La polémica en torno a la modificación a la Ley Forestal, que podría acelerar la deforestación y degradación de los bosques en el Perú, no se ha dormido.
El martes 20 de febrero, el Gobierno de Dina Boluarte presentó ante el Congreso el proyecto de Ley N° 7085, una medida encaminada a simplificar el proceso de exportaciones forestales.
La propuesta legislativa se centra en la reducción de los requisitos para las inspecciones oculares del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor).
El objetivo principal sería agilizar la autorización para el manejo de especies forestales que se encuentren en las listas de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), donde figuran las especies que no están necesariamente amenazadas de extinción, pero que podrían llegar a estarlo a menos que se controle estrictamente su comercio.
Gobierno pide a presidente del Congreso ver el tema con urgencia
Desde ya, la medida ha generado comentarios sobre sus posibles impactos en la gestión y conservación de los recursos forestales en el país.
Esto debido a que en el documento —firmado por la jefa de Estado Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola— se enfatiza al presidente del Parlamento, Alejandro Soto, que se trata de un pedido urgente para la tramitación del proyecto de Ley N.º 7085, cuya finalidad es introducir cambios sustanciales en el artículo 46 de la Ley Forestal.
En ese sentido, Soto —quien dio luz verde en enero a la autógrafa que modifica la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, omitiendo reconsideraciones presentadas por las congresistas Ruth Luque y Susel Paredes— ahora lleva la responsabilidad de dar celeridad al proceso legislativo que podría marcar nuevamente un antes y un después en la legislación forestal vigente.
Ministro del Ambiente y director del Serfor siguen en silencio
La propuesta legislativa, que lleva el respaldo de las firmas de los más altos representantes del Gobierno, se inserta en un contexto de creciente preocupación por las políticas de conservación y protección del ambiente a nivel nacional.
Por ello, especialistas en derecho ambiental están a la expectativa de cómo se desarrollarán los debates parlamentarios en torno a este proyecto, que se espera incluya la opinión de grupos críticos para garantizar la biodiversidad, como los pueblos indígenas, quienes lideran diferentes iniciativas para enfrentar la crisis climática actualmente.
Al respecto, el abogado en materia ambiental César Ipenza manifestó a través de su red social X (antes Twitter) que esta acción por parte del Ejecutivo plantea una preocupación sobre la flexibilización de normas en beneficio de intereses económicos privilegiados en perjuicio de la población peruana.
“Está claro que van a seguir flexibilizando para favorecer a grupos económicos en desmedro de todos/as peruanos/as”, dijo.
Entre otros temas, hasta ahora, el Estado mantiene firme su posición el Estado de no emplear “mecanismos constitucionales” para detener la aplicación de la actual Ley Forestal. Y, por otro lado, el nuevo ministro del Ambiente, Juan Carlos Castro, continúa sin brindar declaraciones con relación a la cuestionada norma, al igual que el director ejecutivo del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor), Luis Alberto Gonzales.
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