El fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, se pronunció sobre el proyecto de ley impulsado por el vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, el cual pretende “declarar en emergencia” el Ministerio Público y destituir a todos los fiscales supremos titulares.
Tal como reveló Infobae Perú, la medida no hace excepciones y dispone “el cese extraordinario e inmediato de los fiscales supremos titulares al haber perdido la garantía de su permanencia en el servicio por inobservancia de su conducta e idoneidad propias de su función”, se lee en el proyecto.
En respuesta, el titular del Ministerio Público advirtió que la medida “busca quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90 cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos”.
Asimismo, calificó la iniciativa del vocero de la bancada celeste como “abiertamente inconstitucional y arbitrario” e indicó que tendría la intención de evitar y frustrar las investigaciones contra altos funcionarios que vienen llevándose a cabo en la Fiscalía.
Entre ellas, las que tienen que ver con los casos Lava Jato, Cuellos Blancos, víctimas en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte, corrupción en el poder, y otros.
“¿Acaso ya se tienen listo los nombres de las personas que nos reemplazarían de inmediato como en los años 90?”, cuestionó poniendo en duda los intereses detrás del grupo parlamentario que elaboró el documento.
En ese sentido, invocó a los parlamentarios a no presentar proyectos de ley de esta naturaleza y a respetar la institución. “Que sean los órganos competentes legalmente los que investiguen a los fiscales que se encuentran comprometidos en actos irregulares o delictivos”, destacó.
Posteriormente, se refirió al testimonio del exasesor de Patricia Benavides, Jaime Villanueva, el cual no solo puso en jaque a la extitular del Ministerio Público, miembros del Ejecutivo y congresistas, sino que implicó a autoridades de otras instituciones y ciudadanos. Entre ellos, al periodista Gustavo Gorriti.
“Invoco a la ciudadanía a mantenerse alerta y reiterar que quien habla no tiene compromisos con nadie. No tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario, tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno”, expresó.
¿Qué dice el proyecto de ley de Renovación Popular?
La iniciativa se justifica en lo declarado por la exmano derecha de Patricia Benavides ante la Fiscalía sobre Pablo Sánchez, Gustavo Gorriti, la investigación contra Alan García por coimas de Odebrecht y el caso Cócteles contra Keiko Fujimori.
Aunque el exfuncionario se ha pronunciado sobre negociaciones entre parlamentarios y la misma exfiscal de la Nación, el vocero de Renovación Popular optó por omitir las declaraciones que los involucra. Es decir, plantea que funcionarios implicados en el testimonio de Jaime Villanueva sean quienes decidan el destino de la Fiscalía.
“La crisis mencionada ha cobrado ribetes inmanejables, sin posibilidad de establecerse mecanismos que permitan avizorar una salida constructiva a los conflictos iniciados, siendo la única posibilidad la de ingresar a un proceso de reorganización de las respectivas instituciones a través de la habilitación de un mandato legal excepcional, que regule dicho proceso”, se lee en el texto.
Infobae Perú constató que, aunque el proyecto de ley aún no figura en el portal el Congreso, cuenta con el respaldo de los demás integrantes de la bancada: José Cueto, María Aguayo, Javier Padilla y Jorge Zeballos.
Respuesta de Jorge Montoya
En la víspera, el vocero de la bancada respondió al fiscal de la Nación y defendió su propuesta. A través de sus redes sociales, negó que exista la intención de obstaculizar las investigaciones en curso. “Su verdadera misión radica en restaurar la confianza erosionada en la justicia, especialmente entre los millones de peruanos que repudian las recientes declaraciones del Sr. Villanueva”, destacó.
“Este proyecto no surge como un pretexto para demorar la rendición de cuentas, sino como una respuesta necesaria ante las preocupantes declaraciones que vinculan a altos funcionarios del Ministerio Público en situaciones comprometedoras. La población merece comprender que la iniciativa busca fortalecer los cimientos de la confianza ciudadana en el sistema judicial, despejando las dudas generadas por revelaciones que han sacudido la percepción pública”, sentenció.