Edwin Donayre, quien dejó su cargo como congresista en 2019 rodeado de polémicas y críticas tras ser desaforado debido al escándalo denominado ‘gasolinazo’, y más tarde fue sentenciado a cinco años de cárcel, actualmente está atravesando las etapas finales y probablemente más beneficiosas de su condena, en condiciones muy distintas a las que originalmente se le habían impuesto. Donayre, que también ocupó el cargo de Comandante General del Ejército del Perú, enfrentó acusaciones por los delitos de peculado doloso y contra la fe pública.
La sentencia de cinco años y seis meses de prisión efectiva que pesa en contra de Edwin Donayre se hizo efectiva el 31 de octubre del 2019, luego de haber sido capturado en Puente Piedra tras estar prófugo durante un periodo de siete meses desde el 29 de abril de ese mismo año; fecha en la que el Poder Judicial ordenó, en segunda instancia, que se aplique la pena correspondiente.
Teniendo en cuenta el periodo al que el excomandante general del Ejército fue sentenciado, lo que correspondería es que este pueda salir de la cárcel a mediados del año que viene, en mayo del 2025; no obstante, con la reducción de pena por buena conducta, talleres y demás beneficios carcelarios, se prevé que la salida de Donayre se llegue a concretar a finales de este año.
Cárcel de oro
Sin embargo, para este exmilitar la comodidad habría llegado antes, pues, según lo denunciado por La República, desde noviembre del 2023, y con la excusa de someterse a una operación a la cadera, Donayre pasa sus días en la comodidad de una habitación médica, en el Hospital Militar Central.
Según fuentes de dicho medio en el INPE, una vez que se ejecutó el procedimiento de cadera, lo correspondiente, al ser una atención ambulatoria, era que vuelva a su celda en el penal Miguel Castro Castro; no obstante, el militar, que debería estar recluso, alegó que sufría de la condición médica de “diabetes tipo 2″. Con lo que no contaba Donayre es que para someterse a los procedimientos para tratar esta condición, también es requerida tan solo una atención ambulatoria.
Procesados por La Cantuta también optaron por el servicio médico a la cárcel
Ahora, el retirado exmilitar busca evadir sus últimos días en la cárcel refugiándose en una habitación de hospital con las más altas comodidades que le confiere el cargo del que, incluso, fue relegado debido al escándalo. Para confirmar este hecho, en el mismo informe se ha consignado no solo la imagen de Donayre trasladándose dentro del nosocomio; sino que también alertó que existían otros presidiarios importantes que también habían optado por esta opción.
En la imagen recopilada por el medio, se precisa que Donayre Gotzch se encuentra ubicado en la habitación 339, en el área de Medicina General; sin embargo, también se ha advertido que otros dos militares que deberían estar cumpliendo condena se encuentran en habitaciones contiguas. Este es el caso de los exmilitares Julio Salazar Monroe y Juan Rivero Lazo, ambos en situación de retiro.
Tanto Salazar Monroe, como Rivero Lazo, son dos exagentes que participaron activamente en los abusos perpetrados durante el Gobierno de Alberto Fujimori en el marco del caso conocido como la matanza de La Cantuta.
El primero, era el conocido exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), sentenciado a 35 años de prisión y que ahora reposa en la habitación N° 343; y el segundo, conocido por haber estado a cargo de la Dirección de Inteligencia del Ejército (DINTE), sentenciado a 25 años de cárcel, respectivamente y que ahora reposa tranquilamente en la habitación N° 347.
El motivo de esta denuncia se enmarca en el escándalo del ‘gasolinazo’ perpetrado en el 2008, cuando Edwin Donayre aún ejercía sus labores como comandante General en el Ejército del Perú. En dicha época, se hizo pública la denuncia de corrupción en la que se acusaba a él y a más de 40 otros efectivos militares de haber requerido al Estado, a través de documentos fraguados, que se les asigne una mayor cantidad de combustible.
La responsabilidad de Donayre en dicho caso fue tal que buscó huir de la justicia desde el primer momento, evadiendo a la Fiscalía hasta en seis oportunidades. De hecho, incluso al enterarse de la sentencia en segunda instancia resultante del juicio en el 2019, el excongresista decidió darse a la fuga con tal de no afrontar la pena de cinco años y medio que el Poder Judicial dispuso en su contra tras declararlo responsable.