El último martes, el Gobierno de Dina Boluarte efectuó cambios en algunas de las carteras más controversiales del Ejecutivo en los últimos meses: Energías y Minas (Minem) y Ambiente (Minam).
Los ajustes se dan en el marco de la reciente aprobación de la modificación a la Ley Antiforestal, que generaría efectos negativos sobre los bosques, como la masiva deforestación y la afectación a los recursos forestales y de fauna silvestre, y, por otro lado, el desafío de la minería ilegal en el país, que requiere de una firme posición por parte del Minem frente a las discrepancias entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.
Los nuevos titulares de las carteras, Rómulo Mucho y Juan Carlos Castro, del Minem y Minam, respectivamente, deberán establecer sus objetivos para atender las necesidades de los sectores, tomando en cuenta las normativas ambientales y sociales, mientras se enfrentan a un Congreso que limita sus avances
En Infobae Perú contactamos con especialistas para analizar los retos más importantes que deberán asumir los dos ministerios en los próximos meses para avanzar hacia una solución sostenible y justa para todas las partes involucradas.
Golpes a la institucionalidad ambiental
Wendy Ancieta, asesora Legal del Programa de Política y Gobernanza Ambiental de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), señala que actualmente el Ministerio del Ambiente enfrenta desafíos críticos para fortalecer la institucionalidad ambiental en un contexto donde varias iniciativas normativas parecen buscar la flexibilización de los estándares ambientales en el Perú.
Dicho panorama cobra relevancia en el debate público debido al rol crucial que desempeña el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace) en la aplicación del Procedimiento Único del Proceso de Certificación Ambiental, el cual ha sido puesto en suspenso desde el año pasado.
De acuerdo a Ancieta, la suspensión de este proceso, a cargo de Senace, implica un retroceso significativo que pone en juego la capacidad del Minam para garantizar un desarrollo sostenible que equilibre las necesidades económicas con la preservación ambiental.
Pues, la entidad adscrita a la cartera del Ambiente cumple un papel fundamental para asegurar que los proyectos con inversiones de grandes sumas de dinero, y que puedan generar impactos negativos, cumplan con rigurosos requisitos ambientales antes de su implementación.
“Honestamente, desde la SPDA, no entendemos la razón efectiva por la cual se suspendió este procedimiento. Nosotros consideramos que hay otras medidas, pero independientemente de las razones, esto representa un retroceso en la institucionalidad ambiental. Con Senace a la cabeza de la evaluación ambiental, se buscaba garantizar que los proyectos de alta envergadura cuenten con las medidas ambientales eficientes y apropiadas para prevenir, mitigar, rehabilitar, remediar y compensar los impactos ambientales que podrían generar”, indicó Ancieta.
Proyectos en marcha sin estudios de impacto ambiental
En esa línea, la asesora legal de la SPDA resalta que otro problema que debe atender el Ministerio del Ambiente de manera prioritaria es el incumplimiento frecuente en el que inciden las empresas a cargo de proyectos en hidrocarburos, minería y electricidad para la obtención de estudios de impacto ambiental, situación que pone en riesgo tanto a los ecosistemas como a la población.
Actualmente, de acuerdo a Ancieta, existe una necesidad constante de regularizar proyectos existentes frente a la implementación de nuevos estándares ambientales. Esto mediante la creación de instrumentos por parte de diferentes sectores, incluyendo el Ministerio de Vivienda y Energía y Minas, dirigidos a asegurar que proyectos en marcha se adecuen a las nuevas normativas sin interrumpir la continuidad de sus operaciones posiblemente peligrosas para el ambiente y la sociedad.
“Mientras avanzaban los proyectos, muchos titulares no cumplían con la normativa, no obtenían los estudios de impacto ambiental para realizar sus actividades, entonces, los sectores comenzaron a crear instrumentos de regularización, fundamentado en que se tenía que continuar con las inversiones, no se podía afectar la economía para cumplir con la normativa”, detalla la representante de la SPDA.
“En muchos sectores esta situación se ha dado en múltiples ocasiones. El Ministerio de Vivienda también ha propuesto sacar un instrumento similar. Ahí, el Ministerio del Ambiente tiene un rol fundamental, pues, estos instrumentos no se pueden aprobar si el Minam no da su opinión favorable”, agrega.
