La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaba preocupada en abril del 2023 cuando se enteró del megaoperativo de incautación de bienes en la sede de la Universidad Alas Peruanas (UAP), a raíz de la investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.
El operativo supondría una ruptura con el fujimorismo y la búsqueda de sus tesis nunca antes vistas, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder, que recoge nuevas declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. La diligencia exaltó a la magistrada, implicada en una red de tráfico de influencias que operó en la cúpula fiscal.
“Le preocupaban dos cosas: primero, que los fujimoristas se iban a molestar con ella y se iban a poner en su contra. Y la segunda preocupación [era] que Rafael Vela [excoordinador de las fiscalías contra el lavado de activos] lo que buscaba era la tesis”, declaró su exmano derecha, quien viene cooperando con la justicia.
Ramírez, excongresista del partido naranja y mayor financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, es sobrino del fallecido dueño de la UAP, institución no licenciada que, según la tesis fiscal, fue usada por él y su familia para hacer negocios con empresas fachada y obtener dinero ilícito que luego sostuvo las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.
Joaquín Ramírez tiene cuatro cargos por lavados de activos
El Ministerio Público le atribuye al actual gobernador regional de Cajamarca cuatro grandes cargos de lavado de activos: la “conversión del dinero maculado mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas”, la transferencia de dinero blanqueado entre empresas de fachadas, la realización de actos de conversión mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros entre julio de 2004 y marzo de 2018, y la compra de 22 bienes inmuebles y 2 bienes muebles entre 2002 y 2017, cuando “no podía contar con los suficientes recursos debido a sus incipientes ingresos lícitos”.
La operación se realizó de manera simultánea en tres distritos de Lima (San Isidro, Surco y Jesús María) y en Ica, donde las autoridades incautaron 295 bienes (entre siete aeronaves, varios edificios y vehículos) valorados en más de mil millones de dólares, una cifra sin precedentes en el país, de acuerdo con analistas políticos.
Fujimori, actualmente investigada por el caso Cócteles, también fue implicada en este caso como integrante del brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización.
“Eso es una leyenda urbana. Desde el 2019 los señores Ramírez no tienen ni una acción. [...] Yo no entiendo cómo generan esa vinculación perversa entre Alas Peruanas y el fujimorismo. ¿De dónde sacan eso?”, dijo al dominical el abogado de la casa de estudios, Wilber Medina.
La postura es distante a la del suspendido fiscal Vela. “Es verdad que surgió esa versión como que yo estaba buscando las tesis [de Benavides], pero era absolutamente falso. Yo estaba en mi despacho, como correspondía”, remarcó aun cuando el letrado insiste en que el allanamiento buscaba ubicar las investigaciones académicas. La propia UAP ha admitido que las tesis están desaparecidas.
La intervención en la UAP, según Vela, produjo el inicio de las investigaciones en su contra en la Autoridad Nacional de Control (ANC) del Ministerio Público, un organismo que se encarga de evaluar y sancionar a los fiscales. Desde entonces, también, el vínculo con Benavides se tornó tenso, aun cuando en el pasado había sido su “amiga”.
Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, también destacó otra motivación de la suspendida magistrada para interrumpir las investigaciones contra la Universidad Alas Peruanas (UAP). “Tomé conocimiento que Patricia Benavides tenía interés en que el caso de la Universidad Alas Peruanas no tenga éxito, debido a que uno de sus asesores, José Luis Hauyón, era el abogado de una de las hijas de Fidel Ramírez, quien está vinculado a dicho caso”, dijo.
Vela indicó que había otro cliente de Hauyón que estaba involucrado en una pesquisa por lavado de activos: el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). “En esas mismas fechas, se abrió investigación contra distintas personas del Sodalicio en una investigación que todavía está abierta. Esos hechos generaron tremenda molestia en el señor Hauyón y me los imputaron a mí”, zanjó.
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