Gobierno presenta proyecto de ley para retirar de la carrera magisterial a profesores que integren movimientos violentistas

El miércoles 14 de febrero, la presidenta, Dina Boluarte, y el premier, Alberto Otárola, presentaron un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Reforma Magisterial, con el objetivo de impedir que profesores, integrantes de movimientos contra los derechos humanos, postulen y formen parte de la Carrera Pública Magisterial.

De acuerdo con la iniciativa legislativa, el Poder Ejecutivo quiere modificar los artículos 18, 44 y 49, de la Ley de Reforma Magisterial, Ley 29944. En ese sentido, pretenden implementar un nuevo requisitos para postular a la Carrera Pública Magisterial.

Este consiste en no ser miembro, afiliado o representante, de una organización que se caracterice por suscribir una ideología contraria a los derechos señalados en la Constitución Política del Perú.

“No ser a título personal o integrante, miembro, afiliado, representante, o pertenecer a una organización, movimiento o cualquier forma de agrupación cuya ideología o actos sean contrarios al orden constitucional, al sistema democrático y/o al respeto a los derechos humanos. El reglamento regula este requisito respetando el principio de legalidad”, se lee en el proyecto de ley.

La presidenta también busca cambiar el contenido del artículo 49, que versa sobre las causales de destitución de un maestro integrante de la Carrera Pública Magisterial.

En esa línea, propuso que se considere una falta muy grave ser miembro de una organización que pregone una ideología contraria a los derechos humanos.

Al modificar el artículo 44, también pretenden que los maestros investigados por presuntamente integrar un movimiento contrario a los derechos democráticos sean separados de forma preventiva.

Cabe resaltar que esta suspensión ya se ejecuta en casos de maestros indagados por la presunta comisión de violación contra la libertad sexual, hostigamiento sexual en agravio de un estudiante, apología del terrorismo, delitos de terrorismo y sus formas agravadas, delitos de corrupción de funcionarios, delitos de tráfico de drogas. A estos crímenes se suman los que atentan contra los derechos fundamentales de la persona y contra el patrimonio.

En el apartado donde se describen los fundamentos de este proyecto de ley, se lee que la razón por la que buscan su promulgación es la existencia de grupos violentos que operan en el anonimato. También se refieren al MOVADEF.

“Es claro entender que si bien usualmente dichas agrupaciones se desenvuelven en el anonimato revistiéndose en la clandestinidad o informalidad, existen algunas que buscan ser legalizadas para maximizar la difusión de su ideología, como por ejemplo MOVADEF y su infructuosa inscripción como organización política (...)”, precisaron.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha revelado en un informe que las fuerzas de seguridad peruanas cometieron violaciones a los derechos humanos, emplearon armas de fuego y llevaron a cabo actos de tortura durante las manifestaciones que exigían la dimisión de la presidenta Dina Boluarte y los miembros del Congreso. Estos eventos resultaron en la pérdida de más de 50 vidas.

Según el documento emitido por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, las fuerzas de seguridad utilizaron la fuerza de manera contraria a las normas internacionales, lo que implicaría una privación arbitraria del derecho a la vida, incluso contra manifestantes o transeúntes que no representaban una amenaza evidente para los agentes.

El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, manifestó en un comunicado que aquellos responsables de violaciones a los derechos humanos deben ser llevados ante la justicia. Asimismo, señaló que para comenzar a sanar las heridas y restaurar la confianza en las instituciones del Estado, es fundamental que las víctimas reciban una reparación integral.