Nuevo blindaje. Con 17 votos a favor, tres en contra y seis abstenciones, la Comisión Permanente del Congreso de la República archivó las denuncias contra Dina Boluarte por el caso Club Apurímac, del que fue presidenta mientras se desempeñaba como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión (MIDIS).
Como es de conocimiento público, además de firmar documentos como presidenta del club mientras era ministra, contrató en el Estado a dos integrantes del Consejo Directivo, los cuales ganaron más de tres millones de soles en 2022.
Pese a ello, y a un informe de la Contraloría que alertó de una posible infracción constitucional, el informe final elaborado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales concluyó que los hechos imputados a Boluarte Zegarra, respecto a la presentación de su declaración jurada de intereses (Denuncia 269 y ampliación), “constituyen un caso de declaración jurada de intereses incompleta, regulado por la Ley 31227″.
“No implicaron, en lo absoluto, actos de gestión o de dirección de la Asociación Privada Club Departamental Apurímac, sino actos de formalización de decisiones adoptadas por esta persona jurídica; que no han generado una afectación concreta a un bien jurídico-constitucional”, resaltan.
Además, mencionó que no se determinó que el trámite de su renuncia ante la RENIEC “haya sido irregular”; y que no existen indicios que permitan determinar que se interesó “indebidamente en la contratación del señor Alfredo Florentino Pezo Paredes, en la Contraloría General de la República, ni que los hechos denunciados configuren el tipo penal de negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo”.
Asociados del club ganaron contratos por S/ 3.2 millones en el Estado
Una investigación del diario El Comercio reveló que, mientras Boluarte seguía como presidenta de la organización, la empresa Welev Servicios Generales S.R.L de William Zegarra Pantigoso, exdirectivo del Club Apurímac, obtuvo diversos contratos con el Estado por un monto total de S/3′271.920. La empresa no había contratado con el Estado desde 2017 y había sido sancionada por presentar documentación falsa entre 2011 y 2012.
No fue el único. Timoteo Flores, también vinculado al club, se benefició de una orden de servicio por S/24 mil, autorizada por el Ministerio de Energía y Minas. Ambos han negado el favorecimiento por parte de la gestión de Boluarte.
Otros cuestionamientos
Un grupo de exsocios del Club Departamental Apurímac acusó a la ahora mandataria de administración fraudulenta y expulsiones autoritarias. De acuerdo al documento publicado por Hildebrandt en sus trece, la entonces ministra introdujo “al caballazo” a 60 nuevos asociados para tener mayoría y reelegirse en un segundo mandato.
“La señora Dina Boluarte en calidad de presidenta del Club Departamental Apurímac ha procurado, con el objetivo de obtener un beneficio, que 60 personas ingresen en calidad de asociados del club exprofesamente para su reelección, sin contar con los requisitos señalados en el estatuto (...) Dicho ingreso obedece a que el domingo 20 de enero del 2019 se llevaron a cabo elecciones donde participaron 109 asociados, entre ellos 60 asociados recientemente ingresados, quienes perpetuaron en el poder a la señora Dina Boluarte”, se lee.
“Se ha podido observar que la presidenta del club, sin proceso disciplinario alguno, sin respetar el debido proceso, el derecho a la defensa y las instancias disciplinarias ha excluido del club un 60% de asociados por el motivo de no estar al día en sus cuotas. Sin embargo, la misma presidenta no ha ejecutado dicha expulsión con otros asociados. (...) A muchos apurimeños de distintas provincias que solicitaron afiliación se les ha restringido y denegado el ingreso porque les indicaron que las inscripciones habían cerrado y otros tenían que pagar por adelantado”, agregaron.