Alberto Otárola confirma que Gobierno busca aplicar en Perú el ‘plan Bukele’ de sus cárceles

El jefe de Gabinete, Alberto Otárola, confirmó este jueves que el Gobierno de Dina Boluarte desea replicar el plan de las cárceles adaptado por el mandatario Nayib Bukele en El Salvador. En una conferencia de prensa, el portavoz del Ejecutivo detalló que el titular de Justicia, Eduardo Arana, viajó a la nación centroamericana para evaluar esta estrategia penitenciaria.

“Voy a ser muy claro. El ministro ha sido enviado para ver la realidad de la logística carcelaria en ese país, que [...] se ha convertido en una infraestructura adecuada, moderna y eficiente para que acudan, sobre todo, los presos más violentos y los más peligrosos”, congratuló el premier al proyecto de Bukele.

El Salvador se encuentra bajo un régimen de excepción desde hace dos años ante una escalada de homicidios atribuida a las pandillas, una medida que produjo la popularidad de Bukele, reelegido para el período 2024-2029, pese a una prohibición constitucional, en unos comicios en los que alcanzó un 84,6 % de respaldo electoral, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

A finales de marzo de 2022, el Congreso decretó este régimen para suspender garantías constitucionales a petición del Ejecutivo y arrancar así la llamada “guerra contra las pandillas”, después de que las maras habían puesto en jaque el Plan Control Territorial con el que Bukele había logrado continuar y acentuar la disminución de los homicidios que venía desde 2016.

Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad en los penales —incluido muertes de internos bajo custodia del Estado― desde que se instauró este régimen, que suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el de contar con la asistencia de un abogado.

La construcción se dio entre críticas de la oposición, que ha resaltado la falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.

Amnistía Internacional (AI), de igual modo, expresó su “profunda preocupación”, dado que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”. Ni las críticas ni pronunciamientos de la comunidad internacional han deteriorado la imagen del mandatario salvadoreño.

En agosto pasado, Boluarte descartó de plano que el Perú vaya a implementar un modelo similar al de Bukele para frenar los índices de criminalidad, como sugirió el juez supremo Javier Arévalo, titular de la Corte Suprema de Justicia.

De esa manera, la gobernante cerró la puerta a la propuesta que previamente había sido respaldada por Otárola, quien afirmó que “se podrían” adoptar ciertos métodos. Su nueva declaración ha vuelto desempolvar el tema en un país donde se ha disparado la ola de criminalidad.