Patricia Benavides buscó impedir incautación en UAP por “temor a la reacción fujimorista” y a que expongan sus tesis

La suspendida fiscal de la Nación, Patricia Benavides, estaba preocupada en abril del 2023 cuando se enteró del megaoperativo de incautación de bienes en la sede de la Universidad Alas Peruanas (UAP), a raíz de la investigación por presunto lavado de activos contra el exsecretario general del partido Fuerza Popular, Joaquín Ramírez.

El operativo supondría una ruptura con el fujimorismo y la búsqueda de sus tesis nunca antes vistas, según un informe difundido este domingo en Cuarto Poder, que recoge nuevas declaraciones del colaborador eficaz Jaime Villanueva. La diligencia exaltó a la magistrada, implicada en una red de tráfico de influencias que operó en la cúpula fiscal.

Ramírez, excongresista del partido naranja y mayor financista de la campaña presidencial de Keiko Fujimori, es sobrino del fallecido dueño de la UAP, institución no licenciada que, según la tesis fiscal, fue usada por él y su familia para hacer negocios con empresas fachada y obtener dinero ilícito que luego sostuvo las campañas de Fuerza Popular en 2011 y 2016. El monto del lavado sería de 183 millones 66 mil 941 dólares.

El Ministerio Público le atribuye al actual gobernador regional de Cajamarca cuatro grandes cargos de lavado de activos: la “conversión del dinero maculado mediante aportes al capital social de las 22 personas jurídicas”, la transferencia de dinero blanqueado entre empresas de fachadas, la realización de actos de conversión mediante la apertura de cuentas bancarias a nombre de terceros entre julio de 2004 y marzo de 2018, y la compra de 22 bienes inmuebles y 2 bienes muebles entre 2002 y 2017, cuando “no podía contar con los suficientes recursos debido a sus incipientes ingresos lícitos”.

Fujimori, actualmente investigada por el caso Cócteles, también fue implicada en este caso como integrante del brazo político de la red criminal junto con Pier Figari, su exasesor, con quien captaba “bienes ilícitos para obtener poder político” y “blindar” a la organización.

“Eso es una leyenda urbana. Desde el 2019 los señores Ramírez no tienen ni una acción. [...] Yo no entiendo cómo generan esa vinculación perversa entre Alas Peruanas y el fujimorismo. ¿De dónde sacan eso?”, dijo al dominical el abogado de la casa de estudios, Wilber Medina.

La postura es distante a la del suspendido fiscal Vela. “Es verdad que surgió esa versión como que yo estaba buscando las tesis [de Benavides], pero era absolutamente falso. Yo estaba en mi despacho, como correspondía”, remarcó aun cuando el letrado insiste en que el allanamiento buscaba ubicar las investigaciones académicas. La propia UAP ha admitido que las tesis están desaparecidas.

Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, también destacó otra motivación de la suspendida magistrada para interrumpir las investigaciones contra la Universidad Alas Peruanas (UAP). “Tomé conocimiento que Patricia Benavides tenía interés en que el caso de la Universidad Alas Peruanas no tenga éxito, debido a que uno de sus asesores, José Luis Hauyón, era el abogado de una de las hijas de Fidel Ramírez, quien está vinculado a dicho caso”, dijo.

Vela indicó que había otro cliente de Hauyón que estaba involucrado en una pesquisa por lavado de activos: el grupo religioso Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). “En esas mismas fechas, se abrió investigación contra distintas personas del Sodalicio en una investigación que todavía está abierta. Esos hechos generaron tremenda molestia en el señor Hauyón y me los imputaron a mí”, zanjó.