“Está hecha para las grandes industrias”: la ministra del Ambiente y el director de Serfor no se pronuncian sobre la polémica Ley Antiforestal

Han pasado más de 20 días desde que se aprobó la modificación a la Ley de Flora y Fauna Silvestre (Ley 29763), la norma que podría acelerar la deforestación y degradación de los bosques en el Perú y, a la fecha, la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, y otras autoridades importantes, apenas se han pronunciado sobre el tema.

Más aún después de que el Congreso avanzara con esta iniciativa sin considerar dos pedidos de reconsideración que habían sido presentados anteriormente y no tomar en cuenta la posición de los pueblos indígenas y sustento técnico de entidades competentes y organismos internacionales en materia ambiental.

El silencio de la titular de la cartera es fuertemente criticado y genera suspicacias. Especialmente luego que en una entrevista realizada por Canal N el 19 de enero Ruiz asegurara que “el Ejecutivo está analizando el proceso de su aprobación, porque esta ley, antes, fue aprobado su reglamento por un proceso de consulta previa y la modificatoria no ha llevado eso”.

Sin embargo, Infobae Perú, tras presentar reiterados pedidos de entrevista, confirmó a través de la cuestionada cartera que no emitirán declaraciones aún, dejando sobre la mesa una pregunta: si el análisis y las acciones contra la deforestación forman parte realmente de las prioridades actuales del Ministerio del Ambiente (Minam).

Pues, si bien la funcionaria a cargo del Minam afirmó que el premier, Alberto Otárola, subraya la intención del Gobierno de emplear “mecanismos constitucionales” para traer de nuevo a discusión la modificación reciente, a la fecha, las iniciativas dirigidas a frenar la explotación de la Amazonía parecen no conseguir mitigar los efectos negativos para proteger el patrimonio natural del país.

Una situación que, de acuerdo a las organizaciones indígenas, exfuncionarios del Minam y especialistas consultados por este medio, se intensificará aún más con la Ley Antiforestal aprobada.

Esto debido a que podría generar una mayor amenaza para los ecosistemas forestales del territorio nacional, favoreciendo los intereses empresariales ligados a la deforestación y las economías ilegales, así como incrementar el desafío de lograr un equilibrio entre el desarrollo económico y la conservación ambiental.

De acuerdo a un monitoreo satelital llevado a cabo por el Ministerio del Ambiente, entre 2001 y 2021, el Perú registró la pérdida de 2.7 millones de hectáreas de su selva amazónica, una cantidad que se intensificó particularmente en la última década, sobre todo durante la pandemia, periodo en el que se reportó la deforestación más alta en los últimos 20 años.

Así es. En 2020, la Amazonía peruana experimentó una preocupante aceleración en sus niveles de deforestación, alcanzando las 203 mil 272 hectáreas afectadas, lo que superó significativamente los registros previos de pérdida de bosque.

Además, el Proyecto Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), detectó que, entre 2021 y 2023, se perdieron 23 mil 881 hectáreas de bosques debido a la deforestación solo causada por la minería, un número equivalente a la extensión total del distrito de San Juan de Lurigancho en Lima, dato que revela el impacto de las actividades extractivas en el territorio nacional.

Bajo ese contexto, recientemente, se publicó un informe de la Agencia de Investigación Ambiental (en inglés Environmental Investigation Agency EIA) donde se revela que 10 empresas son presuntas responsables de la deforestación de aproximadamente 13 mil hectáreas de la Amazonía peruana debido a prácticas ilegales.

Según el documento titulado “Parcelando la Amazonía”, dichas acciones incluyen la compra de terrenos a través de documentos fraudulentos, la tala sin los permisos adecuados y la falta de estimaciones sobre el impacto ecológico de sus actividades.

Estas involucran directamente al aceite de palma producido en circunstancias irregulares por parte de cadenas de distribución de empresas multinacionales reconocidas a nivel mundial.

Asimismo, se identificó que parte de este producto ha sido exportado hacia países de la Unión Europea como Bélgica y España, justo en un momento crítico, específicamente cuando la UE estableció normativas estrictas contra la importación de mercancías vinculadas a la deforestación ilegal.

