El vicepresidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Aldo Vásquez, brindó una entrevista a Canal N, en la que se pronunció respecto a la remoción, de los miembros de la institución encargada de nombrar jueces y fiscales, impulsada por el Congreso. Como se sabe, los integrantes de la JNJ tienen que asistir al Parlamento para dar sus descargos este lunes 26 de febrero, luego de que se aprobara el informe final que busca sacarlos de sus puestos e inhabilitarlos por 10 años.
Al respecto, Vásquez respondió que una de las faltas graves que el Congreso les imputa es que la magistrada Inés Tello continúe en el cargo, a pesar de que supera los 75 años de edad. Sin embargo, si los remueven, se presentaría la misma situación, pues tres de los siete jueces suplentes tienen más de la edad permitida.
En ese caso, no podrían asumir el cargo, de acuerdo con lo que el Parlamento señala. Cabe resaltar que la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR) presentó un informe técnico que rebate esta imputación; aseguran que la edad no es un factor determinante para la vacancia del cargo según la Constitución Política del Perú y la Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia (LOJNJ).
“Tres miembros tienen más de 75 años, en la lógica del Congreso no pueden asumir el cargo y los cuatro que quedan difícilmente dejarán sus proyectos personales para culminar una gestión de 10 meses en este contexto”, dijo.
En el escenario de que los tres magistrados no asuman el cargo, porque superan la edad establecida, y los otros cuatro magistrados suplentes sí, la JNJ no contaría con el número de integrantes necesarios para contar con quórum.
En esa línea, Aldo Vásquez señaló que la JNJ sería clausurada, lo que atenta contra el estado de derecho en el Perú.
“Si se produce la remoción, se produce la liquidación de la JNJ (…) las consecuencias serían funestas para el estado de derecho”, opinó.
El vicepresidente de la JNJ también se pronunció respecto a la acusación contra el expresidente de la JNJ José Ávila; como se sabe, Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, contó a la Fiscalía que Ávila intercedió para que la suspendida fiscal de la Nación sea elegida como fiscal suprema. A cambio, pidió dos favores al exministro de Justicia y Derechos Humanos, durante el gobierno de Pedro Castillo, Félix Chero.
“Fuimos a la Junta (Nacional de Justicia) y nos reunimos con Ávila. Ahí, Chero le volvió a hablar por Patricia (Benavides) y nos dijo que había hablado con los demás miembros de la Junta y se comprometía a que respetarían que iban a entrar el primero y el segundo, y que él había hablado con los otros miembros para que no haya ningún cambio en esa prelación, de tal modo que se pueda beneficiar a la doctora Benavides, pues, como estaba en primer lugar, iba a entrar. Incluso, le dijo el ministro que había cumplido con apoyarlo y él también iba a cumplir con el periodo del ministro”, acusó Villanueva.
Vásquez comentó que la situación que enfrenta Ávila es dolorosa y que, cuando supo lo señalado por Villanueva, inició un procedimiento interno, que pudo haber devenido en la vacancia del cargo.
“Desde el punto de vista institucional deslindamos de cualquier eventual inconducta de cualquiera de los miembros de la JNJ”, dijo.
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