Trabajadoras sexuales denuncian ser víctimas de extorsión y cobro de cupos: un análisis de las condiciones en las que se ven obligadas a laborar

El trabajo sexual es un oficio que ha estado presente en el Perú y todo el mundo desde hace mucho tiempo; sin embargo, el discurso alrededor de él, sobre todo en una sociedad conservadora como la nuestra, se encuentra cargado de estigma y prejuicios, además de que suele centrarse en rechazo hacia quienes lo ejercen pese a los graves riesgos a los que se encuentran expuestos.

Un informe de Trans Organización Feminista ha revelado un alarmante número de asesinatos contra mujeres trabajadoras sexuales transgénero y cisgénero en el Perú que evidencia esta preocupante realidad: entre 2021 y 2023, se contabilizaron un total de 14 crímenes. Estos asesinatos tuvieron lugar en diversas regiones del país, incluyendo Lima, Callao, La Libertad, Lambayeque y Arequipa. Además, se reveló que ocho de las víctimas eran mujeres trans que sufrieron muertes violentas.

En este contexto, Cecibel Jiménez, abogada del Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, explica a Infobae Perú que el trabajo sexual como tal no se encuentra penado dentro de nuestro país y, por lo tanto, no debe ser considerado como un delito; sin embargo, detalla que hay otras actividades, cuyos conceptos suelen confundirse entre sí, que se hallan dentro de esta categoría.

De acuerdo a la especialista, es crucial comprender que las trabajadoras sexuales solo se encuentran ejerciendo su derecho a laborar y, además, al ser sujetas de derecho, se tiene que reconocer su ciudadanía y su libertad para desempeñar el oficio que deseen. Sin embargo, destaca que es importante plantear medidas en torno al contexto de vulnerabilidad al que se ven expuestas de forma inherente.

“No podemos dejar de lado que son víctimas de una serie de situaciones que las exponen a mucha más violencia y que está enmarcada, en su gran mayoría, en un tema de violencia de género, como situaciones de acoso, de violaciones sexuales, de acoso sexual, de explotación sexual y de otros delitos que, si bien no todos poseen una relación directa con el tema de violencia de género, sí están expuestas, como este tema de las mafias y el cobro de cupos”, acota.

Debido a los prejuicios por el oficio que desempeñan, en muchas ocasiones, son las propias autoridades las que tienden a minimizar o no atender las denuncias por la violencia a la que son expuestas, ya sea sexual, física o psicológica. Al respecto, Jiménez establece que dichos procesos deben ser presentados bajo el marco de la Ley N.° 30364 (Ley para prevenir, erradicar y sancionar toda forma de violencia contra las mujeres).

A su vez, considera que es necesario promover la implementación de una regulación o un marco normativo que responda específicamente a esta realidad, puesto que “es una que no se puede ocultar y porque se debe respetar el trabajo que ellas han decidido realizar”.

Ángela Villón, activista por los derechos humanos de las personas que ejercen el trabajo sexual y representante de la Asociación Miluska Vida y Dignidad, que ya tiene cerca de 20 años de fundación, denuncia que la extorsión y el cobro de cupos constituyen un problema que ocurre desde hace años. Incluso, menciona que es un tema que ya habían advertido desde el colectivo a las autoridades; no obstante, sus pedidos y observaciones no fueron escuchados.

Luego de mucha insistencia al solicitar que se forme un equipo especializado que se dedique a atender estos procesos, recién en 2023 se atendió este tema y, aunque no se hizo tal cual, sí se creó una Comisión Trata de Personas para Crimen Organizado, mediante la cual pudieran sentar formalmente sus acusaciones. Pese a ello, el ritmo en el que avanzan la delincuencia y las organizaciones criminales expone las limitaciones de dichos esfuerzos.

“La estructura organizativa de estas bandas se debe a que ven el crimen como una cuestión empresarial: tienen escalas, tienen subalternos, tienen logística, tienen todo un análisis o un estudio de las plazas (lugares en los que ofrecen sus servicios). El modo que ellos utilizan es una estrategia de terror que antes nunca había sido vista en nuestro país. Eso de ejecutar a las personas, firmar sus ejecuciones, enviarnos a sus contactos para aterrorizar, para amedrentar, eso nunca se había visto”, advierte Villón.

El trabajo sexual es un oficio histórico que se encuentra presente en nuestro país desde hace muchísimos años. Por ello, de acuerdo a Jiménez, no reconocer su existencia tiene como consecuencias que quienes lo ejercen no puedan hacerlo en condiciones dignas, lo que les abre la puerta a la clandestinidad y, posteriormente, lleva a experimentar todas esas formas de violencia de las que son víctimas.