Estado debe equilibrar desarrollo, inversión y protección ambiental
De otro lado, la especialista recalca que, si bien la regulación y supervisión de estas actividades recaen principalmente en el Minam, los ministerios de Energía y Minas y Vivienda también deben trabajar por garantizar que las actividades promovidas por sus carteras no representen un peligro para los ciudadanos y en caso de presentarse algún riesgo este sea efectivamente manejado.
“Ese es un reto muy grande que enfrenta el Minam, pero también es un reto que enfrenta el mismo Ministerio de Energía y Minas de mirarse y regular las actividades que ellos tienen para garantizar a todos los peruanos y peruanas que las actividades que ellos promueven no representan un riesgo para las personas o al menos que el riesgo esté efectivamente gestionado”, subraya Ancieta.
Por otro lado, la asesora legal de SPDA enfatiza que, además de lidiar con desafíos regulatorios, aún se requieren otro tipo de esfuerzos para fortalecer la fiscalización ambiental en todo el país, dado que el territorio nacional enfrenta anualmente diferentes desastres ambientales.
Dentro de este conjunto, recuerda Ancieta, algunos no reciben la debida atención, como los que ocurren en la Amazonía peruana, donde entre el 2000 y el 2019 se registraron 474 derrames de petróleo en los lotes petroleros y el Oleoducto Norperuano, bajo la gestión de Petroperú.
“Es un reto para todos los sectores analizar porque los titulares de sus actividades no cumplen y elaborar o diseñar medidas acordes para que el cumplimiento de las obligaciones ambientales sea efectivo, así como seguir reforzando la fiscalización ambiental en el país”, precisa Ancieta.
Por tal razón, la especialista en materia ambiental enfatiza que es fundamental que las autoridades correspondientes tomen acciones decisivas para remediar y prevenir impactos negativos derivados de las actividades económicas.
Minería informal: el gran reto del Minem
Entre otros temas, durante la entrevista con Infobae Perú, Ancieta también se refirió a las actividades en el ámbito formal, informal e ilegal que amenazan el ambiente relacionado con la minería.
Sobre ello, acotó que la formalización de los procesos mineros y el desafío que representa para el Estado es un tema de gran relevancia socioambiental que implica la demanda de personal capacitado para abordar la situación de informalidad en la que se encuentran los mineros artesanales informales.
“Sigue siendo un reto para el Estado una gestión pública efectiva para cumplir con el objetivo del Reinfo [Registro Integral de Formalización Minera]. El Estado tiene que ser rígido, porque estamos hablando de actividades, que, solo viéndolo desde un aspecto socioambiental, son bastante perjudiciales, ya ni siquiera entramos a tallar a otro tipo de situaciones que genera la minería ilegal, como lo son la trata de personas, conflictos sociales, tráfico ilícito de armas”, comenta la especialista.
Ante ello, la asesora legal de SPDA recomienda que para evitar los efectos adversos se materialicen, la cartera asumida por Rómulo Mucho deberá fortalecer acciones preventivas y estrategias bien definidas en la gestión pública para asegurar una minería responsable y sostenible.
No obstante, el Congreso tiene otros planes. Esta semana, en su agenda programada para este 15 de febrero, el Parlamento seguirá discutiendo la propuesta que contempla una nueva prórroga para el ingreso al Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), que busca extender el plazo para que los mineros artesanales informales puedan cumplir con los requisitos exigidos a fin de formalizar sus actividades, proceso vital para la regulación del sector.
La iniciativa de ampliar el margen de tiempo para acceder al Reinfo surge de cuatro proyectos de ley promovidos por miembros de los partidos Avanza País, Perú Bicentenario y Acción Popular.
Sin embargo, pese a que la propuesta legislativa tiene como finalidad proporcionar un marco legal más amplio para que los trabajadores y empresas del sector minero puedan ajustarse a las normativas vigentes, especialistas en materia ambiental advierten que este mecanismo eximiría a los mineros informales de responsabilidad penal relacionada con prácticas de minería ilegal en las que hayan podido incurrir.
“El Estado debe analizar qué hacer con los mineros que se encuentran en esa situación, a veces se necesita rigidez. Por un lado, el Ejecutivo va a establecer políticas públicas favorables, por otro lado, tenemos al Legislativo que retrocede todo lo que podría avanzar el Poder Ejecutivo. Por ello, un reto muy grande que tiene el Ministerio de Energía y Minas es posicionarse, aclarar el objetivo que tiene e imponerse ante el Legislativo cuando existan ese tipo de normas”, afirmó Ancieta.
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