El ministro de Justicia, Eduardo Arana, ha viajado a El Salvador este miércoles al aceptar una invitación de la administración de Nayib Bukele “para intercambiar experiencias en materia de seguridad pública” respecto al modelo carcelario de la nación norteamericana, que se encuentra bajo un régimen de excepción desde 2022 ante una escalada de homicidios atribuida a las pandillas.
Según una resolución suprema firmada por la presidenta Dina Boluarte y el premier Alberto Otárola, la estadía de Arana en ese país se extenderá hasta el sábado 24 de febrero e implicará un gasto del erario público de US$ 4,720.77 (US$ 3,870.27 de pasaje y US$ 850.50 de viáticos por tres días).
El documento resalta que este “intercambio de experiencias afianzará la labor funcional” del portafolio “como parte de la implementación de la Política Nacional Penitenciaria al 2030, [...] que establece la necesidad de fortalecer la seguridad integral” de las prisiones peruanas “con mecanismos de control e inteligencia [...] y de coordinación interinstitucional entre el sistema penitenciario y las entidades vinculadas con la administración de justicia”.
Raúl Pérez Reyes, titular de Transportes y Comunicaciones, estará encargado del despacho de Arana mientras dure este primer acercamiento entre el gobierno de Boluarte con el de Bukele, quien fue reelegido para el período 2024-2029 en unos comicios en los que alcanzó un 84,6 % de respaldo electoral, según el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
El líder salvadoreño, quien goza de popularidad gracias a su controvertida política de lucha contra las pandillas, ha sido el primero en ser reelegido, pese a una prohibición constitucional, desde que el país centroamericano dejó una dictadura militar de varias décadas y entró en democracia.
A finales de marzo de 2022, el Congreso decretó un régimen de excepción para suspender garantías constitucionales a petición del Ejecutivo y arrancar así la llamada “guerra contra las pandillas”, después de que las maras habían puesto en jaque el Plan Control Territorial con el que Bukele había logrado continuar y acentuar la disminución de los homicidios que venía desde 2016.
Según encuestas publicadas en el marco de la campaña electoral, este régimen fue el principal activo para la notoriedad del mandatario, principalmente por la reducción de la presencia de las pandillas en las comunidades populares.
Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones y abusos de las fuerzas de seguridad en los penales —incluido muertes de internos bajo custodia del Estado― desde que se instauró este régimen, que suspende varios derechos constitucionales, entre ellos, el de contar con la asistencia de un abogado.
En febrero del año pasado, Bukele inauguró, sin permitir el acceso a la prensa, el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una nueva cárcel con capacidad para al menos 40.000 pandilleros que, según su oficina, es “la más segura de América Latina”, ubicada en una zona rural aislada en el central municipio de Tecoluca.
La construcción se dio entre críticas de la oposición, que ha resaltado la falta de transparencia, principalmente por la aprobación en la Asamblea Legislativa, dominada por el oficialismo, de una ley que permitía saltarse los controles acostumbrados en las obras estatales.
Amnistía Internacional (AI), de igual modo, expresó su “profunda preocupación”, dado que “la construcción de esta nueva prisión podría suponer la continuidad y el escalamiento de estos abusos”. Ni las críticas ni pronunciamientos de la comunidad internacional han deteriorado la imagen del mandatario salvadoreño.
‘Modelo Bukele’ en Perú
En agosto pasado, Boluarte descartó de plano que el Perú vaya a implementar un modelo similar al de Bukele para frenar los índices de criminalidad, como sugirió el juez supremo Javier Arévalo, titular de la Corte Suprema de Justicia.
“Yo creo que la situación de El Salvador tiene su propia particularidad. Los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia; en consecuencia, nosotros de la mano con nuestra Policía y de acuerdo a políticas y lineamientos del Gobierno, conforme de nuestra peculiaridad y particularidad del país, haremos frente al crimen organizado y a la criminalidad”, dijo en diálogo con TV Perú.
De esa manera, la gobernante cerró la puerta a la propuesta que previamente había sido respaldada por Otárola, quien afirmó que “se podrían” adoptar ciertos métodos.
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