Pero eso no es todo. Pues, otro hecho que resalta en el análisis elaborado por EIA son las serias deficiencias por parte del Estado peruano relacionadas con la gestión de operaciones empresariales, resaltando tres informes emitidos por la Contraloría que evidencian la presunta complicidad entre el Gobierno y las grandes empresas agroexportadoras.

Por ejemplo, en uno de estos informes se señala que en 2022 funcionarios competentes del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) —hoy a cargo de Jennifer Contreras, quien tampoco se ha pronunciado sobre la norma— beneficiaron a empresas de palma aceitera, las cuales habrían ocasionado daños y deforestación en la Amazonía peruana, para que continúen desarrollando sus actividades de manera ilegal en hectáreas que comprendían suelos de aptitud forestal.

Pero, ¿qué significa ‘aptitud forestal’ y por qué debería llamarnos la atención esa precisión? Julia Urrunaga, la Directora del Programa Perú de Environmental Investigation Agency (EIA) —la agencia internacional que publicó el informe “Parcelando la Amazonía” — explicó en entrevista con Infobae Perú lo grave de aquel dato.

Según la especialista, incluso si dichas empresas de palma aceitera hubiesen seguido los procedimientos legales establecidos, como el estudio y la solicitud de cambio de uso de suelo, aquellas hectáreas nunca debieron haber sido alteradas.

“Por tanto, como bien lo señala el informe de la Contraloría, incluso si la empresa hubiera cumplido con todos los requisitos de ley, igual nunca habría recibido autorización para tocar las tierras con aptitud forestal. Y, menos aún, se podría entregar a posteriori —cuando el bosque ya ha sido talado— autorizaciones de cambio de uso para intentar regularizar toda esa ilegalidad. Cualquier intento en ese sentido es una violación a las normas”, agregó.

Durante el diálogo sostenido con Urrunaga, la directora de EIA en Perú habló también sobre la ausencia de un discurso por parte de la ministra del Ambiente, Albina Ruiz, en torno a la polémica normativa que ha eliminado la calificación de tierras para saber si esta es apta para la agricultura, y, que, además, generaría impunidad para traficantes de tierras y taladores ilegales.

Sobre ello, en primer lugar, la representante de la agencia internacional ambiental reveló que, de acuerdo a versiones cercanas al Ejecutivo, existe una prohibición directa desde la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) orientada a que ningún miembro del Poder Ejecutivo emita declaraciones relacionadas con lo que se ha denominado la Ley Antiforestal.

“Lo que hemos escuchado ha sido que ha habido una prohibición explícita desde Presidencia de la República, desde la PCM, para que nadie del Ejecutivo se pronuncie”, declaró Urrunaga a Infobae Perú.

Además, Urrunaga lamentó que el Midagri, el Ministerio de Cultura e incluso la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones, a pesar de haber expresado su firme oposición a la normativa sobre la cual ya se habían mostrado contrarios previamente, no hayan emitido un pronunciamiento oficial respecto a la modificación de ley aprobada.

En ese marco, las críticas hacia el director ejecutivo de Serfor —la entidad principal encargada de promover la gestión sostenible de la flora y fauna silvestre del país— toman aún más fuerza con acciones que parecen no haber pasado tan desapercibidas, especialmente para los especialistas vinculados al campo ambiental.

Esto luego que Gonzáles Zúñiga Guzmán anunciara su participación en un evento público el 16 de enero de 2024, organizado por la Escuela de Posgrado de la PUCP, destinado a debatir la norma que modificó un grupo de artículos de la Ley Forestal.

Sin embargo, días antes de la fecha programada, el funcionario habría anunciado que no podía asistir, debido a que, según fuentes oficiales de Infobae Perú que asistieron en dicho evento, no contaba con autorización para discutir la norma, ya que no había una posición del Ejecutivo al respecto, por ende, no podía emitir declaraciones.

El cambio inesperado generó diversas reacciones entre los interesados en el evento, el cual había sido ampliamente promocionado, incluso con material publicitario.

