Gobierno de Dina Boluarte se dispone a destituir definitivamente a Daniel Soria tras suspensión irregular

El Gobierno de la presidenta Dina Boluarte ha conseguido dar los primeros pasos para lograr el cometido que su antecesor, Pedro Castillo había iniciado en enero del 2022, remover definitivamente a Daniel Soria de la Procuraduría General del Estado, funcionario que ha sido reconocido como incómodo por las dos últimas gestiones. La estrategia ha dado inicio con un informe del Ministerio de Justicia en el que se recomienda la destitución del suspendido exprocurador basándose en acusaciones de falta de idoneidad que ya habían sido resueltas.

En el informe N° 001-2023-JUS/CAHOIPAD, al que Infobae Perú tuvo acceso, pertenece al órgano instructor de del procedimiento administrativo disciplinario “instaurado en contra del servidor Daniel Soria Luján, en su condición de ‘Procurador General del Estado’”; y fue presentado ante el actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana el pasado miércoles 7 de febrero.

No obstante, la resolución del mismo no fue notificada ante Daniel Soria hasta la semana pasada, por medio de un oficio en el que se le notificaba la recomendación del documento y en el que se le daba la posibilidad de ofrecer sus descargos ante los resultados de la comisión designada. La misma que actuó tras la advertencia de que en el nombramiento de Soria se había generado “una omisión en el proceso de evaluación y cumplimiento de los requisitos para que el señor Daniel Soria Luján sea designado”.

Según el documento, elaborado por tres funcionarios designados por el ministro Eduardo Arana: Luigino Pilotto Carreño, Armando Miguel Subauste Bracesco y Tiberio Cayo Robles Yanoc; quienes consideraron que “existen indicios suficientes que acreditan que el servidor (Daniel Soria) ha vulnerado los principios de probidad, idoneidad y veracidad” de la ley orgánica de la creación de la Procuraduría General del Estado.

Como resultado de estas presuntas vulneraciones, la Comisión conformada para investigar el hecho —que viene siendo tema de cuestionamiento desde el 2022, cuando Aníbal Torres expresó su descontento con Soria—; consideró que “conforme a lo expuesto y de acuerdo con los hechos y argumentos desarrollados en el presente informe, el Órgano Instructor (...) recomendamos a vuestro despacho que la sanción a imponerse debe ser la destitución”.

Sin embargo, esta decisión no es efectiva desde ya, pues corresponde a la primera fase de un proceso sancionatorio correspondiente a la fase de instrucción. Luego de que este documento haya sido notificado al Ministro de Justicia, se ingresa a una segunda y última fase, que es la de sanción, en la que el ministro de Justicia solicita los descargos de Daniel Soria mediante la presentación de un informe oral.

Como se sabe, las acusaciones iniciadas contra Soria Luján están basadas en que este “no habría cumplido con la labor de trayectoria en la defensa jurídica del Estado”; alegando que para ser Procurador General del Estado, requería haber laborado previamente como procurador específicamente, hecho que no ha sido precisado en la norma.

En conversación con Infobae Perú, el ahora suspendido procurador General del Estado, Daniel Soria, rechazó tajantemente haber incurrido en dicho incumplimiento, y aseveró que es producto de una excusa para sacarlo del cargo. Hecho que se viene intentando lograr desde el 2022. “En la línea de lo que se ha desarrollado en este procedimiento, es claro que la decisión que va a adoptar el ministro de Justicia va a ser la destitución”, consideró el exprocurador.

Asimismo, aseveró que “tanto la oficina de recursos humanos de la procuraduría general del Estado, como la oficina de recursos humanos del Ministerio de Justicia emitieron sendos informes donde llegaron a la conclusión de que yo cumplía los requisitos, y es ahí donde salen los auditores a detallar la existencia del informe que inicialmente me señalaban como ‘no idóneo’”.

“El hecho ilícito que se me atribuye es que he presentado información inexacta al momento de presentar mi documentación para que evalúen mi designación como procurador general en febrero del 2020; lo cual yo rechazo totalmente porque toda la información que presenté refleja de manera fiel las labores que yo hacía en la Defensoría del Pueblo en la oficina de asuntos constitucionales. Rechazo que sea la información inexacta, si no que, al contrario, corresponde a la información integral”, detalló Soria Luján en conversación con este medio.

Asimismo, el suspendido procurador aseveró que con acciones como estas lo que se buscaría es restarle autonomía a la institución de la Procuraduría General del Estado. “El año pasado, a fin de año, el premier Otárola hizo una suerte de balance de fin de año y, a propósito de mi suspensión, dijo que yo me había extralimitado de mis funciones y ya el procurador se había convertido en una especie de fiscal o juez y esa es una afirmación que también rechazo”, consideró.

Según Soria, su labor era la de defender los intereses del Estado. ”Es evidente que no me puedo comportar con un fiscal, que es el que dirige la investigación penal y mucho menos como un juez, que es el que decide”, añadió.

A la luz de estos hechos, el procurador ha vuelto a presentar una demanda de amparo ante el Poder Judicial, a fin de buscar la restitución de sus derechos que en un primer momento le fueron otorgados y que generaron su regreso a la PGE a finales del 2022.