En Perú, se estima que más de 340 mil 000 armas de fuego carecen de registro oficial, un hecho que pone de manifiesto los crecientes desafíos en materia de seguridad para frenar la circulación ilegal de armamento en el país.
La cifra fue proporcionada por Víctor Manuel Quinteros, antiguo gerente de política en la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), reafirmando el incremento significativo respecto a estimaciones previas.
Pues, en 2017, Small Arms Survey —principal fuente de información pública sobre todos los aspectos relacionados con las armas pequeñas y la violencia armada— calculaba que existían aproximadamente 267,000 armas sin registro en el territorio peruano, una cifra que, según indica Quinteros, ha experimentado un aumento considerable hacia el año 2024.
Conexiones con la minería ilegal y organizaciones criminales en Ecuador
El Estado peruano enfrenta a un desbordamiento de ilegalidad más de siete años después de la implementación de la Ley 30299, conocida como la Ley de armas de fuego, municiones, explosivos, productos pirotécnicos y materiales relacionados de uso civil.
Esta problemática se traduce en la creciente proliferación y desvío de armamento hacia actividades delictivas, complicando la crisis de inseguridad en el país. Sobre ello, especialistas como Quinteros subrayan la urgencia de atender este problema ante el auge de la inseguridad.
Este alarmante panorama se evidencia no solo en la circulación de pistolas y revólveres, sino también en la alarmante presencia de fusiles AR-15, armas de largo alcance y elevada potencia de fuego que habrían encontrado su camino hacia sectores de minería ilegal y grupos del crimen organizado de Perú y Ecuador, de acuerdo a una nota publicada por Servindi.
Asimismo, en la misma publicación se especifica que, desde 2021, la importación de fusiles AR-15 viene experimentando un aumento exponencial, contabilizando casi 2,000 unidades.
También, se detalla que individuos han adquirido cantidades exorbitantes de estas armas, con registros de compras que van desde 32 unidades en adelante, bajo el pretexto de uso individual para deportes o caza. Estas cifras sugieren un uso potencial que va más allá de lo recreativo, dejando sobre la mesa serias dudas sobre el destino final de estas armas y su impacto en la seguridad pública.
Tareas pendientes para el nuevo ministro de Defensa
De acuerdo a una reciente investigación de Ojo Público, las fuerzas de seguridad en la frontera con Perú enfrentan diferentes dificultades para desmantelar las redes de apoyo logístico de las organizaciones criminales.
Por tal razón, según expertos, tales como Hugo Espín, ni el Ejército del Perú ni la Policía Nacional han logrado realizar una trazabilidad efectiva que les permita cortar las cadenas de suministros ilegales de estas agrupaciones, cuyos métodos empleados para trasladar armamento son diversos y a menudo cuentan con el apoyo de comunidades locales.
En ese sentido, por ejemplo, es común que se camuflen cargamentos ilegales entre productos como frutas, hortalizas y legumbres, proceso que dificulta aún más la labor de las autoridades para rastrear y capturar estos arsenales.
Sobre este tema, el nuevo ministro de Defensa, Walter Astudillo, junto con el Ministerio del Interior, tiene el reto de fortalecer los mecanismos de inteligencia y cooperación, tanto a nivel nacional como binacional, para combatir eficazmente el crimen organizado y el tráfico de armas que alimenta la violencia y la inseguridad, sobre todo, en las fronteras y la población de ambos lados (Perú y Ecuador).
Y, adicionalmente, desarrollar sistemas más eficaces para el registro de usuarios y la vigilancia de sus actividades relacionadas con la compra o el comercio de dichos artículos, incluyendo el ámbito estatal.
Dicho desafío tiene correlación con los cuestionamientos hacia el exministro de Defensa, Jorge Chávez Cresta y el Comandante General del Ejército, General de Ejército, Cesar Briceño Valdivia, debido al supuesto tráfico de armas al Ecuador y de la adquisición de los 10.000 fusiles de asalto IWI ARAD 7 de 7,62 x 51 mm. por el Ejército del Perú.
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