Trujillo está de moda. La capital de La Libertad se encuentra en boca de todos desde antes de que Paolo Guerrero decidiera jugar por el club deportivo Universidad César Vallejo (UCV) y arribara a la ‘Ciudad de la eterna primavera’.
Las razones de su ‘popularidad’ no son buenas. Los secuestros, robos, extorsiones, cobro de cupos y otros delitos, al registrarse con gran incidencia en la ciudad norteña, han desplazado del radar a los atractivos que la posicionaron como una de las provincias más hermosas para el Perú y el mundo.
Ante ello, el Ejecutivo decidió declarar, el pasado 14 de febrero y por 60 días, en estado de emergencia a Trujillo y Pataz. La medida busca combatir la creciente ola de criminalidad impulsada principalmente por la minería ilegal.
Para ello, en Trujillo, la medida de excepción estará a cargo de la Policía Nacional del Perú (PNP), con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.). Mientras que, en Pataz, será al revés, el orden interno estará en manos de las FF.AA. con el apoyo de la PNP.
¿Una medida ideal para Acuña?
El extitular del Ministerio del Interior (Mininter), Cluber Aliaga, en diálogo con Infobae Perú, consideró que el gobernador regional de La Libertad, César Acuña, realizó este pedido a la presidenta de la República, Dina Boluarte, para demostrarle a la ciudadanía se está empeñando en combatir a las bandas criminales, pese a la nula seguridad que se registra en todas las provincias de su jurisdicción.
“Trujillo se ha constituido en la capital del crimen en el país. Tiene la mayor tasa de casos de sicariato a nivel nacional, y en donde el accionar de las bandas criminales es muy notoria, de tal manera que esa responsabilidad le explota en la cara a Acuña. Por eso, de alguna manera ha querido mostrar que está haciendo algo pidiendo la declaración del estado de emergencia”, acotó.
Para Aliaga Lodtman, la gestión de Boluarte ha optado por una medida populista, que más funciona como un “paliativo”, en lugar de cimentar las bases de un plan integrado que logre acabar con el accionar de las bandas criminales que infringen terror en Trujillo, Pataz y el resto del Perú.
“Es una respuesta tardía, más populista que efectiva porque ya tenemos la experiencia de que un estado de emergencia no es una solución definitiva, sino que solo es un paliativo en busca de frenar un poco el accionar delictivo. No vemos una estrategia efectiva ni concreta”, lamentó.
“El mismo gobierno ya ha reconocido que los estados de emergencia no resuelven el problema. Es solo una respuesta reactiva pero no se ve ni una estrategia efectiva hasta ahorita. Solo se hablaba del ‘Plan Boluarte’ pero eso ya han dicho que no existe”, aseveró.
¿El estado de emergencia en Trujillo y Pataz también fracasará?
En esto coincidió otro exministro del Interior. Para Rubén Vargas, que el Ejecutivo esté volviendo a recurrir a un estado de emergencia es un claro indicativo de que no saben qué hacer con el problema de la inseguridad ciudadana y que mucho menos tienen un plan.
“El estado de emergencia en el Perú, por razones de seguridad, se viene aplicando desde el gobierno de Oriente Humala. Y desde ese periodo de gobierno hasta la fecha ha sido, sin ninguna excepción, un absoluto fracaso”, precisó a este medio.
“Recurrir al estado de emergencia siempre ha sido la salida y está relacionada a la falta de brújula, a la falta de una estrategia clara de parte de los gobiernos. El estado de emergencia básicamente es una acción mediática que no tiene ningún contenido real para enfrentar un problema tan complejo como es la inseguridad. Estamos a la deriva, no hay una decisión política de querer hacer bien las cosas”, agregó.
En esa línea, Vargas explicó que el Perú está atravesando “la peor crisis en materia de seguridad de toda nuestra historia republicana”. “No hay un liderazgo, no hay una estrategia. En muchas regiones del país, literalmente, gente está explotando a dinamitazos, con granadas de guerra. Los sicarios están ejecutando como si fuera un deporte de aventura a sus víctimas”, indicó.
Pataz, un caso aparte
De acuerdo a cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem), hay más de un millón y medio de peruanos que trabajan para la minería ilegal. Gran parte de este número de personas se desempeñan en Pataz.
“Este no solamente es un tema coercitivo, no solamente es un tema policial. Se necesita trabajar en cambiar la matriz económica en aquellas zonas en donde esa minería ilegal está controlada territorialmente”, comentó el exministro Vargas.
Según manifestó, en lugar de gastar esfuerzos en un estado de emergencia que ya ha demostrado no contribuir en la lucha contra las organizaciones criminales, el gobierno tendría que optar por acciones organizadas y conjuntas que involucren a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), al Ministerio Público, entre otras instituciones.
“Yo invito al ministro de Economía que haga unas preguntas muy sencillas a la Sunat ¿Por qué le resulta difícil controlar los insumos químicos para la minería, especialmente el mercurio? Y ¿por qué le resultaría tan difícil intervenir en las plantas procesadoras de oro?”, cuestionó.
“¿Acaso no hay allí una evasión monstruosa de impuestos? Claro. O sea, ¿cuándo la SUNAT va a entender que su rol fundamental es la fiscalización, el control y, en segundo momento, la recaudación? Pero están estrangulando solamente a un segmento empresarial formal pequeño. ¿Cuánto dinero se está eludiendo en las exportaciones de oro extraídas ilegalmente?”, lamentó.
Por último, Rubén Vargas dejó en claro que sí es importante y necesaria la presencia de las Fuerzas Armadas en esta zona donde reina la minería ilegal. Indicó que solo ellas tienen la capacidad para recuperar territorialmente los espacios tomados por las economías que están fuera de la ley.
“Pero, considerando lo que pasó en otras zonas donde también existe una fuerte presencia de la minería ilegal, como en La Pampa, la respuesta estatal frente a esto no puede reducirse solamente a la presencia de las Fuerzas Armadas”, señaló.
“Sí o sí se necesita una estrategia integral. Es un hecho que compete a varios organismos del Estado y alguien tiene que liderarlos. Alguien tiene que hacer ese trabajo rudo. Lamentablemente, nadie se quiere comer el pleito”, culminó.