El Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) ha aprobado una modificación al Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por la empresa Antamina, lo que permitirá a esta última expandir sus operaciones mineras en Áncash.
Esta decisión autoriza la extracción de minerales hasta el año 2036, extendiendo así el proyecto original que preveía operaciones hasta 2028. La inversión de dos mil millones de dólares anunciada promete incrementar la producción actual de 175 mil toneladas diarias de mineral a 208 mil toneladas a partir del mencionado año.
A pesar del positivo panorama económico que supone esta expansión para el sector minero, la misma ha generado preocupación entre las comunidades locales y organizaciones ambientales. Estas últimas han señalado la existencia de serias omisiones en la evaluación de impacto, alertó Red Muqui, destacando la falta de estudios hidrológicos que evidencien cómo la ampliación afectará los recursos hídricos regionales.
La desaparición de lagunas y el temor a una afectación continua del medio ambiente son parte de las angustias expresadas por habitantes de las provincias de Huari y Huarmey, esta última sede de la terminal del mineroducto de Antamina.
La ampliación de Antamina, una de las operaciones de cobre más grandes del mundo, se ha encontrado con la resistencia de sectores que denuncian impactos negativos asociados a su funcionamiento desde el año 2002.
En particular, la población en Huarmey ha reportado incidencias de enfermedades a causa de metales pesados, con exámenes médicos que muestran niveles de plomo y arsénico muy por encima de lo permitido. Una delegación del distrito se movilizó a Lima recientemente para elevar sus preocupaciones, reportando afectaciones en decenas de individuos, muchos de ellos niños.
Estas denuncias se suman a advertencias previas realizadas por Red Muqui en septiembre de 2022, entidad que criticó severamente la modificación del EIA por pasar por alto importantes consideraciones ambientales y de salud pública.
Aunque la decisión de Senace ha sido recibida con entusiasmo por representantes de la industria minera, incluido su presidente Víctor Gobitz, las voces de alarma y preocupación desde las comunidades y organizaciones ambientales insisten en la necesidad de una revisión más profunda de los impactos y las medidas de mitigación. A medida que avanza la minería en Ancash, el diálogo entre los diferentes sectores se presenta como fundamental para asegurar un futuro sostenible y justo para todos los involucrados.
Niños de Huarmey con metales pesados en la sangre
En la provincia de Huarmey, ubicada en Áncash, Perú, familiares de más de 10 niños que han mostrado signos de intoxicación con plomo y arsénico han logrado un acuerdo con el Ministerio de Salud (Minsa) para su atención médica. Los afectados, principalmente niños, presentan síntomas severos debido a la exposición a estos metales pesados, provenientes de las operaciones del puerto terminal del mineraloducto de Antamina en Punta Lobitos.
Los padres de los menores, Jesús Asencio y Grecia Maguiña, junto a Estela Rojas, presidenta del Comité de Gestión de Salud de Huarmey, encabezaron las negociaciones que culminaron en la firma de un acta de compromiso por parte del Minsa. Esta provincia ha sido escenario de afectaciones de salud por metales pesados, con examenes médicos indicando niveles de plomo y arsénico superiores a los máximos permisibles, algunos hasta en 3,000%.
En respuesta a las denuncias formuladas por las familias, afectadas por sintomatologías como decoloración de la piel y dolores agudos, entidades de derechos humanos y organizaciones ambientales impulsaron la intervención sanitaria.
Luis Valverde Cueva, máximo responsable de la Dirección Regional de Salud (DIRES) de Áncash, informó que solo en el año 2023 se identificaron 29 ciudadanos de Huarmey con arsénico en su sangre, incluyendo a tres embarazadas.
La preocupación se acrecienta debido a la localización de estos casos en zonas cercanas a infraestructuras mineras. Las familias afectadas buscaron apoyo internacional y nacional en agosto pasado, tras lo cual Ruth Luque, presidenta de la Comisión de Pueblos Andinos Amazónicos Ambiente y Ecología, solicitó formalmente al Minsa la realización de exámenes de diagnóstico.
Por su parte, Antamina contestó, mediante un comunicado, que, según los monitoreos ambientales de calidad de agua y aire, los resultados muestran valores por debajo de los límites permisibles de niveles de arsénico, así que no se encontró “ninguna excedencia” que pueda afectar a las personas, incluso al medio ambiente y al personal de su compañía.
Y agregaron que el puerto de Antamina, en Punta Lobitas, opera bajos condiciones controladas y monitoreadas para que no afecten ni a las personas ni al medio ambiente, el cual elimina cualquier exposición de los productos hacia terceros.
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