El Gobierno declaró en emergencia las provincias de Trujillo y Pataz, en La Libertad, luego de que el gobernador regional, César Acuña, hiciera este pedido para recibir ayuda en la lucha contra la criminalidad. Este problema, que se ha incrementado en esta zona del norte del Perú, tiene como principales protagonistas a sicarios, extorsionadores y bandas criminales.
Los decretos supremos que oficializan esta medida indican, entre otras cosas, que todas las actividades sociales y espectáculos quedarán prohibidas entre las 0:00 y las 4:00 de la mañana, que la Policía y el Ejército tendrán el control del orden interno, y que en el caso de Pataz se tendrá un Comando Unificado entre ambas instituciones. Pero, ¿será suficiente para detener el avance de la delincuencia?
Según el Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana 2024 - 2027, que fue aprobado en diciembre del año 2023 por el Gobierno Regional de La Libertad, al mando de César Acuña, existen cinco delitos que tienen la máxima prioridad y con los que se tiene que lidiar con mayor urgencia. Esos son:
- Extorsión
- Secuestro
- Robo de negocios
- Robo e intento de robo de vehículos
- Delitos informáticos
Fuera del top 5 se encuentran otros hechos delictivos como la violencia psicológica contra mujeres, robo (o intento de robo) de viviendas, robo (o intento de robo) de celulares, violencia física contra la mujer, estafa, violencia sexual contra la mujer, feminicidios, y homicidios.
La denominada ‘Matriz de priorización de hechos delictivos de La Libertad 2024′ no es ejecutada a la ligera, sino que califica cada delito con tres indicadores: la ubicación de La Libertad en el ranking nacional de regiones, la tendencia de la tasa de denuncias por año y la valoración que el Comité Regional de Seguridad Ciudadana (CORESEC) le da a la gravedad del delito.
Si bien este es el método validado desde el Gobierno Nacional, lo cierto es que hay una falla en el diagnóstico general de cada delito que se presenta en el ‘Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana’: Los datos recogidos para ello son en su mayoría del año 2022, el primer año de la reactivación económica luego de la pandemia y en el que las restricciones de movilidad fueron levantadas.
Es por eso que la valoración de los datos del Plan no serían representativos del estado actual de la inseguridad ciudadana. La Matriz del Plan de Acción no diferencia entre los delitos de homicidio y sicariato, por ejemplo. Además de que se considera a los homicidios y feminicidios como ‘delitos poco graves’ según el criterio de evaluación de la gravedad del crimen.
Como consecuencia, las acciones planteadas por el CORESEC en el documento para luchar contra la criminalidad no serían válidas, pues la dimensión de la criminalidad, con los datos de 2022 o los más recientes correspondientes al 2023, es diferente.
Policía asegura que la extorsión, sicariato y minería ilegal son los problemas principales
Infobae pudo acceder al Acta de la primera sesión ordinaria del CORESEC de La Libertad que se realizó el 6 de enero y en la que participó el gobernador César Acuña. En esta se indica que el Jefe de la III Macrepol de la región, el general José Zavala aseguró que se agravó el estado de la extorsión y del sicariato, un delito no considerado entre los crímenes del Plan de Acción Regional de Seguridad Ciudadana.
La intervención del general también menciona específicamente la actividad de sicarios extranjeros, la necesidad de combatir contra la minería ilegal en la zona sierra de la región. Sin embargo, entre los nueve acuerdos a los que se llegó en esa reunión no se incluyó ninguno que haga referencia a Pataz y el estado actual de la minería, pese a que es un problema del que se tienen registros desde hace varios años.
Autoridades de Trujillo en contra del Estado de Emergencia
Aunque el gobernador César Acuña logró que el Gobierno Nacional declare en emergencia a la región, las autoridades de Trujillo, distrito al que se busca proteger, criticaron la decisión, pues, según el alcalde Mario Reyna, “esto de las declaratorias de emergencia tiene décadas dándose, pero me parece que es para que la población sienta algo de calma, pero en Trujillo no va a llegar la calma mientras más allá de una declaración legal no venga acompañada efectivamente de investigación criminal”.
En conversación con Exitosa, Reyna indicó que “Las bandas criminales están bien organizadas (...) no puede ser que el Estado peruano pueda rendirse ante los delincuentes. Este es un tema de decisión política”.
“La declaratoria de emergencia que se dan desde el escritorio hacia las provincias o distritos no tienen planes operativos, estratégicos y tácticos (...) La Policía Nacional no tiene ni para el petróleo y las municipalidades no cuentan con presupuesto para seguridad ciudadana como tal”, afirma Jorge Vásquez, regidor de la municipalidad.
El regidor también aseguró que en el distrito de Pataz no se tienen que enviar algunas decenas de policías, sino que es necesaria la presencia del Ejército debido a las actividades de la minería ilegal. “Me parece que el Ministerio del Interior tiene claro por qué se ha declarado emergencia (a Trujillo y Pataz)”.
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