Estado de emergencia en Pataz y Trujillo: 20 bandas de mineros ilegales en la mira del Ejército y la Policía

Con la declaratoria del estado de emergencia en las provincias de Trujillo y Pataz, ambas pertenecientes a la región La Libertad, el gobierno determina que tanto la Policía Nacional del Perú (PNP) como las Fuerzas Armadas tomen el control de ambos territorios. La intención es ayudar a reducir la inseguridad ciudadana en las dos jurisdicciones

En el caso de Pataz se hizo una indicación adicional: el distrito tendrá un Comando Unificado al mando del Ejército. Esto implica que los distritos señalados se convertirán en el escenario de “acciones y operaciones militares” que las Fuerzas Armadas consideren necesarias. Todo esto para intentar controlar hasta 20 bandas de delincuentes relacionadas a la minería ilegal.

El motivo de esta indicación es porque el distrito de la sierra liberteña ya ha sido el escenario de matanzas e incluso del secuestro de trabajadores de empresas mineras formales que operan en la zona como Poderosa, Horizonte y Marsa.

El caso más reciente de ello sería reportado gracias a una denuncia de familiares de diez mineros de ‘El Shingo’, que indicaron que estos podrían estar secuestrados o incluso que habían sido asesinados por mafias que tienen negocios ilegales en Pataz.

La seguridad en las zonas de explotación minera formal también es un problema, no solo porque los trabajadores están expuestos a posibles ataques de mafias como el que posiblemente ocurrió en la mina ‘El Shingo’ y otras áreas en las que se encontraron cuerpos sin vida de obreros, sino porque actualmente no hay comisarías cerca.

Un informe de El Comercio reveló que la comisaría más cercana a la zona de explotación de las minas Poderosa y Marsa está a 22 kilómetros, lo que implicaría un recorrido de al menos 54 minutos en auto. Esto implica que en caso de atentados de mineros ilegales, la Policía Nacional no puede hacerse presente sino hasta después de que se cometió el ataque.

Esta situación crítica sería el motivo principal por el que las compañías formales habrían decidido aumentar sus cuerpos de seguridad privada hasta siete veces más, por lo que las comisarías fueron reemplazadas por hombres armados para repeler a las mafias de la zona.

En el mismo distrito también se habría registrado la salida de camiones llenos de minerales extraídos de forma ilegal diariamente. Un informe de El Comercio también habría revelado que entre septiembre del año 2023 y febrero del año 2024, al menos 3.417 volquetes de capacidad de entre 20 y 30 toneladas salen del área de explotación.

Esto significa que en promedio 22 volquetes transportan al rededor de 600 toneladas de minerales que van directamente al proceso de blanqueamiento de estos recursos y generan ganancias a los mineros informales y mafias que operan en la zona.

Nicolás Zevallos, director del Instituto de Criminología y Estudios sobre Violencia, indicó a El Comercio que “incluso si hubiera voluntad de fiscalización, no hay capacidad operativa para confirmar si los volquetes provienen de la concesión con los papeles en regla”. En estos casos los procedimientos indican que solo se ve el documento y la intervención de la policía no es posible, pues se trata de un tema administrativo.

Aunque la minería ilegal sí esté incluida como parte del Código Penal del Perú como un delito, la forma en la que el artículo específico está planteado no incluye el transporte como parte de esta infracción, algo que sería utilizado por las mineras ilegales para que no se intervengan sus vehículos y les permite desplazarse con libertad en el territorio nacional.