¿Por qué no se puede aplicar la pena de muerte en el Perú para luchar contra la delincuencia?

De acuerdo a una encuesta de Ipsos de enero de este año, el crimen y la violencia representan la principal preocupación de los peruanos, actualmente. Por debajo figuran otras problemáticas, como la corrupción, el desempleo y la pobreza.

Esta creciente sensación de inseguridad ha generado que algunos sectores políticos y de la población pongan sobre la mesa una alternativa radical y que en muchos países ya no se utiliza: la pena de muerte. Sin embargo, en el Perú quedó totalmente prohibido ejecutar esta sanción en el caso de delincuentes, desde 1978.

¿Es posible, o recomendable, aplicar la pena de muerte para eliminar el crimen? Infobae Perú conversó con dos especialistas para tener una respuesta.

Según la Constitución Política del Perú, solo se puede determinar pena de muerte por los delitos de terrorismo y de traición a la patria en caso de guerra. Debido a estas limitaciones, no se puede utilizar esta medida punitiva para otro tipo de criminales.

Pero, no se puede ampliar las causales para que también se use en delincuentes o incluso asesinos, debido a que el Perú ratificó en 1978 la Convención Americana de Derechos Humanos.

En este tratado, también conocido como Pacto de San José, se estipula que el Perú, así como los demás países que forman parte del acuerdo, no podrán “extender la aplicación de la pena de muerte a los delitos a los cuales no se la aplique actualmente”.

En entrevista con Infobae Perú, la secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), Jennie Dador, indicó que ya se ha demostrado en otras naciones que la pena de muerte “no desalienta ni desestima de cometer delitos”. Dijo, además, que de todas las herramientas que cuenta un Estado para luchar contra el crimen, el derecho penal es la última a la que se debería acudir.

“El uso del derecho penal es comunicar a la sociedad que ya fracasaste en todo, entonces lo último que te queda es meter presa a la gente y más dramático todavía es asesinar personas.”, expresó.

Adicionalmente, sostuvo que ejecutar esto tendría riesgos, ya que nuestro sistema de justicia, de acuerdo a su perspectiva, ha demostrado ser “corrupto e impredecible”. “Uno de los casos que tenemos hasta ahora en proceso de investigación es el de los Cuellos Blancos, donde había toda una red de jueces vinculados a la corrupción e incluso el caso está relacionado con la Fiscalía”, aseveró.

Respecto a uno de los casos más mencionados y mediáticos actualmente, que son las medidas del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, la vocera de la CNDDHH menciona que aplicar este tipo de estrategias donde se vulneran los derechos humanos desde el Estado, no asegura que se está revirtiendo la tendencia de la criminalidad.

“En cuanto tú empiezas a quitar las medidas duras o tus medidas de endurecimiento, esto retorna rápidamente. No se puede sostener esto todo el tiempo”, aclara.

Entonces, ¿qué alternativas existen contra la delincuencia? Dador sugiere procesos de diálogo, sobre todo en un país con una gran diversidad de culturas, respecto a temas que pueden mejorar el entorno de los jóvenes

“Tiene que ver con toda una propuesta del barrio seguro donde juegan los chicos, que haya iluminación donde estén los paraderos, es reapropiarse del espacio público”, explica.

No obstante, la secretaria ejecutiva de la CNDDHH resalta una problemática que también se tiene que resolver para aplicar este tipo de medidas no punitivas: la transformación de las cárceles. Dador opina que hay ciertas características que reflejan cómo algunas comunidades están siendo afectadas por el crimen.

“Si uno va a las cárceles, están atiborradas y con expedientes judiciales de personas que son de niveles socioeconómicos más bajos, poblaciones indígenas, personas depiel oscura... Hay una serie de características que se acumulan ahí”, argumenta.

Adicionalmente, la entrevistada afirma que estos establecimientos no estarían cumpliendo su labor en reinsertar a los presos en la sociedad.

“No están cumpliendo sus funciones. Simplemente, están encerrando a la gente para que convivan unos con otros y muchas veces se perfecciona la técnica para delinquir”, menciona.

Diego Randich, abogado especialista en Derecho Internacional Público, explicó a Infobae Perú que el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (Sistema IDH) es un conjunto de instituciones que tiene como función proteger los derechos humanos de todas las personas que viven en este continente.

Esta entidad tiene dos órganos que lo componen: la Comisión IDH, con sede en Washington D.C., Estados Unidos; y la Corte IDH, con sede en San José, Costa Rica.

“La Comisión tiene la función de dar atención directamente a las personas que habrían sido afectadas por un menoscabo a sus derechos por parte de un Estado. En ese sentido, la Comisión va a, en primer lugar, aceptar las denuncias de los individuos siempre y cuando se haya agotado el trámite previo. Esto es agotar todos los recursos que el Estado tenga para luego pasar a ser internacional”, precisa.

“Una vez que las denuncias son evaluadas en mérito de lo que la Comisión haya dictaminado, recién pueden pasar a la Corte”, añade.

Los problemas de inseguridad también han generado consecuencias en el ámbito político. Por ejemplo, el congresista Luis Ángel Aragón Carreño, de la bancada de Acción Popular, presentó un proyecto de ley para incorporar la pena de muerte en casos de violación de menores de edad, sicariato, extorsión y tráfico de menores.

Sin embargo, para lograrlo, sería necesario que el poder Ejecutivo denuncie el Pacto de San José y, como consecuencia, que el Perú se retire del Sistema IDH. Dos ejemplos que se pueden citar son los casos de Venezuela y Trinidad y Tobago.

Respecto a este punto, Diego Randich explica que esta denuncia se hace con un preaviso de un año. Luego, se tendrá que hacer el trámite correspondiente en el Congreso de la República por medio de dos legislaturas.

“Tiene que pasar por el poder Legislativo porque el artículo 140 de la Constitución dice que debe ser sometido a un proceso de reforma constitucional para que el Perú pueda salirse de este sistema”, argumenta.

Por último, comenta que no existe norma internacional que prohíba a un Estado volver a ingresar al Sistema Interamericano después de haberse salido.

“Puede suceder siempre y cuando cumplan los requisitos que el pacto haya diseñado. Nada le impide ingresar nuevamente”, menciona.

Una de las figuras críticas a este Sistema es el propio canciller, Javier González-Olaechea. “Pareciendo un imposible la reforma interna, sospecho que cabría denunciar el Pacto de San José y que podemos promover y proteger nuestros derechos humanos con nuestras instituciones y desarrollada jurisprudencia. ¡Batallemos!”, escribía en una columna de opinión de El Comercio, antes de asumir el cargo de ministro.

No obstante, ahora ha retrocedido en sus apreciaciones y asegura que el Perú no denunciará el Pacto de San José aunque afirma que se habrían cometido algunos “excesos”.

“Somos demócratas, hay un gobierno constitucional donde se respetan las libertades. Se respetan los Derechos Humanos, hay algunos casos individuales que se están procesando, pero no nos vamos a quedar callados. Con todo respeto hay una suerte de sensibilización sesgada, excesiva y a veces totalmente injustificada”, dijo en RPP Noticias.