El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel) confirmó la imposición de una serie de multas para las empresas Claro y Telefónica que ascienden a un monto total de S/2 millones 479.950.
En el desagregado, la operadora de telecomunicaciones América Móvil Perú SAC, conocida bajo su nombre comercial como Claro fue ratificada con una sanción de S/1 millón 732.500 (350 UIT valor del 2023), mientras que Telefónica del Perú (Movistar) fue multada con 151 UIT, equivalente a más de S/721.000.
La medida, publicada en normas legales del diario oficial El Peruano, responde al incumplimiento de una medida cautelar previamente establecida, la cual ya no puede ser objeto de recurso alguno en la vía administrativa, según refrenda Rafael Eduardo Muente Schwarz, presidente del Osiptel.
Multa a Claro
La controversia surge tras la notificación de la Resolución N° 602-2022-DFI/OSIPTEL, en noviembre de 2022, que obligaba a Claro a instalar un software de medición, conocido como SDK Móvil, en su aplicación Mi Claro. Dicha aplicación es una herramienta destinada a la gestión de usuarios y servicios de la compañía.
Además, se requería a la operadora la entrega de datos precisos sobre cuántos smartphones tienen instalada esta aplicación. La medida buscaba garantizar transparencia y mejorar el servicio al cliente siguiendo una iniciativa de Osiptel de proveer a los usuarios una app que centraliza la información y consulta sobre servicios de telecomunicaciones.
Los informes presentados revelaron que Claro no cumplió con estas directrices, lo que llevó a la imposición de una multa inicial de 350 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) en octubre de 2023 mediante la Resolución N° 361-2023-GG/OSIPTEL.
Como se recuerda, Osiptel lanzó un aplicativo móvil mediante el cual los usuarios encontrarán información de utilidad y podrán realizar consultas sobre servicios públicos de telecomunicaciones. La app unifica en una sola plataforma las diversas herramientas informáticas.
Sin embargo, de acuerdo con las conclusiones del Informe de Supervisión N° 012-DFI/SDF/202332, la empresa operadora habría incumplido con dicha medida.
Con relación a la multa impuesta, corresponde indicar que la misma fue calculada en base a la Metodología de Multas —que es de conocimiento de AMÉRICA MÓVIL—, considerando los criterios de graduación previstos en el TUO de la LPAG, siendo que dicho cálculo fue remitido a la empresa operadora conjuntamente con la notificación de la resolución impugnada, señala la resolución.
El organismo regulador señala que está en sus competencias realizar fiscalizaciones en tiempo real a fin de acceder a los sistemas o bases de datos de las entidades, utilizando conexiones remotas.
Para tales efectos, el Osiptel podrá emplear herramientas informáticas de conexión como Virtual Private Network u otras que defina, así como solicitar a las entidades fiscalizadas el otorgamiento de usuarios y contraseñas para el acceso, procurando siempre la tutela efectiva de los bienes jurídicos a su cargo y salvaguardando los derechos de las entidades fiscalizadas conforme a la normativa vigente.
Multa a Telefónica
Por otro lado, la empresa Telefónica del Perú (Movistar) fue ratificada también en su sanción con una multa de más de S/700.000, equivalentes a 151 UIT, por incumplir con la entrega de información diaria en su Registro de Abonados, según se estipula en la resolución Nº 00041-2024-CD/OSIPTEL.
Esta infracción ha sido calificada como “muy grave” por el ente regulador, OSIPTEL, y con esta decisión, se agotan las vías administrativas para apelar.
El 8 de julio de 2021, Telefónica había sido previamente notificada con una medida cautelar que le exigía entregar actualizaciones diarias de su base de datos de usuarios, estableciendo plazos, formas, y modos de cumplimiento específicos. Sin embargo, la empresa no ha cumplido con estas disposiciones en el plazo determinado, conduciendo a la imposición de esta sanción económica.
Este suceso subraya el compromiso de Osiptel con la defensa de los derechos de los usuarios y la aplicación de sanciones a las entidades que no cumplan con las normativas establecidas.
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