En Miraflores, Barranco, Cercado de Lima, y un par más de distritos de la capital, sus residentes viven con la latente preocupación de que sus derechos se continúen reduciendo y que, de un momento a otro, no puedan disfrutar más de placeres cotidianos como sentarse en el césped de los parques, pasear a sus mascotas por una vía pública, salir a correr o montar bicicleta sin tener que pedirle autorización a la municipalidad de cada jurisdicción.
Esto debido a las acciones de sus alcaldes por atentar contra actividades recreativas o de ocio que sirven para el disfrute de la comunidad y que se desarrollan en zonas de uso común, como deportes, juegos, eventos culturales, actividades al aire libre, entretenimiento, y otras formas de recreación que fomentan la interacción social y el bienestar de la ciudanía.
Desde el 2023, año en que empezó la nueva gestión edil, se han venido denunciando públicamente que el esparcimiento público se ha visto mellado al reducir los espacios abiertos, al punto de declarar varios puntos dentro de los distritos como zonas intangibles.
El gobierno central debe intervenir
Al respecto, la gestora cultural Rosa Valencia, docente de la especialidad de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), consideró que el retroceso que se vive en la capital del Perú es debido a que se han anulado los avances de gestiones anteriores, que trataban de conectar a los vecinos con sus distritos, por culpa de tintes políticos.
Por tal motivo, hizo hincapié en la importancia de que el gobierno central intervenga para realizar una política pública que trascienda sobre las gestiones de turno, en busca de que haya continuidad de criterios y acciones en beneficio a los ciudadanos.
“Quienes deberían encargarse de cimentar las bases son el Ministerio de Educación, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Medio Ambiente, de Salud, entre otros. Ellos deberían promover una ley por el derecho a la recreación, como hay en Colombia, Argentina o Chile”, indicó a Infobae Perú.
Los vecinos también deben alzar su voz de protesta
Valencia expresó a este medio que, mientras los ministerios antes mencionados decidan o no tomar cartas en el asunto, la participación ciudadana va a ser clave en el proceso de democratización social.
Para ello, es importante que la sociedad civil organizada esté informada sobre lo que puede o no hacer un alcalde con las áreas públicas. “Hay que destacar la participación ciudadana, como Miraflores, que, desde la iniciativa ciudadana, sus adultos mayores, sobre todo, no han dejado que cada nueva autoridad le cambie el camino logrado y actividades que se trazado desde la época del doctor Alberto Andrade continúen hasta la fecha”, precisó la experta.
“Esto también se ve en San Borja, en donde ha sido un logro porque ellos se cuadraron y rechazaron ciertas actividades de su municipalidad. Allí los vecinos solos han conseguido que se sigan sosteniendo actividades en beneficio para todos, sean del distrito o no”, agregó.
Para la gestora cultural, desde la pandemia de la COVID-19 se ha demostrado en grandes rasgos cuán importante son las áreas de esparcimiento para el desarrollo de las personas, ya sean niños, niñas, adultos o ancianos.
“Los espacios públicos bien regulados juegan un papel importante en el desarrollo de ciudades habitables y pueden ofrecer enormes beneficios para la salud mental, física y emocional. Todos tenemos que participar de una u otra forma en nuestros barrios. Hay que entender que una comunidad se convierte en protagonista de su propio desarrollo cultural, político, educativo y económico”, explicó.
“Y si los alcaldes tendrían la receptividad, sensibilidad y por qué no, hasta audacia, pues la tiene fácil. Orientando sus esfuerzos a construir espacios que conviertan a nuestra ciudad en áreas públicas, educadoras, culturales, inspiradoras y recreativas se puede facilitar el crecimiento personal, colectivo, en bien de todos los participantes de la sociedad”, continuó.
¿Son legales las acciones de los alcaldes?
A poco de iniciar el verano 2024, en Barranco, bajo el mando de la alcaldesa Jessica Vargas Gómez, se decidió declarar como zonas intangibles las playas Yuyos y Sombrillas, mientras que, en Miraflores, por decisión de su burgomaestre Carlos Canales, se tomó la misma medida en el parque Almirante Miguel Grau, ubicado en la cuadra 15 del Malecón Cisneros.
Para Christian Guzmán Napurí, director de la Maestría en Derecho Administrativo Económico de la EPG Continental, una zona intangible implica que se encuentra protegida por su especial importancia, limitando su uso para evitar afectaciones que a su vez perjudiquen a las personas y al interés general.
“El problema surge cuando dicha declaración afecta determinados derechos fundamentales, como son el derecho de reunión, de libre tránsito, a la libertad de empresa entre otros”, precisó en diálogo con Infobae Perú.
“En aquellos casos en que se afecten derechos fundamentales como resultado de la declaración de intangibilidad lo que procede es el empleo de los procesos constitucionales en contra del instrumento legal empleado por la municipalidad, como podría ser el proceso de amparo. Ahora bien, si interpretamos que dicho instrumento constituye un acto administrativo, el mecanismo a emplear sería el proceso contencioso administrativo, a fin de dejarlo sin efecto en aquellas disposiciones que vulneren derechos fundamentales”, aseveró.
Por lo pronto, lo único concreto desde la ciudadanía ante acciones que atentan contra el libre esparcimiento público es la intención de los vecinos de Miraflores por juntar firmar y revocar del cargo al alcalde Carlos Canales.
Entre los motivos, los promotores destacan que la administración miraflorina ha instalado una política de “hostigamiento” contra actividades en parques y otras áreas públicas. La última de ellas, volver a vetar las bodas simbólicas LGBTI en el Parque del Amor.
“Quien está promoviendo la revocatoria es un señor de izquierda, marxista, leninista. Está identificado, se llama José De la Torre Ugarte. Es un señor de izquierda extrema”, respondió Carlos Canales a un medio local para tratar de desacreditar la intención que ya existe por parte de los vecinos miraflorinos por sacarlos del cargo.