Clubes deportivos no han mostrado avances en empadronar barras e hinchas, pese a ley

Con el objetivo de frenar la violencia en relación con los espectáculos deportivos, se promulgó hace casi una década la Ley 30037, la cual plantea, en uno de sus artículos, el empadronamiento de los hinchas de los clubes de fútbol en Perú.

Sin embargo, aún no se ha logrado poner en práctica esta medida de forma efectiva. La ley, que busca generar un registro de seguidores con antecedentes, se encuentra estancada, dejando a muchos responsables de actos violentos sin identificar y en libertad, según un reportaje de La República.

El último hecho violento entre hinchadas deportivas se originó en Santa Anita, y dejó a cuatro personas heridas, entre ellos dos menores de edad en estado de gravedad a causa de impactos de proyectil de arma de fuego. El enfrentamiento, ocurrido entre aficionados de Universitario de Deportes y Alianza Lima, ha vuelto a poner de relieve la urgente necesidad de implementar esta normativa.

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, reiteró la importancia de cumplir con la legislación vigente, instando a los clubes a comenzar el proceso de empadronamiento. Sin embargo, según declaraciones del exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, a La República, los clubes han mostrado poco interés en avanzar en esta dirección en los últimos diez años. Esta falta de acción, junto con la lentitud del Estado en hacer cumplir su propia ley, ha contribuido a que el problema persista.

Varios casos de violencia, incluyendo el asesinato de tres hinchas de Alianza Lima en 2022 y la impunidad en torno a estos actos, subrayan la necesidad de un registro efectivo que permita identificar y sancionar a los responsables. A pesar de algunos intentos de empadronamiento por parte de los seguidores, la falta de resultados positivos y la constante rotación de ministros han complicado el proceso.

El exviceministro de Seguridad Pública, Ricardo Valdés, mencionó intentos anteriores de cumplir con la ley, incluyendo la prohibición de banderolas y preconcentraciones, los cuales se flexibilizaron durante el gobierno de Martín Vizcarra. Por otro lado, los clubes, incluyendo a Alianza Lima, prefieren mantenerse al margen de las medidas ejecutivas, evitando asumir responsabilidad directa por los actos de sus aficionados.

La situación actual subraya la necesidad de un esfuerzo conjunto entre el Gobierno y los clubes para establecer un registro único de hinchas, similar a lo que se ha implementado en otros países como Chile. Wilfredo Pedraza sugiere que solo entonces se podrá avanzar hacia la resolución de esta problemática, evitando que la Ley 30037 quede en el olvido.

En el marco regulatorio para el control de la violencia en eventos deportivos, la Ley 30037 establece medidas obligatorias para el empadronamiento de los integrantes de las barras de hinchas en Perú. Según la normativa, los clubes deportivos profesionales deben implementar un registro de identificación para catalogar con precisión a los aficionados organizados, incluyendo datos personales como identificación, domicilio, y ocupación o profesión. Además, se especifica que solo se permitirá el acceso a los estadios a quienes posean un carné emitido bajo estas directrices.

La ley también fija la edad mínima en dieciocho años para ser parte de estas agrupaciones, permitiendo excepcionalmente la inclusión de jóvenes de dieciséis años con autorización escrita de sus tutores, quienes se responsabilizarán por las acciones de los menores. Este mecanismo busca contribuir a un entorno más seguro y controlado en torno a los eventos deportivos, mitigando riesgos asociados a la conducta de los asistentes menores de edad.

Por otro lado, el proceso de empadronamiento incluye requisitos estrictos como la presentación de documentación personal legalizada, certificados de no antecedentes penales y policiales, así como fotografías recientes. Estos registros deben ser actualizados bienalmente, asegurando que la información de los miembros de las barras se mantenga al día. Además, se promueve la capacitación y prevención de la violencia, obligando a los clubes a implementar programas educativos dirigidos a sus aficionados.

Es esencial mencionar que la información contenida en el registro de empadronamiento estará disponible para autoridades policiales y judiciales bajo solicitud, potenciando las herramientas de control y vigilancia por parte de las instituciones del estado. Este aspecto de la ley subraya el esfuerzo por vincular las medidas preventivas con mecanismos de acción legal y policial, en busca de una gestión efectiva de los riesgos asociados a la violencia en el deporte.