Ola de violencia en Ica: Informe revela que es la tercera región con más asesinatos en Perú

La problemática de la inseguridad ciudadana a nivel nacional no es igual en todas las regiones pues cada una tiene inconvenientes particulares para luchar en contra del crimen en sus jurisdicciones. Si bien Lima y La Libertad son señaladas como las dos regiones con mayor criminalidad, la tercera es Ica.

Así lo reveló un informe elaborado por el Ministerio del Interior (Mininter) en el que se cuenta la cantidad de homicidios reportados durante el año 2023. En ese indicador, la estadística registra que en Ica se cometieron 110 asesinatos, una cifra solo superada por La Libertad (160) y Lima (540).

Incluso dentro de la región Ica existen zonas con mayor incidencia de este delito, como es el caso de Pisco, provincia en la que se cometieron 60 de los 110 asesinatos registrados durante el año pasado, por lo que es el escenario de más del 54% de las muertes registradas como homicidio por la Policía Nacional del Perú (PNP).

El sicariato, la extorsión, los préstamos gota a gota y la explotación sexual por medio de la trata de personas son los delitos más comunes cometidos por estas organizaciones, aunque este último es el que presenta un aumento a comparación con el año anterior.

En los últimos días, la región La Libertad, y en particular los distritos de Trujillo y Pataz, fueron declarados en estado de emergencia por parte del Gobierno, que dispuso mayor presencia policial y el apoyo de las Fuerzas Armadas para mantener el control de estos territorios.

En ese sentido, el decreto supremo que oficializa la medida indica que todas las actividades sociales y espectáculos quedarán prohibidas entre las 0:00 y las 4:00 de la mañana y que en el caso de Pataz se tendrá un Comando Unificado entre ambas instituciones.

Esto se debe a que, al menos en el caso de Pataz, en esta zona de la sierra de La Libertad, se conoce de al menos 20 bandas criminales dedicadas a la minería ilegal, uno de los problemas clave para los vecinos del distrito y que ha generado, entre otros incidentes, la desaparición de trabajadores de otras compañías mineras e incluso la extorsión y el cobro de cupos para evitar ser víctimas de atentados contra la vida y el bienestar de las personas involucradas en esta actividad extractiva.

Aún cuando el estado de emergencia fue promulgado para ayudar a reducir la inseguridad ciudadana en estas zonas, las autoridades de estas jurisdicciones consideran que esta medida podría ser “más de lo mismo” y finalmente la situación no se revertirá.

Aunque el gobernador César Acuña logró que el Gobierno Nacional declare en emergencia a la región, las autoridades de Trujillo, distrito al que se busca proteger, criticaron la decisión, pues, según el alcalde Mario Reyna, “esto de las declaratorias de emergencia tiene décadas dándose, pero me parece que es para que la población sienta algo de calma, pero en Trujillo no va a llegar la calma mientras más allá de una declaración legal no venga acompañada efectivamente de investigación criminal”.

En conversación con Exitosa, Reyna indicó que “Las bandas criminales están bien organizadas (...) no puede ser que el Estado peruano pueda rendirse ante los delincuentes. Este es un tema de decisión política”.

“La declaratoria de emergencia que se dan desde el escritorio hacia las provincias o distritos no tienen planes operativos, estratégicos y tácticos (...) La Policía Nacional no tiene ni para el petróleo y las municipalidades no cuentan con presupuesto para seguridad ciudadana como tal”, afirma Jorge Vásquez, regidor de la municipalidad.