Esto teniendo en cuenta la importancia de hablar acerca de una ley que legaliza deforestación pasada, promueve nueva deforestación, viola derechos indígenas y elimina capacidades y atribuciones del Minam en la toma de decisiones críticas para los bosques, recalca Urrunaga.

Dicha postura también es compartida por César Ipenza —uno de los ocho abogados en materia ambiental que firmó la demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31973, que altera la Ley Forestal y de Fauna Silvestre (Ley 29763), presentada por el Colegio de Sociólogos del Perú ante el Tribunal Constitucional, que, a la fecha, continúa sin ser admitida.

En torno a la demanda inconstitucionalidad presentada al TC se sabe que uno de sus objetivos principales es impedir que se detengan todas las investigaciones y procesos legales en curso contra individuos y empresas acusadas de participar en la tala ilegal y deforestación no autorizada.

Este esfuerzo legal pretende contrarrestar la legislación aprobada que podría poner fin a dichas acciones judiciales, lo que suscita alarmas sobre la eventual impunidad para aquellos involucrados en actividades ilícitas relacionadas con la explotación inapropiada de recursos forestales, situación que pone en alto peligro a los líderes indígenas en defensa de sus territorios frente a las economías ilegales.

En el marco de este panorama, el presunto respaldo a la Ley Antiforestal por parte del Gobierno también ha sido señalado por los pueblos indígenas, quienes advierten que la reforma legislativa significa una aceleración hacia la degradación ambiental, facilitando la invasión y aprovechamiento de territorios indígenas así como de Áreas Naturales Protegidas (ANPs).

“Al quedarse en silencio la ministra parece que estuviera avalando o de acuerdo con la depredación masiva que se va a producir o que ya se está produciendo. Nosotros vemos que esta ley está hecha para las grandes industrias que van a validar la invasión de estos territorios nuestros”, comenta al respecto el apu Julio Cusurichi, representante de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) —la organización vocera de los pueblos indígenas de la Amazonía peruana— a Infobae Perú.

No obstante, lo cierto es que las preocupaciones de los pueblos indígenas no solo radican en los potenciales daños ecológicos, sino también en los riesgos que esto conlleva para los líderes indígenas en defensa de sus tierras ancestrales, tales como Quinto Inuma, asesinado recientemente debido a su oposición contra la invasión de tierras, el narcotráfico y la tala indiscriminada que afectaban a su comunidad, Santa Rosillo de Yanayacu, situada en San Martín.

En ese sentido, Aidesep alega que la Ley Antiforestal parece estar diseñada para beneficiar a grandes corporaciones industriales y los grupos ilegales a costa de los derechos e integridad de los pueblos indígenas, especialmente los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), considerados los más vulnerables.

Por su lado, Giuliana Patricia Becerra Celis, exviceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente, expresó a este medio que numerosas organizaciones han mostrado su preocupación, enfatizando que no ven viable otra postura que no sea el rechazo hacia la implementación de las modificaciones a la Ley Forestal.

Adicionalmente, la exfuncionaria recordó que, durante el 2023, el Ministerio del Ambiente junto a las carteras de Cultura y Desarrollo Agrario y Riego, expresaron en marzo y agosto su oposición a la norma, que, según Becerra, debe ser sometida a una mejora legislativa que involucre a todos los sectores afectados.

Dentro de este grupo resaltan los pueblos indígenas, indica, pues, cumplen un rol fundamental en el proceso, dado que la ley original, aprobada en 2011, surgió de un proceso que incluyó una consulta previa con las comunidades nativas.

Finalmente, la exfuncionaria destacó el papel que juegan los análisis técnicos en la formación de políticas ambientales responsables y la importancia de mantener una postura firme ante posibles presiones por parte de grupos económicos importantes, entre otros, en el futuro que amenacen los bosques en el país.

Durante la realización de este informe, Infobae Perú solicitó reiterados pedidos de entrevista con el Ministerio del Ambiente; no obstante, hasta el cierre de esta edición, la cartera confirmó que no brindará pronunciamientos en torno a la Ley Antiforestal.