Corte Superior: dictarán hasta 35 años de cárcel para quienes asesinen a miembros de la PNP, Fuerzas Armadas y Poder Judicial

En el marco de las disposiciones del ordenamiento penal, se ha dado a conocer que aquellos que cometan homicidio en agravio de miembros de instituciones clave para la seguridad y justicia del país se enfrentarán a duras penas que oscilan entre los 25 y 35 años de cárcel. Esta condena se aplicará cuando se atente contra agentes de la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, magistrados del Poder Judicial o Ministerio Público, integrantes del Tribunal Constitucional o cualquier autoridad elegida por mandato popular.

Esta categorización responde a la clasificación del delito como homicidio calificado, una gravedad mayor en comparación con homicidios que no se encuadran dentro de estas circunstancias específicas.

El juez de la Corte Superior Nacional, Guillermo Huamán Vargas, detalló recientemente que “la pena se determinará de acuerdo a las circunstancias en que se materialice el acto criminal”, haciendo alusión a la presencia de elementos como el uso de armas, la ferocidad, la codicia o incluso la intención de ocultar otro tipo de delitos.

En esa línea, indicó que estos factores podrían llevar a la aplicación de la máxima sanción prevista para este tipo de ilícitos. En sus palabras, “esto no significa que la vida de un policía valga más que la de cualquier ciudadano”, sino que atentar contra estas figuras implica una afectación significativa a la seguridad y el orden público.

El homicidio calificado, según explica Huamán Vargas, se refiere al acto en que se quita la vida de alguien bajo circunstancias que aportan una gravedad adicional al hecho, como puede ser la actuación con “una gran crueldad o alevosía”, lo que podría incluir el uso de material explosivo. Contrariamente, el homicidio simple ocurre cuando una persona quita la vida a otra de manera intencional, pero sin que medien estas circunstancias agravantes, siendo penalizado con hasta 25 años de prisión efectiva.

La especificación de estos criterios busca proporcionar una comprensión más clara de las implicaciones legales de estos delitos y de la importancia que reviste la protección de los miembros de las instituciones mencionadas, no solo como garantía de justicia sino también como mecanismo de resguardo de la seguridad nacional.

Este enfoque también subraya la relevancia de asegurar el buen funcionamiento de instituciones clave en la sociedad, reconociendo el impacto significativo que estos delitos tienen sobre la confianza en las instituciones de seguridad y justicia, así como en la estabilidad social.

En un trágico incidente ocurrido en las primeras horas del día, Luis Carrasco Ramos, de 55 años, fue brutalmente asesinado por sicarios momentos después de haber salido de su hogar para dirigirse a su trabajo. Carrasco Ramos, quien recientemente se había unido a la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, fue emboscado cerca de su residencia, aproximadamente a las 6:00 a.m.

Según las investigaciones preliminares, el ataque parece haber sido meticulosamente planeado. Testigos y grabaciones de cámaras de seguridad situadas en la zona indican que dos vehículos, uno blanco y otro azul, fueron avistados rondando el área del domicilio de la víctima desde aproximadamente las 5:00 a.m. Los atacantes, que habían estado vigilando la salida de Carrasco Ramos, ejecutaron el asesinato poco después de que este dejara su casa, disparándole a quemarropa en múltiples ocasiones, lo que le causó heridas mortales en abdomen, cabeza y pecho.

La familia de la víctima ha declarado desconocer si Carrasco Ramos había recibido amenazas previas relacionadas con su labor en la brigada especializada. Las autoridades han iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer los motivos detrás de este crimen y dar con el paradero de los responsables. Las imágenes captadas por las cámaras de vigilancia jugarán un papel crucial en la identificación de los sospechosos y en la reconstrucción de los eventos que condujeron a este fatal desenlace.