Nueve mujeres campesinas esperan una sentencia histórica contra 13 miembros del Ejército peruano acusados de cometer abusos sexuales durante el conflicto armado interno en Manta, Huancavelica. Estas ciudadanas, sobrevivientes de violencia de género, han solicitado en reiteradas ocasiones la apertura pública del juicio en su fase conclusiva a fin de que la ciudadanía se mantenga informada y atenta al desarrollo del proceso.
Por ello, este caso resulta especialmente importante no solo por la gravedad de los hechos denunciados, que tuvieron lugar en uno de los períodos más oscuros de la historia reciente del Perú, sino también por la valentía de las víctimas que, después de décadas, lograron llevar su lucha por justicia ante los tribunales.
Resolución del Caso Manta sentará un precedente en el Perú
Infobae Perú conversó previamente con Cynthia Silva, abogada que acompaña la defensa legal de tres sobrevivientes y directora de la organización feminista Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus), quien precisó que la importancia de reconocer y denunciar los crímenes de lesa humanidad en Perú radica en su contribución a la memoria histórica del país en contexto de conflictos armados.
Estos actos, que consistieron en el uso excesivo de la fuerza y violaciones a los derechos humanos para etiquetar a personas como terroristas y perseguir a civiles inocentes, reflejan políticas de control sobre la población que se implementaron en diversas regiones del país.
“Es un caso que establece un hito histórico importantísimo para nuestro país y que también nos va a dejar lecciones aprendidas para que nunca más se viole en el marco del ejercicio del uso de las fuerzas por parte del Estado. Eso es algo que sucede hasta ahora y para nosotras es fundamental también porque eso tiene que ser proscrito expresamente como práctica porque si no se pone de manifiesto que ocurrió, oficialmente no hay un reconocimiento de que las violaciones sexuales eran usadas como ataques a las comunidades a las que se veía como enemigas terroristas y, entonces, no se prohíbe que esto ocurra”, aseguró.
No sería la primera vez que se pide juicio público
El juicio oral se encuentra en su fase decisiva, a pocos pasos de concluir; sin embargo, la solicitud formal para que este proceso se desarrolle de manera pública aún no ha sido atendida. El pedido se argumenta en que es un evento que ha capturado la atención pública y mediática, que subraya la demanda de transparencia y acceso a la información en casos de profundo impacto social y político.
“Este es un pedido que viene directamente de las mujeres, quienes son las titulares del derecho a la privacidad en las audiencias por tratarse de asuntos de vida íntima. Ellas renuncian a este derecho con el fin de que la ciudadanía se mantenga vigilante en hechos que tienen una relevancia de interés público. Ellas solicitan esto para que también estén acompañadas en esta lucha por justicia que lleva décadas”, precisó Silva.
Violencia sexual en el conflicto armado interno
Durante el extenso período de conflicto armado interno que experimentó Perú entre 1980 y 2000, las mujeres, especialmente de zonas rurales y comunidades menos favorecidas, se encontraban en una posición de vulnerabilidad notablemente elevada.
Esto se evidenció en regiones de la sierra sur como Ayacucho, Huancavelica, Huánuco y Apurímac, donde ser parte de la población femenina incrementaba el riesgo de sufrir violencias y abusos. Un reporte de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (CVR), publicado el 28 de agosto de 2003, arrojó luz sobre esta compleja realidad y dio a conocer que “las víctimas eran mayormente mujeres quechuablantes (75% de los casos), de origen rural (83%), campesinas (36%) o amas de casa (30%)”.
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