“Adicionalmente, como todo trabajo informal, no tienen acceso a un seguro de salud cuando sabemos que están expuestas, por justamente estas condiciones insalubres, a contraer diversas enfermedades. Y evidentemente tener un seguro de salud que respalde todo esto les daría mejores condiciones de vida. Y acceder a un seguro del Estado o particular, dependiendo de su elección, lleva también a hablar del tema de la jubilación. ¿Y por qué es relevante? Porque muchas de ellas, lamentablemente en pandemia, han fallecido en condiciones totalmente indignas, totalmente olvidadas”, informa.

Según precisa Jiménez, gran parte de estas problemáticas surgen porque, al no estar reconocido y frente a la actitud punitiva de las fuerzas del orden, el trabajo sexual termina por darse una situación clandestina y eso las expone también a redes de crimen organizado, a redes de explotación sexual e, incluso, laboral. “Hay una conexión entre la inseguridad ciudadana y la exposición que ellas tienen por estas situaciones de inseguridad”, destaca.

“Más que darle una norma, es reconocer al trabajo sexual como una forma de trabajo, darle quizás un marco legal de protección para que puedan acceder a una serie de herramientas del Estado, a una serie de servicios del Estado. (...) Yo sí me atrevería incluso a recoger esta violencia como una forma de violencia particular que sufren las trabajadoras sexuales. Ahora también, cuando se aborde este tema, hay que tener presente un enfoque de diversidad, en el que tenemos a compañeres trans que tienen una mayor vulneración porque, en el caso de ellas, la mayoría ha sido quizás orillada a escoger el trabajo sexual debido a una situación de precarización”, alerta.

Precisamente, la vulnerabilidad que sufren las integrantes de la comunidad trans son muchísimo más grandes, sobre todo en un contexto de conservadurismo y discriminación hacia la diversidad que prima en nuestra sociedad. Y así lo evidencia un informe de Ojo Público, en el que se establece que la situación es especialmente grave para las mujeres trans: entre 2021 y 2023, por lo menos cinco trabajadoras sexuales trans han sido asesinadas.

De acuerdo a lo precisado, la Policía Nacional del Perú (PNP) logró identificar a una de las presuntas homicidas como miembro de la organización criminal Tren de Aragua. Además, la investigación maneja como uno de los posibles motivos a la lucha por el dominio de las zonas en las que tiene lugar la prostitución y la trata de personas.

En medio de este complicado panorama se implementó una mesa de trabajo para luchar contra la violencia hacia las trabajadoras sexuales, con el principal objetivo de impulsar políticas públicas en favor de dicha comunidad, desde el Ministerio de Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP); sin embargo, cuando llegó el 7 de junio del 2023, la gestión culminó y todo se paralizó.

Para septiembre, luego de meses de espera, se programó un plantón y en este, finalmente, las autoridades ofrecieron organizar y convocar nuevamente la iniciativa. No obstante, a pesar de que ya se contaba con plan de trabajo, un informe anterior y todos los fundamentos, hasta la última semana de enero del 2024, no se procedió con lo acordado.

Una luz de esperanza se dio en medio del contexto de violencia de inseguridad en el que se ven obligadas a laborar las trabajadoras sexuales, puesto que —el último viernes 2 de febrero— se convocó a una ‘alfombra roja’ frente al MIMP a fin de reclamar la instalación de la mesa, cuyo objetivo es luchar contra la violencia y promover los derechos fundamentales de las personas que forman parte de este grupo.

De acuerdo a la Asociación de Trabajadoras Sexuales Miluska Vida y Dignidad, ellas fueron atendidas por un equipo de esta cartera y se llegó a coordinar una reunión para levantar observaciones y, de esta forma, activar la mesa de trabajo lo más pronto posible.

Otro de los peligros a los que se encuentran expuestas las trabajadoras sexuales tiene como protagonistas a los propios agentes de la Policía Nacional y, en algunas ocasiones, de los miembros del Serenazgo. De acuerdo al testimonio de Villón, los ataques de estos malos elementos se dan de forma constante y son de conocimiento de las autoridades.

“El tema de la violencia y la vulneración de nuestros derechos humanos siempre han existido, mediante el cobro de cupos y la extorsión. Y, más aún, no solamente han sido esto, sino que nuestro gran problema es las mafias de malos elementos policiales que se dedican, no solamente a robarnos, a extorsionarnos y a cobrar cupos, sino también, sistemáticamente, a violarnos sexualmente”, expresa.

Lamentablemente, este no sería un hecho aislado, sino que ocurriría de forma sistemática y en diferentes puntos de Lima. “Un funcionario, ya sea de la Municipalidad o de la Policía, representa al Estado y tiene arma, o sea que tiene poder. Muchos de ellos utilizan los —mal llamados— favores sexuales para dejar trabajar a las chicas. Esto nosotras lo hemos denunciado históricamente”, concluye la representante de la Asociación Miluska Vida y Dignidad.