A partir de este miércoles 14 de febrero, inicia el estado de emergencia en las provincias de Pataz y Trujillo, en La Libertad, ante la ola de delincuencia que vienen sufriendo los ciudadanos de estas localidades. Asimismo, estarán prohibidos los eventos sociales y espectáculos entre las 00:00 y las 4:00.
La medida fue oficializada a través del de los decretos supremos 019-2024-PCM y 018-2024-PCM, en una edición extraordinaria del diario El Peruano.
De esta manera, Las Fuerzas Armadas asumirán el control del orden interno, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) los ayudarán en esta labor. Sin embargo, la actuación de ambas instituciones se deben regir en estricto respeto del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Durante el tiempo en que se aplicará esta medida, se suspenden algunos derechos constitucionales relacionados con la inviolabilidad del domicilio, las libertades de tránsito por el territorio nacional, de reunión y seguridad personales.
Finalmente, se establece que en los cinco días hábiles al término del estado de emergencia, el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú deberán presentar a los Ministerios de Defensa y del Interior un informe detallado de las acciones realizadas durante el régimen de excepción.
La norma fue firmada por la presidenta de la República, Dina Boluarte; el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola; el exministro de Defensa, Jorge Chávez; el ministro del Interior, Víctor Torres; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana.
¿Qué sucede en La Libertad?
El poder Ejecutivo decidió instaurar un estado de emergencia debido a los constantes actos de violencia perpetrados por más de 20 grupos delictivos organizados, que operan en torno a la extracción y comercio ilegal de oro. Estos grupos no solo han promovido un aumento en la inseguridad, sino que también han realizado ataques con dinamita y saboteado infraestructura crítica, incluyendo la destrucción de siete torres de alta tensión en Pataz.
Estos actos delictivos han puesto de relieve problemas graves como la extorsión, la explotación laboral y sexual, el tráfico de armas, y el suministro ilegal de insumos químicos, deteriorando peligrosamente la seguridad y el bienestar de la población local.
En este contexto, Alberto Otárola, fue el encargado de anunciar el estado de excepción en conferencia de prensa. “El año pasado ha habido más de 30 mil delitos en Trujillo, 11 mil por hurtos y robos en toda la provincia. Este 2024 se produce casi una muerte por día; en consecuencia, existe una serie de bandas y organizaciones criminales que vienen haciendo daño, especialmente a las zonas más densas”, mencionó el premier.
“En Pataz, hemos visto con estupor cómo se ha ejecutado el sabotaje a siete torres de alta tensión, atentados con dinamita y crecimiento descontrolado de la minería ilegal. Enfrentamos a más de 20 bandas organizadas que se mueven en torno al comercio del oro. Hemos encontrado la peor expresión [...] de la seguridad ciudadana: extorsiones, explotación laboral y sexual, proxenetismo, tráfico de armas, tráfico de insumos químicos”, agregó.
Por su parte, el ministro de Defensa, Jorge Chávez, destacó el papel que desempeñarán las Fuerzas Armadas, en colaboración con la PNP, para contrarrestar esta oleada de criminalidad.
Adicionalmente, líderes regionales han expresado su preocupación por el alto índice de delincuencia en la región, por lo que solicitan acciones concretas y urgentes para mejorar la seguridad pública.
Esta declaración llega después de un encuentro en Palacio de Gobierno entre Dina Boluarte, y varios integrantes del gabinete ministerial, con César Acuña, gobernador regional de La Libertad, quien ha enfatizado la crítica situación de seguridad en su jurisdicción, ante los más de 33 asesinatos desde el inicio del año.
También anunció la futura implementación de un Laboratorio de Criminalística en la región, como parte de las medidas para fortalecer la lucha contra la delincuencia.
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