han llamado la atención por intentar buscar el diálogo para asegurar el reglamento de la Ley 31749, que ya superó el plazo legal estipulado de 60 días hábiles inicialmente, generando inquietudes y solicitudes formales con el fin de esclarecer y acelerar este proceso.
Al respecto, se sabe que los congresistas Norma Yarrow de Avanza País, Medina Minaya de Unidad y Diálogo, Rivas de Perú Libre, María Acuña de Alianza Para el Progreso y Ruth Luque de Cambio Democrático, así como Jaime Quito, legislador no agrupado, han intervenido de manera activa, enviando oficios a Produce para demandar información detallada sobre el avance en la elaboración del reglamento.
Asimismo, las mesas de trabajo convocadas, como las lideradas por la congresista Yarrow, han intentado sin éxito alinear agendas y propiciar avances en la reglamentación de la norma.
No obstante, a pesar de los esfuerzos y los plazos otorgados, como los 30 días para la presentación del primer borrador del reglamento, hasta la fecha no se ha logrado concretar resultados.
Durante el desarrollo de este informe, Infobae Perú solicitó reiterados pedidos de entrevista con Produce y el Instituto del Mar del Perú (Imarpe), pero no se obtuvo respuesta con relación a dichos pedidos.
Por lo pronto, la cuestionada cartera respondió a este medio que aún se encuentra en la etapa de trámite para la publicación del proyecto del reglamento de la Ley N° 31749. Además, aclaró que sigue recogiendo comentarios y sugerencias de pescadores artesanales y Gobiernos regionales sobre la futura implementación de la normativa.
Una vez concluya ese paso, aseguraron que se procederá a evaluar las contribuciones junto con la Oficina de Inversiones (OCIIN) para, luego, designar un vocero oficial que pueda resolver cualquier duda referente a la nueva ley, cuya fecha de prepublicación prometieron cumplir el 21 de febrero, y que finalmente no lograron efectuar.