Dos años después del derrame de petróleo de Repsol, pescadores de Huaral no pueden realizar sus faenas

En el 2022, el mar de Ventanilla y otros puntos costeros como Huaral y Barranca se vieron gravemente afectados por el derrame de petróleo de Repsol: el peor desastre ecológico de la última década en el Perú.

Tras haber recibido una compensación económica, dos años después del hecho, los pescadores artesanales denuncian que aún luchan por recuperarse ante la prohibición de la empresa involucrada de ejercer la pesca, dejando a más de 10 mil pescadores sin poder retomar su medio de vida tradicional.

Por tal razón, el desastre ecológico, que no solo ha causado afectaciones a la fauna marina sino también a la economía local, continúa poniendo a la responsable en el centro de la controversia por su gestión de las compensaciones y las restricciones impuestas.

Pues, a pesar de que Repsol afirma haber pagado montos por encima de lo requerido por el Gobierno peruano, la comunidad pesquera continúa presentando quejas acerca de las insuficiencias en estos pagos y exige una revisión del acuerdo firmado.

Esto debido que, a la fecha, la producción de pesca se encuentra paralizada, situación que afecta el sustento de miles de familias.

Actualmente, los pescadores artesanales de Huaral —afectados por el derrame— critican las exigentes condiciones de Repsol para la compensación.

En 2022, la suma entregada fue de 70 mil soles, reducida a 35 mil soles en 2023, cantidad que, según los pescadores, no es suficiente para cubrir sus necesidades básicas ni retomar sus actividades.

Además, la prohibición de pescar ha dejado inactivas a más de 1000 embarcaciones, incrementando los gastos de mantenimiento sin generar ingresos. Ante esta realidad, la comunidad pesquera de la costa central del país exige a las autoridades modificar el acuerdo con Repsol, buscando una solución que permita reactivar la pesca, el comercio y la recreación en las zonas afectadas.

Según análisis de CooperAcción, las compensaciones económicas entregadas por Repsol a los afectados del derrame, varían entre los 50 mil 000 y 70,000 soles, lo cual representa solo un 25% de lo estimado necesario.

También, de acuerdo a investigaciones realizadas por IDL-Reporteros, estos pagos se establecieron como únicos y definitivos por parte de la empresa.

Por ello, los pescadores denuncian la naturaleza abusiva de estos acuerdos, argumentando que se les presionó a aceptar dichas sumas durante un período de extrema necesidad, después de haber perdido su principal fuente de ingresos.

Además, la Defensoría del Pueblo ha señalado que el proceso no constituyó un trato justo para las víctimas, evidenciando una falta de equidad en las negociaciones.

Recientemente, Infobae Perú conversó con Tom Goodhead, director de Pogust Goodhead, la firma británica de abogados que ha presentado una demanda millonaria contra la gigantesca Repsol en La Haya (Holanda) por el desastre ecológico producido en el litoral peruano.

Al respecto, Goodhead explicó que Repsol ha limitado su asistencia a un número reducido de afectados, focalizando en una actividad económica por familia y dejando fuera a múltiples personas impactadas por el derrame, planteando interrogantes sobre el alcance de las reparaciones y si estas constituyen realmente una compensación por los perjuicios causados.

En tal sentido, se critica que la ayuda ofrecida sea más simbólica que efectiva, afectando a la percepción de justicia y equidad en el tratamiento de las víctimas.