Promotor de eventos sufre de extorsión: delincuentes le piden S/30 mil soles

El promotor de eventos folclóricos, Jhon Leyva, se ha convertido en víctima de un espiral de chantajes que ponen en riesgo no solo su estabilidad financiera, sino también la integridad de los artistas que representa y la realización de los conciertos que organiza. Desde noviembre del año pasado, sufre de extorsión por delincuentes que le exigen 30 mil soles a cambio de no sabotear sus eventos ni atentar contra los cantantes implicados.

Cansado de soportar esta situación, decidió enfrentarse a sus victimarios acudiendo a la Dirincri, ubicada en la avenida España, en el corazón de Centro de Lima, para interponer una denuncia formal. En una reciente entrevista con Panamericana TV, compartió detalles escalofriantes sobre las exigencias de los extorsionadores. Estos criminales comparten audios y videos que se envían una única vez y luego se eliminan, una táctica diseñada para no dejar rastros de sus actividades ilícitas.

Ante el micrófono, reveló que la mayoría de estas amenazas se concentran en la ciudad de Trujillo y, por eso, mencionó que sospecha de mafias de ese lugar que también chantajearon a otros empresarios. Además, confesó, con pesar, que en una ocasión cedió ante el miedo y pagó 2.500 soles, pues temía por la seguridad de su familia. Sin embargo, ha llegado a su límite y asegura que no está dispuesto a seguir alimentando el ciclo de extorsión.

La situación trasciende el caso individual de Leyva. En una conversación con el programa La banda del Chino, mencionó que destacadas figuras del ambiente folclórico como Amaranta, Sonia Morales y Dina Páucar también se convirtieron en centros de mensajes intimidatorios. Este patrón de amenazas contra personalidades del folclore sugiere una operación amplia y organizada.

El coraje de Jhon Leyva al denunciar estos actos no solo saca a la luz el peligro que enfrenta, sino que también sirve de llamado a las autoridades para fortalecer las medidas de protección a los promotores culturales y artistas que trabajan día a día para mantener viva la cultura peruana.

Desde el miércoles 14 de febrero, se establecerá un estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, ubicadas en la región La Libertad, como respuesta a la creciente delincuencia que afecta a los habitantes de estas áreas. Esta situación ha llevado a la restricción de eventos sociales y actividades de entretenimiento desde las 00:00 hasta las 4:00 horas.

La implementación de esta medida se oficializó mediante los decretos supremos 019-2024-PCM y 018-2024-PCM, publicados en una edición extraordinaria del periódico oficial El Peruano.

Con el objetivo de restituir el orden, las Fuerzas Armadas tomarán el mando para garantizar la seguridad interna, contando con el apoyo de la Policía Nacional del Perú (PNP). Ambas entidades deberán actuar bajo el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos durante su intervención.

El período del estado de emergencia conllevará la suspensión de ciertos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de movilización dentro del país, el derecho de reunión y la seguridad personal.

Esta decisión del Poder Ejecutivo responde a la violencia generada por más de 20 organizaciones criminales involucradas en la extracción y comercialización ilegal de oro. Las actividades de estos grupos han incrementado notablemente la inseguridad en la región, caracterizándose por ataques con explosivos y el sabotaje a infraestructuras vitales, incluyendo la destrucción de siete torres eléctricas en la provincia de Pataz.

Los actos cometidos por estas bandas criminales han expuesto serios problemas como la extorsión, explotación laboral y sexual, tráfico de armamento y suministro ilícito de químicos, afectando gravemente la seguridad y calidad de vida de los residentes locales.